La élite del poder ya no puede seguir desviando la atención del tema de la corrupción; representantes de distintos sectores le advierten al Gobierno que es momento de cumplir la promesa de meter a la cárcel a responsables de este tipo de actos, sin importar su cercanía con quienes se han cobijado del pacto de impunidad.
Por Shaila Rosagel y Juan Luis García
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– México necesita romper el pacto de impunidad que desde hace décadas mantienen políticos, gobierno y partidos, antes de que el país colapse ante la falta de Estado de Derecho, advirtieron analistas, activistas y legisladores.
Ese pacto también incluye a magistrados, autoridades y todos aquellos actores relacionados con el poder en México.
“Es un pacto de impunidad bien consolidado que permite que la clase política, tenga un gran margen que le permita adaptarse a situaciones cambiantes. Es el soporte fundamental de la política mexicana, que tiene como supuesto que no habrá castigo penal como regla para la corrupción, sólo cuando se necesite una válvula de escape, como el caso de Elba Esther Gordillo [la ex presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación]”, explicó el activista Jesús Robles Maloof.
El pacto de impunidad prevé desviar la atención hacia otros temas, como los chivos expiatorios, señaló.
“El ejemplo más claro es que México es el único, de todo el hemisferio, que no tiene una sola sentencia contra delitos de lesa humanidad desde los años 70 a la fecha, como las tienen Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador que vivieron dictaduras”, agregó.
Robles Maloof lamentó que este pacto no escrito parezca invencible, porque “goza de muy buena salud” e indicó que la sociedad está imposibilitada para influir en la toma de decisiones.
“Pero las elecciones no sirven para romper ese pacto. Por ello hay que crear municipios independientes, meter candidatos ciudadanos y votar por alternativas que no hayan estado en el poder. Si Morena [Movimiento Regeneración Nacional], MC [Movimiento Ciudadano] o cualquier partido de izquierda llega, el requisito es que tendrá que romper ese pacto en su primer año. Perseguir a los corruptos de México, si no lo hacen en su primer año, pasarán a ser más de lo mismo”, dijo.
En febrero pasado, el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
El informe explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
LA SOCIEDAD YA NO AGUANTA
José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que la principal fuente de legitimidad de ese pacto de impunidad es el voto.
“La gente reclama sus actos de corrupción, sin embargo van y los avalan, lo cual es renovar de alguna manera y darles la oportunidad de que sigan actuando como han venido actuando. En lugar de cambiarlos, los premian. No me refiero a un partido u otro, sino a todos. Toda la votación es una fuente de legitimidad de todo el sistema de partidos, salvo los votos por los independientes, pero fueron muy pocos”, dijo.
El politólogo indicó que aunque las encuestas apunten a que la sociedad mexicana está en desacuerdo con la corrupción y la credibilidad de las autoridades esté cada vez más a la baja, las elecciones no sirven para romper con la impunidad.
“No sé qué tiene que cambiar, porque mientras los sigan legitimando, los partidos se dan por autorizados para continuar en lo que están”, opinó.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), coincidió con Robles Maloof: en México hay un pacto de impunidad que sólo persigue a funcionarios, cuando cometen algún error político y cuando ponen en riesgo a todo el sistema que los sostiene.
La impunidad, de la mano de la corrupción, parece no tener fin. Se sostiene en una sociedad que aguanta y que se preocupa por el día a día: comer, ganar dinero para subsistir y no ve más allá, explicó.
“Ya hay muestras de que no va aguantar siempre, tenemos a las autodefensas en Michoacán, a la gente que se está haciendo justicia por su propia mano, que está participando en linchamientos, a las organizaciones civiles que están siguiendo las cifras de violencia, que están contando a los desaparecidos, pero aún tenemos una sociedad muy pasiva que aguanta y aguanta”, dijo.
La forma más sencilla para ir en contra del pacto de impunidad, es el voto, indicó. Sin embargo el sufragio en ocasiones se vuelve un ejercicio complejo, que tampoco garantiza el avanzar hacia una sociedad más justa.
“Como el Alcalde de San Blas [Nayarit] que dijo que robó poquito, vuelve a competir y vuelve a ganar. En las votaciones no todo es el voto libre. Tenemos que estar presionando con acciones concretas, ver cifras, estarlos evidenciado, presionar para tener legisladores honestos. El trabajo es mucho y no sé si ya tocamos fondo para empezar”, opinó.
El cambio puede llevar décadas, opinó Ivonne Acuña: “¿Hasta dónde vamos aguantar? Es una muy buena pregunta. Ya tuvimos dos revoluciones, dos pruebas de que este pueblo aguanta mucho, pero que revienta. Lo malo es que cuando revienta es violentamente y se va a destruirlo todo. Lo deseable es que fuera gradual, pero va muy despacio. Todos los días hay desaparecidos, muertos, mujeres asesinadas asaltos”.
ZEDILLO Y THE ECONOMIST
Ayer, el semanario inglés The Economist publicó un amplio texto en el que advierte que para restablecer el Estado de Derecho, el Presidente Enrique Peña Nieto tiene que capturar no sólo a criminales, sino también a políticos envueltos en actos de corrupción.
Advirtió que para que los mexicanos tengan confianza en que sus líderes son serios en el combate a la corrupción, los políticos tendrán que vigilarse a sí mismos.
“Si Peña Nieto quiere afianzar el Estado de Derecho, los políticos corruptos, así como los mafiosos pistoleros, tendrán que rendir cuentas. Su propuesta de un ‘sistema anticorrupción’ formado por agencias independientes se está abriendo camino en el Congreso. El propio Peña ha sido avergonzado por acusaciones de conflicto de interés relacionadas con el financiamiento de la casa de su esposa; una investigación lo exoneró de irregularidades. Para que los mexicanos tomen en serio a las acciones contra la corrupción de sus líderes, los políticos tendrán que vigilarse mejor a sí mismos”.
El reporte cuenta también cómo los números de la violencia han vuelto a crecer.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016, indica que el homicidio doloso a nivel nacional repuntó en enero pasado, al registrar 50 asesinatos diarios, cuatro más que los 46 contabilizados por día en el primero mes de 2015.
Otro llamado de atención sobre la falta de Estado de Derecho en el país vino de un ex Presidente del mismo partido de Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien aseguró durante una conferencia dictada en el Graduate Institute de Ginebra que la falta de un Estado de Derecho es el primero, segundo y tercer problema que enfrenta México.
“Tres problemas impiden el desarrollo de México. El número uno es el Estado de Derecho. El número dos, el Estado de Derecho y, el número tres, el Estado de la Derecho”, refirió.
¿Y EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN?
Ante estos comentarios, diputados de oposición urgieron a destrabar el Sistema Nacional Anticorrupción (ASF), actualmente en manos del Senado de la República, y donde la Comisión Anticorrupción la preside el legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, yerno del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Este es un tema que va impactar en no menos de 20 ordenamientos legales, de diversa índole. El 27 de mayo de 2015 se promulgó la Reforma Constitucional para Crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y se dio un plazo de un año para que se aprueben las leyes reglamentarias.
“No veo tampoco una comunicación efectiva con la cámara de senadores, que es donde está actualmente la discusión, así que, por supuesto, que corremos el riesgo de que el plazo constitucional nos agarre con los dedos en la puerta. Y eso es muy peligroso, porque vamos a estar legislando contrarreloj, y eso lo único que genera es abrir la posibilidad de que se cometan errores garrafales. Por estar justamente legislando al vapor. Para que no se le dé el tiempo suficiente y necesario a la discusión, y al análisis que implica esta que si se hace bien, sería la reforma más importante que se haga durante este sexenio”, señaló Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
Waldo Fernández González, Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, expresó que México es un país donde no prevalece el Estado de Derecho, donde prevalece la impunidad, donde no hay certidumbre legal para invertir, “cuando tienes un permiso federal pero de repente un Gobernador, o un Alcalde te quiere fijar un impuesto, lo único que hace es que aleja la inversión. Esto aunado a que no hay Estado de Derecho, y eres víctima de un fraude o una problemática de esas se pasan años para resolverlo.”
Fernández González tiene pocas esperanzas de que se aceleren todas las iniciativas pendientes para cimentar un Sistema Nacional Anticorrupción eficiente e imparcial.
“Lamentablemente, lo que creo que está sucediendo es que se nos va enrarecer con el tema de las campañas políticas. Ojalá y no, pero no veo condiciones para que vaya a salir en tiempo. No veo porque no se ha resuelto ya. No veo condiciones, ojalá y esté equivocado y en el Senado se pueda desentrampar”, expresó.
Santiago Taboada Cortina, Diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró también que el debate ya no se puede aplazar por más tiempo.
“Es una prioridad, por qué, porque es la única bandera que nos va permitir recobrar algo de la confianza ciudadana. Si no somos capaces de legislar si quiera algo que la gente quiere, que es atacar la corrupción de raíz y evitar estas fortunas que se hacen en tres años, o seis años, la única manera es con este sistema y si no es así también tendremos que hacerlo saber como partidos de oposición que esto no es una prioridad de los que han tenido en este sexenio mayores señalamientos de actos de corrupción y es el PRI Gobierno”, señaló.
La discusión del SNA en las cámaras cumple tres años sin que hasta ahora se haya logrado poner en funciones, por lo que el legislador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero Pedraza, consideró que aunque está planeado para no castigar a los responsables mayores de la corrupción en los Gobiernos, “lo siguen viendo como un peligro para ellos. Empezando porque es el propio Presidente de la República el que elige a los comisionados del SNA, es decir, de la misma forma que lo hacen con el titular de la SFP [Secretaría de la Función Pública]”.
Insistió en que ante las circunstancias que vive el país y las demandas ciudadanas, “no podemos detenerlo tampoco mucho más, porque fue parte de la campaña política del Gobierno. Ya va venir tarde, aunque lo aprueben mañana, el retraso es parte de la estrategia corrupta del Gobierno”.
