“Todo bien económico es un bien escaso”, es decir, para darle valor económico a un bien hay que convertirlo en un bien escaso. Diversos recursos que eran considerados bienes públicos se han ido convirtiendo en recursos privados, es decir, se han privatizado.
“Me pregunto si caminamos hacia la Gran Guerra Mundial del Agua”, señaló el Papa Francisco durante el Seminario que organizó en el Vaticano en febrero de 2017. El consumo de agua por persona se ha disparado al igual que la población mundial y esta ecuación, junto con la privatización, dispara las disputas por el agua. Agregó: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”, “El respeto del agua –continuó– es condición para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”.
La polémica sobre los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Peña Nieto, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, ha generado mucha confusión al salir a la escena, en defensa de estos decretos, algunos actores como la organización World Wildlife Fund. Los decretos fueron así, podemos decir, maquillados de verde. Los decretos levantan la veda al 55 por ciento de los recursos superficiales de agua del país, lo cual no es poca cosa. Para escribir esta nota he confirmado información con Claudia Campero de la Coordinadora Mexicana por el Derecho al Agua y con Nathalie
Seguin de la Red Mexicana de Acción por el Agua.
De inmediato, la primera reflexión que uno se hace es si es mejor quedarse con el 27 por ciento de agua de estas cuencas para asegurar el caudal ecológico y mantener los beneficios ambientales o mantener la veda que garantiza el 100 por ciento del caudal o, al menos, una mucho mayor parte del mismo. Esta consideración la he encontrado en otra organización conservacionista Pronatura que se ha destacado en varias ocasiones del conservacionismo oficial ya que Pronatura se ha establecido por regiones, manteniendo cierta independencia del centro. Pronatura Noreste declara en un comunicado de prensa:
“consideramos que en estos momentos no era inaplazable reservar estos volúmenes, ya que las cuencas ya estaban protegidas por vedas”. La reflexión es simple, a menos que se le haya dicho al conservacionismo oficial: “miren, vamos a concesionar estos recursos (la palabra privatizar suena mal) y les ofrecemos 27 por ciento de esos recursos para conservación ecológica”. Y, entonces, el conservacionismo oficial pensó: “peor es nada”.
Los decretos representan una amenaza, sin duda, y paso a un ejemplo concreto que brinda Pronatura Noreste. Debemos ver este tema, con casos concretos de cada cuenca para poder entender su magnitud:
“En el caso concreto de las cuencas de San Fernando Soto la Marina, hay una alta disponibilidad, por lo que no existe una fuerte presión hídrica. Al quitar la veda –un instrumento sumamente eficaz para regular el uso y aprovechamiento de las cuencas-, se establece una reserva ambiental por el 39 por ciento del volumen, una reserva para el uso público/urbano cercano al 1 por ciento y un volumen restante se libera al aprovechamiento, abriendo la posibilidad de que sean destinados a la extracción de gas lutita con inyecciones de agua a presión (i.e. fracking). Consideramos que, en estos momentos, estas acciones no eran necesarias y crean un riesgo en la seguridad hídrica y equilibrio ecológico de la cuenca”.
El caso concreto de las cuencas de San Fernando Soto la Marina muestra en los hechos que si existe un objetivo en estos decretos son las concesiones, que en la práctica son una privatización del recurso por 5 a 30 años. En este caso, todo indica que el sentido está dirigido a la concesión de agua para el fracking, una práctica que requiere de grandes cantidades de agua para ser inyectadas al subsuelo, junto con un coktail de químicos, para extraer gas. Nathalie Seguin me explica que hay coincidencias, en varios casos entre las regiones afectadas por los decretos y aquellas en las que se proyectan extracciones de gas a través de fracking. Hay que revisar también las coincidencias con las zonas concesionadas para la industria minera que sin estas concesiones no pueden operar. Y no hay que dejar de considerar la demanda de las embotelladoras de refrescos y cervezas.
Todo hace pensar que los decretos más que estar dirigidos a la conservación están dirigidos a poder concesionar estos recursos a las industrias extractivas (fracking, minería y bebidas). Y como se concluye en el ejemplo de las cuencas de San Fernando Soto la Marina, el resguardo para la conservación ambiental de un 27 por ciento o de 39 por ciento, no garantiza la conservación si el resto del recurso comienza a concesionarse. Esos niveles de concesión pueden “crear un riesgo en la seguridad hídrica y equilibrio ecológico de la cuenca”.
Y vuelvo a la cita del Papa Francisco: “Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito y se niega este derecho humano”.
En los decretos firmados por Peña Nieto sorprende que no hay ninguna referencia al derecho humano al agua, y sorprende que las organizaciones y expertos del conservacionismo oficial no hayan exigido que estuviera este reconocimiento explícito al derecho humano al agua.
La reforma al artículo 4° constitucional garantiza el derecho humano al agua. El gobierno mexicano ha firmado instrumentos internacionales en los que se compromete a garantizar el derecho humano al agua como la resolución de Naciones Unidas A/RES/64/292 y la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los decretos que afectan al 55 por ciento de los recursos de agua superficiales de la Nación no mencionan el derecho humano al agua establecido en la Constitución. Esto ocurre en un país donde el 25 por ciento de las personas no tienen acceso regular a agua en sus hogares, en el país que tiene el mayor consumo en el mundo de agua embotellada, todo por un abandono e incapacidad gubernamental.
“El respeto del agua –señaló el Papa Francisco– es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás?”.
Nota. La frase que encabeza este artículo: “Quién controla el agua, controla todo” es de Rango, personaje principal de la película del mismo nombre que obtuvo el Oscar en 2012 a la mejor película animada. El tema principal de Rango es el acceso al agua.
