Las denuncias en contra de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, están detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía General del Estado, porque hay intereses de políticos a nivel nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ligados con empresarios de la región, afirma en entrevista Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo. El Gobierno del Estado dice que es la PGR la que actúa con lentitud y que las auditorías de la administración anterior aún continúan.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo)– Las denuncias en contra de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, están detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía del Estado, debido a que hay priistas de alto nivel involucrados en los negocios del ex mandatario con empresarios de la entidad, dijo en entrevista con SinEmbargo Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo.
“El 25 de septiembre se interpuso una denuncia contra Borge el día que perdió el fuero constitucional, no tenemos ningún avance. El Gobierno del Estado se queja de la lentitud con la que opera la PGR, pero aquí nosotros vemos que no ha sucedido nada con la Fiscalía del Estado. Entonces estamos peor que la PGR, porque hay delitos de comisión de fuero común y los datos de prueba son los mismos que se entregaron ante la PGR, y que el mismo Gobernador [Carlos Joaquín González] y la Consejería Jurídica tienen sobre la venta de predios, donde se pueden configurar delitos como peculado. Ellos en la Fiscalía local no han actuado”, afirmó.
La organización que dirige Cortés Miranda interpuso tres denuncias, en noviembre de 2016, ante la PGR en contra de 11 personas, incluyendo al ex Gobernador y a su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castillo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La madre de Roberto Borge compró, de acuerdo con la denuncia, un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona privilegiada de Cozumel, por el que pagó 15 millones de pesos sin registrar actividad económica.
Además la organización denunció a Juan y Raúl González Angulo, tíos del también ex Gobernador Félix González Canto; a César Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Roberto Borge; a Franco González, otro pariente de González Canto por ser los operadores de Barcos Caribe; a María Pinedo, secretaria de Roberto Borge y cuidadora de su madre; Fernando Escamilla Carrillo, Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco, Raymundo Cámara, Pedro Pech Bolom, Noemí Rodríguez Ramos y Darío Flota Ocampo.
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El 25 de septiembre de 2016, el día que Borge Angulo perdió el fuero, la organización presentó la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 ante la Fiscalía del Estado por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito por la venta a menor precio de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal.
Pero a varios meses de distancia, las denuncias ante la PGR están completamente detenidas; mientras, la Fiscalía del Estado muestra una “falta de voluntad” por dar seguimiento a la demanda interpuesta a nivel local.
“Hay una falta de voluntad de actuar, la denuncia que interpusimos es FGE/QR/SOL/09/3943/2016, por si dicen que se les perdió. La Fiscalía local dice que existen órdenes de aprehensión en contra de algunos ex funcionarios, en contra de Borge no hay ninguna, además esas órdenes de aprehensión sólo existen en los medios de comunicación, porque no se ha ejecutado ni una”, dijo.
Cortés Miranda aseguró que la lentitud en las investigaciones a nivel federal y estatal responde a que hay intereses de políticos a nivel nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con empresarios de Quintana Roo.
“Aquí la situación es más estructural, hay grupos empresariales ligados a políticos, estás hablando de personajes públicamente ligados a Manlio Fabio Beltrones. Aquí los vínculos son más claros, más evidentes, comprobables; nosotros atribuimos a esos vínculos entre políticos de alto nivel del PRI y personajes del estado de Quinina Roo, el lento avance de las investigaciones”, dijo.
Hernán Cordero Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún y representante en Quintana Roo de la organización civil Ángel Ciudadano, destacó que los habitantes de la entidad desean ver “más muestras de cumplimiento de promesas” por parte del Gobierno actual.
Cordero consideró que la actuación de las autoridades locales es lenta, pues no se ha girado una orden de aprehensión en contra de Roberto Borge, como sí ocurrió en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, ex mandatario de esa entidad, y en Chihuahua en el caso del ex Gobernador César Duarte Jáquez.
“Los gobiernos entraron en las mismas fechas y está raro que aquí no haya una orden de aprehensión con tanta evidencia que dicen que tienen. Hay notas a diario sobre lo que están encontrando: irregularidades y delitos que cometió Borge. Ellos mismos están afirmando que es un delincuente, pero lo tienen con escoltas”, explicó.
El lunes periódico Reforma publicó que Borge tenía para su protección 44 escoltas, 12 vehículos oficiales asignados por el Gobierno del Estado y 11 agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo.
Por la tarde el Gobierno de Carlos Joaquín informó que el Comité de Autorización de Escoltas de ex Funcionarios Públicos sesionó y decidió retirarle 34 de esos escoltas. Pero Borge se quedó con 10 escoltas a su servicio y tres vehículos, pues la Ley así lo prevé.
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PGR ES LA LENTA: GOBIERNO DEL ESTADO
Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, explicó que las denuncias en contra del ex Gobernador y su Gabinete van en dos vías: las del fueron común y ante la PGR.
Y aunque en ambos casos se han tenido avances “sustanciales”, dijo, la “PGR debe redoblar el esfuerzo y acelerar el paso en las investigaciones”, en las denuncias que tiene que ver con lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.
En cuanto a la actuación estatal, el funcionario aseguró que las auditorías a la administración de Roberto Borge continúan, que a la fecha hay entre 15 y 17 denuncias en contra de diversos ex servidores públicos.
“Hay varias órdenes de aprehensión en el estado. Hay nuevos procedimientos, están corriendo las auditorías, todavía hay en curso”, explicó.
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Del Pozo Dergal dijo que estaba impedido para hablar sobre el estatus de las órdenes de aprehensión que hay en la entidad en contra de ex funcionarios públicos de la administración de Borge.
El Gobierno de Quintana Roo denunció el año pasado ante la PGR la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva de la entidad administradas por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE). En todos los casos los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR abrió una investigación en contra de Roberto Borge en febrero de este año por la venta irregular de terrenos con un valor de hasta 5 mil millones de pesos a presuntos prestanombres. La PGR investiga al ex Gobernador por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en febrero de este año aseguró 25 inmuebles.
Sin embargo, no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Roberto Borge.
