Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Defensores de Derechos Humanos y periodistas en el estado de Chiapas han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones en los dos últimos meses, por lo que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) exhortó a las autoridades estatales a garantizar su derecho de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.
Hace tres días, el 23 de junio, Policías Federales de San Cristóbal de las Casas irrumpieron, sin orden de cateo, “rompiendo la puerta” en el domicilio del poeta y corresponsal de La Jornada, Javier de Jesús Molina Estrada, con el argumento de que una denuncia anónima había señalado su casa como punto de venta de droga.
El viernes 13 de junio el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez fue amenazado de muerte. Además, Pérez denunció que miembros del Consejo Parroquial del municipio de Simojovel, Chiapas, fueron hostigados y agredidos luego de que el seis de junio más de tres mil personas se manifestaron pacíficamente contra los expendios de alcohol, centros nocturnos y centros de prostitución del municipio.
En 2011 el párroco Marcelo Pérez ya había sido víctima de un intento de asesinato por lo que fue trasladado de Chenalhó a Simojovel. “Hubo una ocasión en que le aflojaron las tuercas a una de las llantas de su vehículo para que al salir a carretera pareciera un accidente; hace poco le desconectaron una bujía y lo más delicado fue que le enredaron unos cables en el tanque de gasolina para que al calentarse explotara, lo cual es muy grave”, señaló el en ese entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Ezquivel.
Asimismo, hace una semana, el miércoles 11 de junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos (FEPAONGDDH), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que investigue los hostigamientos y vigilancia registrados el 29 de abril, 8 y 23 de mayo en la San Cristóbal de las Casas.
Los actos de intervención telefónica, hackeo de correos, vigilancia, seguimiento, difamación y amenazas en algunos territorios se han agudizado de manera alarmante en los últimos meses, según el registro de la Red TDT.
Hace un mes, el 29 de mayo, elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE) detuvieron sin orden de aprehensión ni explicación a Mario Marcelino Ruiz Mendoza, indígena tseltal, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y a 22 representantes indígenas más que acompañaba a un diálogo entre la Comisión de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, la dirigencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente (ARICC-UUDI) y el gobierno estatal que se llevaría a cabo en el Palacio de Gobierno del estado.
A través de jornadas de marchas, bloqueos y protestas, los indígenas reclamaron la regularización de tres poblados en la Selva Lacandona, Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregoria, así como la libertad del maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera, a quien originalmente acusaron del presunto secuestro de la ambientalista y exfuncionaria federal Julia Carabias Lillo.
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, a Mario Marcelino Ruiz se le negó el acceso a su abogado así como el derecho a realizar una llamada, fue interrogado por elementos de la PGJE con un tono agresivo. Además, en ningún momento se mencionaron las causas de su detención.
Tras la privación arbitraria de la libertad, acciones de desprecio, hostigamiento, discriminación y condicionamiento político para seguir el diálogo sobre la situación de los pueblos que pretenden desalojar en Montes Azules, todos fueron puestos en libertad sin explicación oficial alguna.
En febrero la misma Red denunció que tres elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, detuvieron a dos jóvenes mayas y los sometieron a “tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”. Sin embargo, no dio a conocer los motivos del arresto.
Una vez que los jóvenes fueron llevados a las instalaciones policiacas no se les permitió comunicarse con sus familiares y mientras uno de ellos protestaba por las agresiones, le proporcionaron dos puñetazos en la cara.
La Red TDT hace un llamado a reconocer la importante labor de las personas defensoras de los derechos humanos como agentes constructores de cambios y de una cultura de paz, pero también a valorar sus aportes como sujetos de cambio e impulsores de la democracia.
