Shaila Rosagel y Marco Antonio Martínez
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Bastaron 24 horas de presión social para que el Gobernador priista de Quinta Roo, Roberto Borge Angulo, tirara la toalla y pusiera freno a la Ley de Ordenamiento Social que el Congreso, dominado también por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó el lunes pasado.
Ayer, mientras políticos quintanarroenses y activistas criticaban esa ley por criminalizar la protesta social y se organizaban para detener la legislación calificada de “represora” y “al estilo del más viejo PRI”, el Gobernador del tricolor anunció que echaba atrás la decisión de los diputados locales para someterla a un nuevo y “cuidadoso análisis”.
Por medio de un comunicado difundido por la Unidad del Vocero, el Gobernador planteó: “Seremos cuidadosos de que no se afecte la libre expresión de las ideas ni se coarten las garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución”.
Horas antes, la organización Artículo 19 se pronunció contra la Ley de ordenamiento Social y la consideró “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.
Desde el lunes pasado, activistas y organizaciones de la sociedad civil se opusieron tajantemente a la iniciativa aprobada por el Congreso para regular las marchas.
Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, dijo a SinEmbargo que la legislación era un ejemplo de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al PRI.
Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.
Minutos antes de que Borge Angulo diera marcha atrás a la iniciativa priista, políticos de Quintana Roo que se dicen “víctimas del estilo de gobernar” del priista, alertaron que la legislación no parecía venir sólo del gobernante quintanarroense sino que responde al PRI, por lo que anunciaron algunos procedimientos para revertirla.
“Él no está solo, pertenece a un partido político. Quintana Roo siempre ha sido gobernado por el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y Borge tiene un Presidente de partido y de la República que es [Enrique] Peña Nieto. ¿Cuál es la opinión de ellos? No pueden estar por arriba de los derechos de los ciudadanos”, cuestionó Graciela Saldaña Fraire, Diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Para la legisladora, la Ley de Ordenamiento Social se hizo “con los ojos cerrados” y siguiendo el mandato de Roberto Borge. “Pero los legisladores no pueden estar pasando leyes por mandato, con los ojos cerrados, que afectan a la gente. Yo apelo a su sentido común como legisladora, como ciudadana”, dijo.
UNA LEY INCONSTITUCIONAL
Ayer, Saldaña Fraire expuso que la nueva Ley de Ordenamiento Social es un retroceso y una nueva forma de represión en contra de la población, por lo que solicitaría la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Unión para proponer un punto de acuerdo.
“Lo digo de manera respetuosa, todos los gobiernos tienen derecho a su autonomía, pero cuando afectan a los ciudadanos uno tiene que opinar. Como Diputada Federal daré mi opinión y pediré que se elimine esa Ley”, afirmó.
Por su parte, el presidente del PRD en Quintana Roo, Julio César Lara Martínez, invitó al Gobernador Roberto Borge a reflexionar sobre la Ley.
“La Ley ya fue aprobada, pero se tiene que publicar. Yo haría un llamado a Borge a que tenga sensibilidad política y no publique esta Ley. Es una oportunidad que tiene su gobierno para escuchar a los ciudadanos”, dijo Lara.
El dirigente perredista adelantó que el PRD echará mano de una acción de inconstitucionalidad a través de la CNDH y promoverá amparos.
“Esa es la ruta que vamos a seguir, porque esa legislación es restrictiva, pretende criminalizar a las marchas y atenta en contra de los derechos humanos”, destacó.
Lara Martínez indicó que la Ley de Ordenamiento Social de la entidad es una copia mal hecha de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
“Pero con la diferencia que la del DF regula, y la de Quintana Roo restringe. Tomaron lo que les conviene nada más, lo que está en contra de los ciudadanos y se beneficiaron ellos”, dijo.
VÍCTIMAS DE BORGE
Graciela Saldaña conoce bien la forma en la que el Gobernador del PRI reprime a sus opositores. Ella fue víctima de acoso durante las elecciones del 7 de julio del año pasado, cuando contendió por el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).
“Por poco más de dos años yo vengo viviendo esta represión, siempre ha habido una cuestión de acoso, pusimos poco más de 100 quejas y ninguna prosperó en las elecciones pasadas. Yo puedo pedir juicios políticos en contra del gobernador, puedo manifestarme, pero ya es hora de que dejemos de perder el tiempo en esto; hay tantos problemas que resolver en Quintana Roo por favor”, dijo.
Antes y después de las elecciones de julio de 2013, la entonces candidata denunció la operación de Borge para obtener el triunfo para el PRI en Cancún.
“Se estuvieron denunciado las irregularidades y nunca se instaló la mesa de la Fepade (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales), nunca se dio un seguimiento a alguna demanda y se repartió muchísimo dinero, incluso a la gente que trabajó con nosotros. Les dieron desde 80 mil pesos para que no salieran a votar y que no sacaran a su gente”, denunció Saldaña días después de la elección.
Saldaña narró que el 7 de julio el PRI compró incluso a representantes de casilla perredistas y utilizó a la Policía Judicial del Estado para amedrentar a los votantes y a los funcionarios del PRD que vigilaban los comicios.
“Es indigno, increíble, nunca había vivido una elección ni como candidata, ni como ciudadana donde la Policía Judicial se metiera a las casas de mis compañeras, encañonara a diputados federales. Parece que aquí paso todo y al mismo tiempo no pasó nada, porque no se sabe y nadie lo dice”, dijo.
Una semana antes de las elecciones los comités estatales del PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo denunciaron en la sede nacional del Sol Azteca en la Ciudad de México, un clima de “terrorismo electoral” creado por Roberto Borge Angulo, para inhibir el voto.
La violencia en la entidad en torno al proceso electoral se recrudeció durante los meses previos con la quema de ocho automóviles de los candidatos de la alianza electoral PRD-PAN, amenazas e incluso ataques a las sedes estatales de ambos partidos, así como destrucción de 60 por ciento de la propaganda electoral de la candidata Graciela Saldaña.
IGNORA A LA SOCIEDAD
Por su parte, la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Chetumal, Quintana Roo, Jessica Chávez García, no se visualiza pidiendo permiso al gobierno estatal para hacer una manifestación.
“Asumimos que estamos en un país libre, eso no tendría que pasar y están acotando libertad de expresión, el PAN no avaló esta medida y esperamos que haya pronunciamientos de líderes sociales”, planteó.
“Es un gobierno que no está acostumbrado a cualquier tipo de manifestación, la represión no es la generalidad pero sí ha habido intentos de represión”. Se refirió a las manifestaciones de los maestros ocurridas en Cancún y Chetumal a inicios de este año y a lo largo del año pasado.
“Es el caso de los maestros que se manifestaron en Chetumal a las puertas del Palacio de Gobierno les aplicaron medidas de presión, hubo jóvenes que sufrieron intimidación. También hubo manifestaciones de transportistas, no avalamos que se afecte el desarrollo económico, pero una ley que limita es un acto de intolerancia”, expuso.
Criticó que no haya habido consultas sobre la ley y se haya ignorado a la sociedad.
“Con esta medida se reafirma la línea del gobierno de Quintana Roo y coloca al estado con más reflectores y da señal de alerta de lo que pasa, donde hay indicios de una entidad vieja y con actitudes de intolerancia”.
