Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Dos nuevos casos de violencia contra niñas –que se suman a la larga lista de delitos donde los presuntos agresores son menores de edad– han puesto en evidencia el resultado de nueve años de guerra contra el crimen organizado, denunció Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Apenas el fin de semana se dio a conocer el caso de dos primos de 13 años que violaron a una menor de dos años en Cancún, Quintana Roo, mientras que en Aguascalientes se detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años acusados de violar y asesinar a una joven de 13 años.
Se trata de los “hijos de la guerra”, los cuales el Estado mexicano no ha atendido porque ha argumentado que se trata de un problema que debe ser resuelto en el núcleo familiar, detalló el activista.
El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones en 2011 al Gobierno federal para diagnosticar la violencia contra menores: heridos, detenidos, desplazados; crear programas de desvinculación para atender a niños víctimas del crimen; atender a niños en zonas de conflicto, como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, y crear programas para ayudar a explicar y proteger la realidad a los infantes.
Y mientras que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha fallado en su obligación de proteger y prevenir que menores de edad se conviertan en criminales o en agresores, legisladores, organizaciones, padres de familia y la sociedad civil en general han denunciado que la violencia que atraviesa el país, así como la falta de oportunidades y políticas públicas en la materia, han afectado la integridad de los niños mexicanos.
“La guerra ha sido el motivo y el problema de fondo. Han sido nueve años de un baño de sangre, donde han surgido más de 100 mil homicidios en la lucha contra el crimen organizado. Hay 27 mil desaparecidos, y ya se perdió la cuenta; de manera muy básica hablamos de 127 mil familias que han sido tocadas por la violencia y no hay ninguna política pública, ningún programa que esté explicando a los niños y a las niñas qué está pasando a su alrededor […]. Los niños, son, lamentablemente un blanco de ataque, pero no hay un mecanismo para protegerlos, porque las familias también viven esta complejidad”, dijo Pérez García de la Redim.
“Los niños se entera de lo que pasa: 80 por ciento tiene acceso a algún medio de comunicación, eso significa que ven las noticias y la violencia no tiene una explicación del mundo adulto y tampoco hay una respuesta de forma institucional”, agregó el activista.
Asesinatos sangrientos, feminicidios, desapariciones, trata para la producción y tráfico de drogas son problemáticas que en el contexto de violencia que prevalece en el país –intensificado desde el sexenio pasado con la implementación de una política de supuesto combate al narcotráfico– han sumado entre sus víctimas directas e indirectas a niñas, niños y adolescentes. A esto se suma la violencia en casa y el acoso escolar.
El Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, publicado en 2014 por la Red por los Derechos de la Infancia en México, da cuenta de cómo la violencia ha afectado directamente a los menores de edad, y de la vulneración que muchos de ellos ha tenido en sus vidas porque alguno de sus familiares fue víctima de un delito.
Por ejemplo, se estima que al menos 50 mil niñas, niños y adolescentes perdieron al menos a uno de sus padres en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Pero sumado a ello, 994 menores de edad perdieron la vida entre 2006 y 2010, por el supuesto combate al narco, de acuerdo con el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, publicado en abril de 2014.
A esos casos se añaden las 946 muertes violentas con arma de fuego de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, ocurridas sólo en el año 2012.
Se trata de una cifra 3.5 veces mayor a la que se registró apenas cinco años antes: 266 muertes violentas por arma de fuego de menores de 18 años, destaca el documento de la Redim.
El doctor Marco Antonio Delgado Fuentes, coordinador del Posgrado en Educación de la Universidad Iberoamericana, aseguró que la violencia no se genera necesariamente en los espacios escolares, sino que es un reflejo de la sociedad, tanto así que cada vez ha ganado más popularidad el juego de “los sicarios” entre los infantes, lo cual es una muestra de cómo los niños integran la violencia a su cotidianidad.
De acuerdo con organizaciones de protección a la infancia, entre 30 mil y 50 mil infantes están involucrados con el crimen organizado. Los reportes agregan que los criminales involucran a los menores en 22 tipos de delitos, que van desde tráfico de droga, secuestro y trata de personas, hasta extorsiones, contrabando y piratería.
El crimen organizado amenaza directamente a cerca de 10 millones de jóvenes mexicanos que no tienen estudios, empleo, ni oportunidades para salir adelante, alertó el Diputado perredista Silvano Aureoles Conejo en 2013, durante el foro “Violencia de género, juventud y escuelas en México: Situación actual y propuestas para su prevención”.
“Cómo no nutrirse de ellos, si tenemos cerca de 10 millones sin empleo ni educación”, dijo Aureoles Conejo, ahora candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Michoacán.
Por su parte, el doctor Alfredo Nateras, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), destacó que el enemigo privado de la mayoría de los jóvenes y adolescentes es su familia, donde 6 de cada 10 sufren violencia en su casa.
El académico consideró indispensable crear una Ley Nacional de Juventud, así como diseñar políticas de Estado que den certeza, y se puedan conocer sus impactos y resultados.
“La violencia es un hecho que significa una ruptura en tu vida, en tu cosmovisión, y cuando esta violencia se comienza a generalizar en tu entorno comunitario, lo escuchas en las noticias y en todos lados, va generando sensaciones de inseguridad y de falta de confianza”, comentó el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, sobre el impacto que la violencia tiene en las niñas, niños y adolescentes.
El especialista en derechos de la infancia agregó que el país ha mantenido un contexto de violencia generalizada durante los últimos ocho años. Para ilustrar una consecuencia de ello, arroja un dato de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: siete de cada 10 adultos ya no dejan salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad.
“Esto tiene muchas implicaciones negativas: [los niños] tienen menos actividad pública, menos redes sociales positivas, mucho más tiempos en pantallas en su casa, vida sedentaria y quizás alimentos poco apropiados, y esto trae un efecto contraproducente, además de que esto los deja en vulnerabilidad porque no aprenden a desarrollar habilidades de protección”, detalló.
Las dificultades del Gobierno mexicano para recuperar el control de varios estados bajo el dominio narco enfrentan un problema adicional: el alto número de menores que integran sus filas.
El periodista Javier Valdez Cárdenas, autor del libro Los morros del narco: historias reales de niños y jóvenes en el narcotráfico mexicano, explicó a RadioNederland que los barones de la droga sustituyen a la autoridad estatal, porque “en muchas regiones del país, son ellos los que ofrecen la única opción de trabajo y de ingresos”.
“En muchas regiones del país, la única opción de trabajo y de ingresos la ofrece el narcotráfico. O sea, el narco vino a sustituir a los empresarios lícitos y al gobierno, porque crea empleos e incluso, llega a realizar obras de beneficencia, aunque esto cada vez en menor medida, en beneficio de la gente. Y lo otro es que son ellos los que mandan, como está pasando en Michoacán, en Sinaloa y en Guerrero. Entonces, obligan a las familias a entregar a sus hijos, adolescente y niños, o bien, si se niegan, los sacan por la fuerza”, expuso el periodista.
LOS CASOS ABUNDAN
El 21 de mayo pasado se reveló que dos jóvenes de 13 años presuntamente violaron a una bebé de dos años en Cancún, Quintana Roo. Los supuestos agresores llegaron recientemente del estado de Tabasco, donde se quedaría con familiares porque sus padres los consideraban “insoportables e incontrolables”. Sin embargo, se presume que también en ese estado habían agredido sexualmente a seis mujeres más, familiares todas, informó la prensa local.
Por Esto! refirió que la madre de la menor agraviada, María de Jesús Rodríguez, expuso que el incidente ocurrió la semana pasada, cuando la niña se encontraba sin supervisión de un adulto en su propia casa, momento que aprovecharon sus primos para abusar de ella. Su madre halló sangre en el pañal de la bebé y las pruebas arrojaron que tenía semen.
En Aguascalientes un presunto caso de acoso escolar terminó en tragedia. Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron acusados de violar y asesinar a una adolescente de 13 años de edad, estudiante de secundaria cuyo cuerpo fue hallado por su madre en el baño de su casa el jueves pasado.
Medios detallaron que el menor de 16 años pudo haber asesinado la joven en venganza porque llamó a su familia “bichos raros”. Planeaba matarla haciéndole una “llave” y borrar las evidencias con cloro.
Cinco adolescentes ataron de manos y pies, golpearon, asesinaron y enterraron a Christopher Raymundo Márquez Mora, de seis años de edad, mientras presuntamente “jugaban al secuestro”, el jueves de la semana pasada en Chihuahua, Chihuahua.
El cuerpo del menor fue localizado sin vida alrededor del mediodía del sábado en un arroyo de la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Chihuahua, después de haberse encontrado desaparecido durante dos días.
De acuerdo con detalles dados por el Fiscal Sergio Almaraz, el asesinato fue cometido por cinco jóvenes: dos mujeres de 13 años, dos varones de 15 y un menor de 11; quienes supuestamente invitaron al niño a jugar y juntar leña en la ladera del arroyo, lugar en el que le indicaron que simularían un secuestro.
Una vez que los adolescentes creyeron muerto al pequeño, cavaron un hoyo para enterrarlo boca abajo y posteriormente, una de las jóvenes le apuñaló por la espalda.
La Red por los Derechos de la Infancia en México exigió al Estado mexicano reconocer que la muerte de un menor de 6 años en Chihuahua a manos de cinco adolescentes que presuntamente “jugaban al secuestro” es “una expresión de la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado” que afecta a niñas, niños y adolescentes.
“Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México consideramos que este lamentable caso, es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz”, manifestó la organización social por medio de un comunicado de prensa.
La Redim nvitó a evitar el uso político del caso, tener un manejo ético del mismo y proteger la identidad de las víctimas y familiares; si bien es un caso grave no es generalizado y sobre todo es posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos.
En mayo de 2014, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Tamaulipas determinó que ejercer acción penal contra Denisse Soiré Serna Muñiz, maestra de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, un menor de 12 años que murió tras ser agredido por cuatro compañeros de la secundaria, esto como probable responsable de la comisión del ilícito de Homicidio Preterintencional y Abandono de Persona, cometidos en agravio del menor y de la sociedad respectivamente.
En marzo de 2014, una estudiante de la preparatoria de la UAS de Salvador Alvarado, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinada por una de sus amigas con más de 60 puñaladas, por hacer circular unas fotografías que se tomaron cuando cursaban la secundaria, informó el Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.
El Fiscal del estado comentó que la presunta responsable, de nombre Erandy “N”, de 16 años, fue presentada ante el Juez de Justicia Especializada para Adolescentes en Culiacán. Detalló que el homicidio se desprende de un intercambio de fotografías, que ellas y otros compañeros hicieron circular por medio de su celular.
En las redes sociales circula un video sobre un caso bullying en la primaria José María Morelos y Pavón de Hermosillo, Sonora, donde se aprecia una pelea entre un niño y una niña en 2013, originaria de Jalisco, de quien se burlaban sus compañeros por su acento, que era distinto al del resto.
Ante la ausencia del maestro, los niños se jalan el cabello, se arañan y empujan, mientras otro los graban. Tras varios minutos de disputa, la niña se sienta en su pupitre y el menor sale del aula para mojarse la cara, mientras un compañero le dice: “Regrésate y ponle un cachetadón”. A continuación retorna al salón y agarra a su compañera por el cuello, ahorcándola hasta dejarla inconsciente.
Luego de haber sido reportados como desaparecidos, policías de Jalisco encontraron a Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas, ambos de 15 años, en el predio conocido como La Cebada.
En el lugar también fue detenido otro menor, quien supuestamente los llevó con engaños al sitio donde fueron asesinados y enterrados. Presuntamente los había invitado a pertenecer a un grupo delictivo, pero les mintió.
El detenido confesó que los dos adolescentes “maltrataron y se burlaron de un hijo de José Ángel Carrasco Coronel”, conocido como el “Chángel” o el “Changel”, quien está detenido en la Ciudad de México por narcotráfico, y que el asesinato habría sido una respuesta a sus burlas.
En 2013 se dio a conocer el caso de Angelina, de 16 años de edad, una joven de origen mixteco, que fue víctima de bullying durante dos años y medio con la anuencia de los profesores de la Secundaria Técnica número 42, en la colonia Morelos del Distrito Federal.
La adolescente acudió ante las autoridades del capitalinas a denunciar el maltrato pero fue ignorada varias veces. Narró que, a pesar de que los profesores habían sido testigos del maltrato y habían conocido de las quejas, nunca hicieron nada para detenerlos.
El 30 de noviembre de ese año, durante el recreo, Angelina sintió una lluvia de golpes. Ella no supo quién la golpeaba ya que dos compañeros varones le cubrieron el rostro con una chamarra y la tiraron. Ya en el piso varias adolescentes la patearon.
En noviembre de 2013, una niña de seis años fue violada por cuatro alumnos de sexto grado de la escuela primaria a la que asiste en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, los menores de 11 años de edad no fueron sancionados.
El hecho ocurrido en el colegio privado Las Torres, y fue denunciado por los padres de la víctima, quienes explicaron que se percataron del asunto luego de que la niñera de la menor notara heridas en sus partes íntimas mientras la bañaba.
El 11 de enero de 2013, Iván Adrián Pizaña Rojano, de 22 años, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), acusado de asesinar en diciembre pasado a un hombre, porque lo “miraba feo”.
Pizaña podría ser otro más de los asesinos que rondan las calles de la capital del país. Pero no, no lo es. Se trata del “Ivancito”, un adolescente que en 2007, a los 17 años de edad, fue acusado de seis homicidios… aunque él terminó confesando 19 asesinatos. El “Ivancito” fue recluido a la Comunidad para Adolescentes en Conflicto con la Ley de San Fernando, en la Delegación Tlalpan, para cumplir una condena de cinco años.
En 2012, dos menores de edad, de 14 y 17 años, fueron detenidos por las autoridades después de que recibieran un pago por matar a una mujer identificada como Martina Concepción Mojarro Flores, informaron las autoridades. Este caso ha conmovido a la sociedad y a la opinión publica. Sucedió en la frontera con Arizona, en la ciudad de Nogales, en el estado de Sonora. También fue detenido un hombre que está vinculado con otros hechos delictivos.
La noche del 3 de diciembre de 2010 fue detenido “El Ponchis” por miembros de las fuerzas armadas con base en Morelos, mientras intentaba abordar un avión con destino a San Diego, Estados Unidos. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), el menor era el principal responsable de la muerte de cuatro personas que habían sido degolladas.
El caso de “El Pochis” alertó a las autoridades: era el primer niño que había sido reclutado y entrenado por miembros del crimen organizado para ejecutar. Datos oficiales de la PGR indicaron que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se detuvieron a 212 “niños sicarios”.
ABUSO ESCOLAR
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dado a conocer en 2014, reveló que México es el primer lugar mundial en casos de bullying en el nivel de educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria.
El análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que 40.2 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.3 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.4 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.
En noviembre de 2012, un estudio de la compañía de seguridad informática McAfee indicó que el 47 por ciento de las jóvenes entre 12 y 16 años en México ha sufrido algún tipo de agresión a través de las redes sociales.
Así, dos de cada tres jóvenes han sido testigo de alguna agresión en línea, mientras que el 92.6 por ciento afirma que la red social más usada para realizar dichos ataques es Facebook; seguida de Twitter, con 23.8 por ciento.
Los niños y jóvenes afectados por esta práctica, que se caracteriza por el hostigamiento y/o maltrato hacia una persona o un grupo de la misma escuela, sufren constantemente humillaciones y violencia, lo que les provoca baja autoestima y rendimiento escolar, deserción, problemas de sueños y de alimentación, entre otros.
Expertos de la Universidad Iberoamericana coincidieron en que el acoso escolar no se puede resolver sólo desde las escuelas y opinaron que la reacción de los legisladores es “remedial y parcial”. Durante la reflexión académica “Bullying: ¿Reflejo de un México violento?”, los especialistas coincidieron en que los menores lastiman cada vez más a sus compañeros y que se trataba de un problema totalmente social causado por la propia violencia del país y la falta de políticas públicas.
El experto en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, Mario Cruz Martínez, dijo que el gran problema en todos los sentidos en que se aborda el tema de bullying es la violencia, pues en fechas recientes se han dado a conocer varios casos de acoso escolar donde menores de diversos estados han sido violentados por sus compañeros hasta ocasionarles, incluso, la muerte.
Asimismo, el doctor Mario Cruz explicó que una posible causa de la violencia en las escuelas de las zonas urbanas es la discriminación ya que según dijo “intervienen varios sectores sociales que se desarrollan en diferentes entornos. Basta con observar el entorno donde se desarrollan los menores”.
El maestro Sergio Molano Romero, académico e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, expuso que desafortunadamente las reformas educativas se han limitado sólo a lo curricular y a lo laboral y dejan de lado elementos como la formación de valores, el manejo de las relaciones interpersonales o el respeto a la diversidad.
De esta forma, es posible que una parte importante de quienes hoy son criminales sean resultado del bullying ocurrido hace muchos año. Sin embargo aclaró que sería un grave error tratar como delincuentes a los niños causantes de bullying, pero que aun así estos deben asumir la responsabilidad de sus actos.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
Diversas organizaciones civiles de derechos humanos concluyeron que los menores mexicanos que se ven forzados a migrar a Estados Unidos lo hacen porque en el país hay una escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, pero también, y cada vez más, huyendo de la violencia.
El panorama de los menores mexicanos es también compartido por los niños y adolescentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, países en los que siguen sufriendo altos niveles de violencia, exclusión social y pobreza extrema.
El estudio dirigido por Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Hastings (CGRS) y el Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CDHUNLa), con apoyo de organizaciones de toda la región, analizó las causas estructurales de la migración forzada de niños, niñas y familias en estos países.
En cuanto a México, el estudio determinó que los niños y las niñas que se ven forzados a migrar es porque aquí, como en los otros países centroamericanos, la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privados de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos.
El documento señala que en México los menores migran para reunirse con sus familias o en busca de oportunidades para desarrollarse, y destaca, que la migración cada vez se debe a que salen “huyendo de la violencia y la amenaza de la violencia”.
“La violencia cometida por los carteles de la droga, las pandillas y otras organizaciones criminales provoca desplazamiento interno dentro de México y la migración de niños y adultos desde México”, explica el estudio.
