Cuando era estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Gómez, como miles de sus pares, tomaron la calle y las plazas para protestar por la intervención de la fuerza pública en asuntos internos de la academia y los estudiantes. El 26 de julio de 1968 había iniciado un movimiento estudiantil que incluiría paro de labores y marchas, precisamente por la brutal intromisión de la policía contra los educandos de escuelas media y superior.

El 2 de octubre de aquel año, las de 2 protestas serían marcadas por la violencia que ejerció el gobierno de la República contra los estudiantes, asesinando a un número indeterminado de ellos y de civiles, desapareciendo a otros, encarcelando a algunos. Entre estos últimos estuvo Pablo Gómez, quien se había unido como estudiante a las protestas contra el abuso del poder.

Pablo Gómez fue un defensor de las libertades, de la libertad de cátedra, de la autonomía de la UNAM, de la libertad de pensamiento y de manifestación, pugnó por la liberación de presos políticos, por la destitución de generales del Ejército Mexicano abusivos que utilizaban las estrellas de la jerarquía militar para someter a los jóvenes con plomo. Pidió reparación del daño para las víctimas y sus familias, y que se deslindaran las responsabilidades de los actos de represión en las entidades de la fuerza pública, los militares y los granaderos.

También, Pablo Gómez pugnó por derogar el delito de disolución social, que por entonces tenía como objetivo inhibir la propagación de ideas que pudieran provocar una desestabilización del “orden social”.

De 1968 a 1971 Pablo Gómez estuvo en prisión por defender su ideología, la libertad de pensamiento y la seguridad de los estudiantes y civiles en manifestaciones sociales. 56 años después, Pablo Gómez vive su propia transformación, de estudiante reprimido a funcionario opresor.

Hace unos días en su columna Linotipia que publica en el diario Reforma la periodista Peniley Ramírez reveló una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza sobre los activos, bienes y estados financieros de dos periodistas que han destacado por sus indagaciones mediáticas acerca de la corrupción que se desarrolla en el gobierno de la República, teniendo como protagonistas no solo a integrantes del gabinete legal y ampliado, sino a familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hermanos, su prima, sus hijos, entre otros.

A Ramírez sus fuentes le hicieron del conocimiento de la investigación y abundaron en detalles sobre su desarrollo. Aunadas a las indagaciones que desde la misma UIF se han realizado sobre el medio Latinus, esta vez, confiaron a Peniley, los sujetos investigados son Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, quienes, en el pleno ejercicio de su libertad de expresión y de pensamiento a partir de la divulgación de sus editoriales, han sido sesudamente críticos del presidente López Obrador y su entorno de poder y los privilegios de su familia a través del gobierno de la República.

Pablo Gómez, exlíder comunista y defensor de los oprimidos ante gobiernos represores, hoy día encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, y, por tanto, sea a título personal como servidor público o siguiendo órdenes de sus superiores, es quien ha ordenado las investigaciones contra Loret de Mola, Trujillo y el medio Latinus.

Esto no puede ser una coincidencia

En política no existe tal suerte. Menos cuando se trata de investigar a personas que no están en la función pública, que no son parte de la criminalidad organizada, que no pertenecen a un partido político ni tienen relaciones con instituciones gubernamentales. Es pública y notoria la animadversión del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las personas, políticos, analistas, columnistas y periodistas que critican su gobierno, su actuar o el de los suyos en su equipo y familia.

Contra Carlos Loret de Mola emprendió un ataque sistemático a partir de enero de 2022 cuando el periodista reveló, con una investigación como base, el lujo con el que vivía un hijo del presidente, Ramón López Beltrán, en el extranjero, en el estado de Houston en la Unión Americana, en un reportaje que hasta el día de hoy se conoce como La Casa Gris.

En un mes, comprendido entre el 27 de enero y el 27 de febrero de 2022, el presidente López Obrador mencionó en 77 ocasiones al periodista Loret de Mola en su conferencia desde Palacio Nacional, de acuerdo al análisis cuantitativo de Spin, empresa dirigida por Luis Estrada; pero la diatriba del mandatario nacional contra Loret se ha extendido hasta estos días. No solo utilizó el sistema de gobierno que preside para hacer pública información personal, protegida por Ley, del periodista; también le ha asestado toda clase de calificativos para denostar su trabajo y su persona.

A Carlos Loret de Mola, el presidente en una clarísima ventaja ante el ejercicio de su poder, lo ha hecho su adversario principal. Un periodista con sus investigaciones, su pensamiento y su pluma, atacado desde Palacio Nacional y ahora investigado por la UIF de la SHCP, por ejercer su derecho a la libre expresión. Un periodista que, es evidente, incomoda al gobierno de la República, al presidente y sus amigos y aliados convertidos en funcionarios. Todo el Estado contra un ciudadano libre.

Las investigaciones reveladas por la columnista de Reforma, Peniley Ramírez, fueron prácticamente confirmadas por el presidente López Obrador cuando días después declararó desde su sitio de poder, que él no ordenó hacerlas, que no tiene necesidad, y no evitó, como es su costumbre, compararse con el periodista al decir que él también fue investigado por el gobierno y la UIF en el pasado, como si por el hecho de que le haya sucedido a él, que anteriores gobiernos intentaran reprimirlo, validara las acciones actuales de la UIF contra dos periodistas y un medio. Si él lo sobrevivió, que lo otros lo superen. Así de fácil.

Pablo Gómez como titular de la UIF no actúa en solitario. Ciertamente es quien decide a quien y porqué se investiga, aunque ello debería ser en base a denuncias y en colaboración con autoridades procuradoras de justicia ante la presunción de un delito, pero si el presidente dice que él no ordenó tales indagaciones sobre los periodistas críticos de su gobierno y los actos de corrupción que han evidenciado, entonces la responsabilidad es enteramente de Gómez, el ex luchador social ahora convertido en verdugo desde el poder porque a final de cuentas, fue lo que le convino más, por no decir que fue para lo que más sirvió.

Adela Navarro Bello

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