El robo de hidrocarburos en México es un fenómeno extremadamente preocupante y ampliamente cubierto y visibilizado por la prensa nacional e internacional. Las pérdidas por dicha actividad son incalculables, y el daño al erario y a la economía mexicana no tienen precedente en la era moderna. De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (que podrían ser conservadoras dada la naturaleza y origen de la información), durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas alcanzaron una cifra récord, lo que representó un incremento de más del 260 por ciento y una cantidad siete veces mayor a la reportada en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Las causas y los actores involucrados en esta actividad son múltiples; el fenómeno es muy complejo. Sin embargo, las investigaciones se han quedado cortas y se ha responsabilizado mayormente por este delito a los denominados “carteles” mexicanos, quienes supuestamente “se disputan la plaza” para dominar este negocio ilegal en sus distintas modalidades y en diversas regiones del país. Recientemente, por ejemplo, se reporta que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel del Golfo (CDG) se disputan brutalmente el control de una refinería y diversas gasolineras en Salamanca, Guanajuato, así como los cinco poliductos que abastecen de gasolina, gas, turbosina y diésel a regiones importantes de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, lo que ha dejado aproximadamente 660 muertos en esta ciudad y en los municipios por donde cruzan los ductos. Además de esto, se menciona que en el último año en Salamanca los carteles han ejecutado a mandos policiales y personal operativo de la refinería. Asimismo, las extorsiones y amenazas por el control de los hidrocarburos en la región están a la orden del día, y se habla incluso de la utilización de “narco-mantas”.

Antes eran los Zetas, y ahora miembros del CJNG, los protagonistas de esta lucha sangrienta por los hidrocarburos mexicanos y por el control de una gran variedad de mercados ilícitos—además del mercado de estupefacientes. Así, estos grupos y sus líderes se han convertido en los principales enemigos públicos de México, quienes no sólo se dedican a traficar drogas, sino a múltiples actividades delictivas, incluyendo el robo de hidrocarburos en forma masiva. Lo anterior exhibe al mismo tiempo la corrupción sin límites y el muy alto nivel de descomposición de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal que llegó a tener el monopolio de la producción petrolera en el país. De acuerdo con las distintas investigaciones y reportes de prensa existentes, son estos grupos criminales los protagonistas de esta actividad ilícita extremadamente lucrativa que afecta de manera muy importante a las finanzas de la nación, la seguridad, el medio ambiente, y a la economía mexicana en general.

Distintos reportes coinciden y reconocen la colusión de los denominados carteles con autoridades a todos los niveles de gobierno, incluyendo las agencias de seguridad federales. Inclusive la popular revista Rolling Stone se interesa en el tema y publica un largo y detallado reportaje titulado “Sangre y Petróleo” (Blood and Oil) que deja ver este contubernio, pero que de nuevo coloca a los carteles como los protagonistas de la historia. Pareciera entonces ser que existe un cierto consenso en la prensa, la burocracia, la comentocracia, y en otros espacios de la opinión publica en México y el extranjero que vincula a personal de Pemex y personal de las agencias de seguridad mexicanas al robo de hidrocarburos. Estas actividades ilegales estarían encabezadas por las mafias criminales que una vez se dedicaban exclusivamente al tráfico de estupefacientes.

El diagnóstico pareciera ser certero, pues toma en consideración el contubernio de una multiplicidad de actores que se benefician efectivamente de forma masiva de este lucrativo negocio que ha cobrado la vida de un sinnúmero de personas y que ha drenado las arcas públicas. Sin embargo, la explicación proporcionada en los distintos análisis sobre esta actividad es bastante general y limitada en sus alcances pues coloca nuevamente a los temidos carteles en el centro de la historia—justificando, con ello, lo que parece haber sido por todos estos años “la narrativa oficial”. Si entendemos mejor la estructura y operación del crimen organizado transnacional y los verdaderos intereses económicos que se han beneficiado realmente del robo de hidrocarburos en México, las investigaciones deberían seguir otro curso.

A la fecha, no se han atribuido responsabilidades a quienes realmente se encuentran al frente de—o han facilitado en primera fila—estas actividades delictivas, quizás por incapacidad, falta de voluntad, o porque no se consideran un delito grave. Reflexionando sobre la magnitud escandalosa del problema y a propósito de la reciente propuesta de senadores de Morena y el Partido del Trabajo para reformar la Constitución y lograr que los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos sean considerados como graves y los responsables sean sujetos a prisión preventiva oficiosa, es necesarios hacer un diagnóstico certero de la situación, lo que al parecer no ha ocurrido. Es preciso diagnosticar bien las causas del problema e identificar claramente a los verdaderos responsables del robo extraordinario de hidrocarburos en México. Las soluciones planteadas no servirán de nada si no entendemos bien cómo opera la red criminal y quienes facilitan—y han facilitado durante todos estos años—el desmantelamiento de la que fuera la paraestatal más importante del país y motor real de crecimiento de la economía mexicana durante décadas.

Para entender mejor este fenómeno es preciso seguir la ruta del dinero y comenzar identificando a los verdaderos ganadores y perdedores de una actividad que pareciera no tener ni fin ni solución dada la ineficacia, ineptitud y falta de voluntad de las autoridades mexicanas que se encuentran aparentemente rebasadas por los “poderosos” carteles. No obstante esta percepción general, estos grupos no parecen ser los principales beneficiarios del negocio. Si investigamos más a fondo, los verdaderos responsables y los grandes ganadores del robo de hidrocarburos en México podrían estar en otro lado. ¿Quiénes han facilitado realmente el robo de hidrocarburos en Mexico, beneficiando a intereses particulares y beneficiándose personalmente al mismo tiempo? Pareciera ser que los carteles de la droga y los funcionarios de Pemex al más alto nivel se han convertido realmente (directa o indirectamente) en los facilitadores de una reconversión productiva en México que tiene como base la reforma energética y el traslado de las actividades de Pemex hacia la iniciativa privada.

Es verdad que en este negocio criminal la enorme corrupción al interior de la paraestatal mexicana ha sido central, pero vale la pena preguntarse quiénes se han beneficiado mayormente de esto y quiénes lo han permitido. La respuesta apunta a las cabezas de la empresa que son, en lo formal—aquí y en cualquier parte del mundo—los principales responsables. No se puede atribuir ignorancia o desconocimiento porque las recientes investigaciones periodísticas nos dicen lo contrario. Un ejemplo de esto se encuentra en la magnífica investigación de la periodista Ana Lilia Pérez en su libro El Cartel Negro y en sus reportajes para la revista Contralínea en años anteriores. Aquí se informa con toda claridad del pleno conocimiento que tenían las autoridades de Pemex sobre el robo de hidrocarburos perpetrado por “La Compañía” (o sociedad entre los Zetas y el Cartel del Golfo) en la Cuenca de Burgos. Las investigaciones formales correspondientes se realizaron en los Estados Unidos y fueron corroboradas por abogados de Pemex. Vale la pena leer este magnífico trabajo de investigación.

Para comenzar a entender mejor este fenómeno e identificar a los verdaderos responsables y otros facilitadores de este gran negocio criminal, valdría la pena analizar el caso de los recientes directores de Pemex—quienes podrían alegar desconocimiento, y lo harán por supuesto. Consideremos, por ejemplo, el caso emblemático de Jesús Reyes Heroles, quien fuera Secretario de Energía de 1995 a 1997, Embajador de México en Estados Unidos de 1997 a 2000 y director general de Pemex de 2006 a 2009. Según diversas investigaciones—que incluyen al Departamento de Justicia de Estados Unidos y están contenidas dentro del reportaje de Ana Lilia Pérez—fue precisamente durante este período que el robo de hidrocarburos se convirtió en un negocio de gran importancia para grupos criminales transnacionales como los Zetas y/o el Cartel del Golfo. Fue también es este periodo que la corrupción de Pemex alcanzó niveles nunca antes vistos que facilitaron las acciones de los denominados carteles de la droga en este tipo de operaciones.

Sin ser sujeto de investigación y sin atribuírsele responsabilidad alguna en el caso de corrupción al interior de Pemex (no investigado por autoridades mexicanas de forma adecuada), Reyes Heroles amplió su empresa consultora StructurA al salir de la paraestatal, y en el año 2012 anunció una sociedad empresarial estratégica con Morgan Stanley Private Equity para promover proyectos de inversión en el sector energético de América Latina. Gran promotor de la reforma energética y contando con enormes conexiones—dada su posición anterior—Reyes Heroles se encuentra en una posición muy privilegiada para negociar contratos entre Pemex y sus clientes. Vale mencionar que Reyes Heroles fue miembro de la junta directiva de OHL México (ya no aparece esta información en la página de StructurA) y ha participado en diversos consejos consultivos vinculados al sector energético mundial como Energy Intelligence Group (EIG).

Haciendo una investigación más a fondo de las verdaderas implicaciones del robo de hidrocarburos en México (fuera del alcance del presente texto) pareciera ser que quienes se beneficiarán más a largo plazo de esta actividad no serán los carteles “que se pelean la plaza y se matan entre ellos”. Los verdaderos ganadores serán (o son) más bien aquellos que ocuparán los espacios que una vez ocupó la paraestatal—que exhibe actualmente niveles de corrupción sin precedente y una pésima administración, producto de ineptitud, negligencia y liderazgos omisos (¿o cómplices?) que valdría la pena investigar. El mal funcionamiento y corrupción de toda empresa (aquí y en China) es claramente responsabilidad de sus directores.

Sorprende que en México no se haya cuestionado a los directores generales de Petróleos Mexicanos en los tiempos del huachicol y el robo de hidrocarburos más grande en la historia del país. En resumen, Jesús Reyes Heroles, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, y José Antonio González Anaya son también los grandes responsables de la debacle de Pemex y del crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos en el país. Por su relación con algunas de las compañías transnacionales de hidrocarburos que operan o piensan operar en México en el marco de la reforma energética, podrían resultar ampliamente beneficiados por las mismas—como gratificación por su ineptitud que revela las debilidades estructurales de la empresa petrolera del Estado y les deja el campo libre. Lo que no queda claro es si el contubernio fue o no pactado.

Y finalmente, para continuar la reflexión y profundizar en las investigaciones, sería importante preguntarnos cuál es el papel de las fuerzas armadas en esto. Como dice Miguel Badillo para Contralínea: “El robo de combustibles, aunado a la corrupción y al riesgo de accidentes que ello genera, es de los problemas más graves en la empresa del Estado. Por ello es un asunto de seguridad nacional. Al ser instalaciones estratégicas para el Estado mexicano, los 14 mil kilómetros de ductos deberían ser una prioridad para las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal”. ¿Dónde han estado las fuerzas armadas todo este tiempo? ¿Quiénes han sido (con nombre y apellido) los responsables de las instalaciones estratégicas para el Estado mexicano en los lugares donde se da con mayor fuerza el robo de hidrocarburos? ¿Serán estás autoridades víctimas de los carteles o cómplices (por acción o por omisión) de estos? Es necesario atribuir responsabilidades e investigar a profundidad. Este crimen que ha dañado (y sigue dañando) a la nación no puede quedar impune.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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