La fractura hidráulica (fracking) para extraer hidrocarburos implica riesgos y daños inevitables a la salud y al ambiente. Sin embargo, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció hace unos días que se licitarán bloques no convencionales que requieren esta técnica –prohibida en otros países– para explotar gas natural y petróleo en la Cuenca de Burgos y Tampico-Misantla como parte de la Reforma Energética, advirtió La Alianza Mexicana contra el Fracking y denunció que las autoridades mexicanas han sido opacas respecto a especificar las áreas y municipios donde se practicará.
“No es el Gobierno en las Rondas quien dice el orden de qué áreas va a abrir, sino responde a la petición de las empresas según el interés específico que tengan en las diferentes áreas”, aseguró de Aroa de la Fuente, miembro de la Alianza.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, anunció la realización de la primera licitación para subastar yacimientos no convencionales para explotar gas natural y petróleo en la Cuenca de Burgos y Tampico-Misantla como parte de la Reforma Energética. Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió que por la característica de estos bloques se requerirá la técnica de fractura hidráulica, lo que implica riesgos y daños inevitables a la salud y al ambiente, por lo cual se ha prohibido en Francia, Bulgaria o Nueva York.
“De concretarse estos planes, el Estado mexicano estará incumpliendo sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, al poner en riesgo el medio ambiente, la salud, el agua, la alimentación y la vida de las comunidades de estas zonas y de la población general del país”, acusaron las organizaciones que la conforman.
Aroa de la Fuente, de la Alianza, destacó en entrevista que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no han especificado de manera oficial las áreas y municipios que se subastarán a las empresas privadas. Pero, según lo dijo por Coldwell en el Foro de Análisis de la Reforma Energética, los bloques terrestres a licitar en las próximas semanas se encuentran en la Cuenca de Burgos y en la Provincia de Tampico-Misantla, situadas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla.
Los yacimientos no convencionales tienen baja permeabilidad, es decir, el petróleo y el gas se encuentra atrapado en pequeños poros de rocas. Para extraerlo es necesario fracturar la roca para que fluyan los hidrocarburos hacia los pozos. En este procedimiento del fracking se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo combinados con sustancias químicas, las cuales puede provocar cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso.
Las fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente, la fractura hidráulica presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes inyectados, puede provocar sismos.
“Por lo que estamos viendo en las últimas licitaciones relacionadas con el fracking hay gran desinformación. No hay información de manera previa ni algún documento público donde se conozca con exactitud cuál es el área que van abriendo y en qué tiempos, salvo en intervenciones en foros o comunicados de prensa. El Gobierno no publica esa información, no es el Gobierno en las rondas el que dice el orden de qué áreas va a abrir, sino responde a la petición de las empresas según el interés específico que tengan en las diferentes áreas”, aseguró De la Fuente.
El Secretario Pedro Joaquín argumenta la necesidad de extraer gas natural propio ante los problemas de seguridad energética por la dependencia de México de las importaciones de gas.
No obstante, la Alianza Mexicana contra el Fracking asegura que la solución no es extraerlo de nuestro territorio sin importar las consecuencias ambientales, sociales y climáticas, sino apostarle a la eficiencia energética y las energías renovables con pleno respeto a los derechos de las comunidades donde se establecen los proyectos para generar y transmitir, como el de una consulta libre, previa e informada. De lo contrario, se vulneraría su derecho a la autodeterminación y al uso y disfrute de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
“Se ha señalado en otras partes del mundo que hay evidencia científica, demostrada y contundente, sobre los fuertes impactos negativos que esta técnica tiene sobre la salud de la población, el medio ambiente y el clima. También está demostrado que los impactos no se pueden evitar a través de la regulación. La única manera de evitar los daños es con su prohibición como ya sucedió en Francia, Bulgaria, Irlanda y en ciudades como Nueva York”, expuso Aroa de la Fuente.
LA SIMULACIÓN DE LA REGULACIÓN
Este anuncio de la Secretaría de Energía sobre subastar yacimientos no convencionales se hizo tras la aprobación en marzo de los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra, sin embargo se trata de una “simulación, con términos jurídicamente débiles e inoperable”, evaluó la Alianza Mexicana contra el Fracking.
También se encuentran aún en revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
“En un país donde la impunidad y la corrupción reina, donde las instituciones que debieran vigilar el cumplimiento de la Ley son incapaces de hacerlo, se quiere hacer creer que con estos lineamientos quedarán protegidas las comunidades de una práctica experimental que ha generado daños graves en Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina”, destacó.
Esta regulación, expuso la Alianza, es “una simulación” por parte del Gobierno federal al querer hacer creer que el fracking se hará de forma segura y responsable, cuando se trata de una técnica inherentemente insegura, devastadora y cuyos impactos negativos “son imposibles de controlar”. La regulación es “inefectiva para evitar sus daños irreversibles e irreparables, además de ser jurídicamente débil e inoperable”.
En representación, Aura de la Fuente añadió que incluso ingenieros petroleros han demostrado que no es posible evitar los daños causados por el fracking a través de una regulación, la cual –además– “es deficiente en su operatividad”.
La Alianza ha destacado que van en aumento los lugares en el mundo donde ha sido prohibida, con base en el principio precautorio. Sumado a lo anterior, los lineamientos son “jurídicamente débiles” al utilizar verbos como “promover” o “fomentar” así como términos como “mejores prácticas”, al tiempo de que habla de principios para la minimización de riesgos a un nivel “Tan Bajo Como Sea Razonablemente Factible”, es decir, que no represente un costo exageradamente alto para las empresas.
Además, los lineamientos “son inoperables”. Si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es incapaz de inspeccionar las descargas a los ríos de industria y municipios, ¿cómo vigilará el cumplimiento de estos lineamientos? Lo mismo aplica para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) creada con la Reforma Energética que, además de limitados recursos, cuenta con una autonomía limitada, consideró el grupo de organizaciones.
En un país donde la impunidad y la corrupción reina, donde las instituciones que debieran vigilar el cumplimiento de la ley son incapaces de hacerlo, se quiera hacer creer que con estos lineamientos quedarán protegidas las comunidades de una práctica experimental que ha generado daños graves en EU, Canadá, Australia y Argentina.
La Alianza Mexicana contra el Fracking y las organizaciones que la integran exigen que el gobierno prohíba el uso de esta técnica en todo el territorio nacional, como responsablemente han hecho gobiernos y parlamentos de otros países.
