Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– En 10 meses los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) desaparecidos en Iguala, han realizado decenas de marchas y movilizaciones, acudido a todas las instancias de justicia del Estado mexicano, a organizaciones internacionales, sin lograr mover una letra a la “verdad histórica” decretada sobre los hechos por Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República.
No sólo eso. Desde septiembre de 2014 a la fecha, los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales han investigado y solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que amplíe la investigación, llame a militares a declarar y que abra nuevas líneas de investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nombró un grupo de expertos internaciones, coadyuvantes en la investigación, que desde abril de este año realizan recomendaciones puntuales.
Pero los organismos de derechos humanos y expertos, tampoco han tenido éxito.
“A raíz de la reunión que se tuvo con la PGR se puso este tema sobre las mesa de las nuevas líneas de investigación y ellos dijeron que está abierta, que no se ha cerrado, que se abrirán todas las líneas que se tengan que abrir. Estamos viendo que están realizando algunas diligencias, se está moviendo el expediente, pero sólo para fortalecer la línea de investigación de la PGR, del basurero de Colula”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso.
Rosales Sierra recordó que el 9 de julio pasado, los padres y los abogados sostuvieron una entrevista con Arely Gómez González, Procuradora de la República, quien se comprometió a que el expediente no se cerraría.
Sin embargo, las diligencias de la PGR están encaminadas a fortalecer la “verdad histórica” de la dependencia: que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas en bolsas negras al río San Juan.
En el transcurso de la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió diversas fallas y omisiones en la investigación ministerial por parte de la PGR y de la Fiscalía General de Guerrero.
El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, acompañado del Ombusdman nacional, Luis Raúl Pérez González, recomendó a la autoridades mexicanas explorar nuevas líneas de investigación.
Una de ellas es que el ataque a los estudiantes pudo darse en Pueblo Viejo y el paraje La Parota (parajes de las inmediaciones de Iguala) “pues existen referencias de un individuo perfectamente identificado quien podría aportar información relativa a la vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los hechos”. Además de que hay alusiones a otros sujetos de los que también sólo se conoce su apelativo, a quienes tampoco se les ha investigado.
Otra de las recomendaciones que hizo el organismo defensor de los derechos humanos es recabar y ampliar declaraciones de algunos elementos de las policías –Estatal, Ministerial del Estado y Federal y de cinco elementos militares, así como solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al Ejército, como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación.
Sugiere que la dependencia encabezada por Arely Gómez solicite apoyo de investigadores que permitan determinar si las condiciones climatológicas hubieran permitido la quema de cuerpos en el basurero de Cocula, para lo que propone que sean expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EU (NASA, por sus siglas en inglés).
Sumado a estudios de materia de química forense que permitan corroborar que las bolsas con cenizas que se presume corresponden a los normalistas y sacadas del río San Juan, fueron realmente recogidas del mencionado basurero.
La dependencia recomendó obtener el lugar, hora y fecha en que fueron utilizados los teléfonos celulares desde los cuales algunos de los jóvenes normalistas enviaron mensajes e hicieron llamadas los días 26 y 27 de septiembre, a fin de orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes.
La CNDF encontró que hasta el video musicalizado que presentó el entonces Procurador General Jesús Murillo Karam sobre la reconstrucción de los hechos está mal hecho y no es preciso.
“Nosotros hemos pedido que se abra una línea de investigación hacia la participación del Ejército, pero en ese sentido, no se mueve el expediente, sólo se mueve para consolidar la tesis que ellos tienen”, dijo Vidulfo Rosales.
El abogado indicó que tanto la CNDH como organismos internacionales coinciden en que la “verdad histórica” ya quedó rebasa.
“Todos coinciden que en se tienen que explorar nuevas líneas para ofrecer una verdad que los padres puedan creer, abrir otras rutas de investigación para dilucidar completamente qué ocurrió ese día. La hipótesis del basurero ya se estrechó, no hay puntos que puedan ofrecernos algún viso de esclarecimiento”, indicó.
El abogado recordó que la hipótesis que apunta la CNDH, de que los jóvenes fueron llevados a La Parota, no se ha explorado.
En esa región el gobierno federal encontró entre La Joya, La Parota y Loma del Coyote decenas de fosas clandestinas y casi 100 cadáveres.
SinEmbargo entrevistó a varios pobladores de esa zona en octubre del año pasado, 15 días después de desaparición de los normalistas.
Una habitante del lugar llamada María y su esposo, quienes viven muy cerca de La Joya, aseguraron que en las madrugadas, el hombre se levantaba y salía al portal de su vivienda para escuchar los ruidos que el eco del monte llevaba hasta sus oídos.
No eran ruidos agradables: eran gritos de horror, de hombres y mujeres que lloraban, chillaban, pedían piedad y auxilio.
“Se escuchaban en la madrugada, más los sábados y los domingos, los gritos que venían del cerro. Eran mujeres y hombres por igual”, dijo María.
Otros pobladores de la colonia San Miguelito aseguraron a este medio que en la zona donde encontraron las primeras fosas subían hummers, jeeps, camionetas, motos y también vehículos de la Policía municipal. Un joven que solicitó anonimato por seguridad, narró que cuando desaparecieron los normalistas, escuchó movimiento de vehículos y detonaciones.
De acuerdo con el joven era común desde hace tiempo escuchar descargas de “cuernos de chivo” e ir y venir de vehículos en medio de la noche y la madrugada.
“Para los padres es una lucha difícil y mientras no haya verdad y no tengan certeza de lo que pasó, seguirán movilizándose, seguirán marchando y en la lucha”, dijo Vidulfo.
Hoy los padres marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México a las 16:00 horas.
NEGACIÓN A INVESTIGAR AL EJÉRCITO
La línea de investigación hacia el Ejército mexicano ha sido una de las demandas principales de los padres de los jóvenes. Para los cinco expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el tema ha sido el más difícil.
Los especialistas han solicitado en varias ocasiones entrevistar a los miembros del 27 Batallón del Ejército y hasta su último informe del 29 de junio, la solicitud no era aceptada.
En junio los expertos de la CIDH revelaron que luego de tres meses de espera, el Gobierno federal mantenía el vilo la petición de entrevistarse con el 27 Batallón con destacamento en Iguala, Guerrero.
Ángela Buitrago, experta del GIEI, dijo que el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, comentó en conferencia de prensa.
“Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado nueve meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, puntualizó.
Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato, que culmina en septiembre. Asimismo indicaron que el grupo, como parte de su mandato, puede solicitar al Ministerio Público ampliar las declaraciones de más de 30 miembros del 27 Batallón.
Los expertos del GIEI indicaron que en caso de que las autoridades mexicanas se nieguen a brindarles las facilidades para entrevistarse con el 27 Batallón, impactaría en el resultado final, pues quedarían esos cabos sueltos en la investigación.
La negativa de México será consignada en el informe final, lo cual enviaría un mensaje negativo a la comunidad internacional.
“VERDAD HISTÓRICA” SE SUSTENTA EN TORTURA
Los expertos del GIEI precisaron en junio que la PGR investiga 40 casos de tortura referentes a las diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El grupo reveló en mayo inicialmente que algunos de los implicados en el caso denunciaron que fueron torturados y el mes pasado precisó que en total son 40 los reportes que se investigan, de un total de 100 detenidos.
En mayo Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), quien también es coadyuvante en el investigación, reveló a SinEmbargo que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, confesaron que fueron torturados.
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Vidulfo Rosales indicó que los casos de tortura en el caso de los normalistas, denotan una “investigación viciada”.
“Y que esta tesis de la ‘verdad histórica’, dista de serlo, que más bien es una investigación con muchas debilidades y endeble, que necesita continuar y no cerrarse, como lo quiere hacer la PGR”, agregó.
