La Policía Comunitaria es antigua en México, particularmente en zonas indígenas, pero la proliferación de grupos de autodefensa, por inacción o protección del Estado, puede desencadenar anarquía y el surgimiento de grupos paramilitares.
Ciudad de México, 26 de feb (SinEmbargo).– La cifra que los legitima, es fría y contundente: 95% disminuyó el índice delictivo en la montaña y la costa chica de Guerrero desde que crearon, hace 18 años, el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, compuesto por 700 policías que prestan servicio de manera gratuita para proteger a más de 300 mil habitantes.
Antes de la Policía Comunitaria reinaba el caos: asaltos indiscriminados, mujeres y niñas violadas delante de sus padres y esposos; ejecuciones, robos, narcomenudeo... Los culpables no eran detenidos y en los pocos casos que había arrestos, la corrupción y el inoperante sistema de justicia, liberaba a los delincuentes.
Las comunidades indígenas afectadas por esta ola de “violencia despiadada” decidieron organizarse para combatirla con un sistema de seguridad propio. Cada comunidad eligió un grupo de policías coordinados a la vez a nivel regional por un Comité Ejecutivo.
Fue así como nació la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), nombrada en Asambleas Regionales, cuyo objetivo se centra en la procuración y administración de justicia, basado en un reglamento interno derivado de las formas indígenas de resolución de conflictos.
75 COMUNIDADES, 75 POLICÍAS
“Las policías comunitarias son legales. Históricamente han formado parte de la estructura organizativa de los pueblos. Están protegidas por el derecho internacional, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas y en la Constitución Mexicana, en el Artículo 2 “que establece que, los pueblos como parte de su autonomía, pueden decidir sus formas internas de convivencia y organización social, aplicar su propio sistema normativo en la resolución de sus conflictos, y elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y practicas sobre la seguridad y sus representantes”, dice Francisco López Bárcenas, abogado especializado en Derecho Indígena y miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Autor de una veintena de libros, el más reciente, Autonomía y Derechos Indígenas en México, explica que las policías comunitarias datan del siglo XIX y hay grandes ejemplos, como la guardia tradicional Seri, una policía armada que aún cuida el territorio de los indígenas Seris de Sonora que habitan en El Desemboque, Pitiquito y Punta Chueca en el municipio de Hermosillo.
Otras de las primeras policías comunitarias fueron la Guardia Tradicional Yaqui y la Guardia Maya de Chan Santa Cruz, que guió a los mayas en su lucha en 1847: “Son ejemplos de policías comunitarias históricas que tienen vigencia actualmente. Podemos unir todas las policías que hay en los pueblos y son muchas”.
De hecho, según estimaciones, más de 75 comunidades indígenas tienen policías comunitarias. La Secretaría de Gobernación hasta ahora ha contabilizado 17, sólo en Oaxaca y Guerrero.
Aunque la existencia de las policías comunitarias es antigua, en las últimas semanas el tema ha causado polémica. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí García, presidente de la Fundación México SOS, rechazaron a las policías comunitarias ante el riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares: “Por supuesto que no estoy a favor de eso, porque si cada quien puede regirse por la ley que quiere, ¿qué México podemos esperar? Se puede convertir en un tipo de paramilitares”, dijo Morera.
Sin embargo, para el Centro Miguel Agustín Pro, la presencia de las comunitarias está justificada por la falta de seguridad en diversas regiones del país: “las autoridades no han atendido debidamente las medidas de seguridad por parte de las autoridades federales, estatales y municipales”, afirmó su director José Rosario Marroquín.
El incremento de los grupos de autodefensa en los últimos meses ha generado una controversia inusitada, como si el fenómeno fuera nuevo: “El movimiento de autodefensa como tal, existió en el siglo pasado con Rubén Jaramillo, un movimiento de campesinos cañeros a finales de los 40 en Morelos, nacido para enfrentar al cacicazgo local y las autoridades corruptas”, dice la periodista y escritora, Laura Castellanos, autora de México armado: 1943-1981, un libro emblemático que da cuenta de los movimientos guerrilleros.
Advierte que una cosa son las policías comunitarias y otra las autodefensas: “Son dos expresiones de seguridad distintas. Las autodefensas se ubican en un nivel básico de seguridad para responder a una circunstancia determinada de riesgo o violencia; mientras la policía comunitaria es todo un proceso distinto en el que son elegidos en asamblea y tienen que dar cuentas, tienen una responsabilidad comunitario de coordinación y articulación”.
En el caso de las policías comunitarias, expone que fueron inspiradas por el proceso de la autodeterminación de los pueblos promovida por Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Autora del libro Corte de Caja, que contiene una larga entrevista al Subcomandante Marcos, plantea que a partir de 1994 las comunidades indígenas empiezan distintos procesos para ejercer sus derechos. Pero es en 2003, cuando se crean “los caracoles y las juntas de buen gobierno” Zapatistas, una extraordinaria forma de resistencia y autonomía de los pueblos indígenas, cuando se empieza a ver estos procesos en otras partes de la República: “Si bien al interior de las comunidades indígenas hay una figura que podemos llamar de policía comunitario, la experiencia exterior de Policía Comunitaria empieza a funcionar en 1997”.
¿AUTODEFENSAS O PARAMILITARES?
El ejemplo del grupo de autodefensa, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Ayutla de los Libres, está bajo sospecha. Para el abogado López Bárcenas existe una utilización por parte del Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
La UPOEG inició hace tres años y muy rápido estableció relaciones con el gobierno de Guerrero: “Mientras estuvo gestionando recursos públicos y servicios no tuvo problemas. Pero desde el 9 de enero comenzaron a realizar acciones de la policía comunitaria con el nombre de la comunitaria, sin ser miembros. Incluso comenzaron diciendo que iban contra la delincuencia organizada. Eso molestó a la policía comunitaria”, dice el abogado especialista en derechos indígenas.
Añade: “Lo que hemos visto públicamente es que han estado muy cercanos al gobernador de Guerrero, sin que hayan nacido como parte del gobierno, el gobierno ha instrumentado una estrategia de usarlos, primero para detener el avance de la Policía Comunitaria y segundo, de paso, para desprestigiar el derecho de los pueblos indígenas, ahora que han aparecido otra vez los Zapatistas”.
–¿La UPOEG se puede convertir en una organización paramilitar?
–Exacto. Ese es un peligro de los grupos de autodefensa, derivar en paramilitares si el gobierno los coopta y los lleva a su lógica.
La UPOEG ha estado en el centro de la controversia. El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera ha criticado a los gobernadores de los estados donde operan las autodefensas: “Los gobernantes de esas entidades deben, con preocupación y responsabilidad, atender las necesidades de la población, y si no son capaces y suficientes de brindarles protección, seguridad y justicia a cada una de ellas deberían de replantear en buena parte el funcionamiento de su gobierno y de ellos mismos”.
El Gobernador Ángel Aguirre contestó: “Manlio Fabio, este, yo pienso que se quedó anclado en el pasado, se quedó hace 30 años, seguramente que las expresiones que tuvo responden a su vocación represora, recuerden nada más de dónde se formó y en lugar de solamente verter críticas sobre algunos estados, o gobernadores, debe de preocuparse por generar mejores condiciones y mayores recursos para entidades como Guerrero. Yo creo que también sigue respirando por la herida”.
Beltrones respondió: “Yo no personalizo ninguna discusión, primero me voy a enterar si estaba sobrio, para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable”.
López Bárcenas aclara que los grupos de autodefensa tampoco son nuevos: “Históricamente los pueblos se han armado cuando llegan al límite de no poder negociar nada con el Estado como sucedió con las rebeliones del siglo XIX.
–¿Qué los distingue? ¿Cuál es la diferencia entre autodefensas y policías comunitarias?
–No es tan simple decir que todos son lo mismo. Hay que diseccionar a cada uno para que tengan su justo lugar. Las autodefensas, aunque su objetivo es proteger a los pueblos, no dependen de ellos, no los nombra el pueblo. Se autonombran. La CRAC comenzó como grupo de autodefensa y muy rápido evolucionó hacia Policía Comunitaria. Los paramilitares son creados por el Estado para agredir a los pueblos”.
Como ejemplo menciona la localidad de Santos Reyes Nopala en Oaxaca: “El Presidente Municipal, que en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, estuvo ligado a las caravanas de la muerte, ahora resulta que está creando la Policía Comunitaria. Esos, evidentemente no son policías comunitarios, ni grupos de autodefensa. Son paramilitares. Son estrategias de este gobierno para negociar con el actual gobernador Gabino Cué Monteagudo”.
De igual forma sucede en Jalisco donde se están formando en la zona sur, en la Sierra de Manantlán, pueblo náhuatl, y también en el Estado de México: “Son grupos raros como el de Oaxaca. Los gobiernos están usando a las autodefensas, es lo que se me hace peligroso. Utilizando a estos grupos armados para maniobrar con otros intereses y meterlo todo en un saco: comunitarias, autodefensas y paramilitares. Y entonces la confusión es terrible”.
–¿Cuáles son los riesgos?
–Uno de ellos, es que el gobierno llegue a cooptar los grupos de autodefensas. No me preocupan las policías auténticamente comunitarias, porque esas las controlan los pueblos. El problema, es que los grupos de autodefensas deriven hacia paramilitares. Los gobiernos cambian las demandas de los pueblos, por proyectos, dinero y corrompen a la gente. Eso es un grave peligro”.
Y añade: “Se pueden producir varias cosas: desde que el gobierno use a las autodefensas para decir que en realidad el problema de los pueblos es la pobreza y no el ejercicio de autonomía. Les quitarían la autonomía a quienes han luchado por ella. Se pueden producir juicios en donde arbitrariamente, sin sujeción a ninguna norma puedan emitir sentencias injustas, se pueden producir grupos paramilitares, dependiendo del nivel de cooptación”.
Sin embargo, en un reciente comunicado, la CRAC niega cualquier tipo de problema con la UPOEG: “Los invitamos a no contribuir a la generación de confusión y a no profundizar la impresión de una división entre los pueblos, porque en nuestra observación y diálogo en el territorio, la gente, los habitantes de las comunidades, se dicen ajenos a esta polarización mediatizada entre la UPOEG y la CRAC toda vez que ambos son movimientos de la región en los que participan conjuntamente muchos de los/las habitantes”.
Y añade: “Desde décadas los pueblos originarios de la montaña y costa de Guerrero han logrado solucionar las problemáticas y dificultades que se les presentan en su territorio, siempre con un ánimo de diálogo respetuoso y autocrítico que con base en la comunicación e intercambio de puntos de vista ha contribuido eficazmente a la construcción de la paz y al proyecto propio de los pueblos”.
Desde muy distintos ámbitos, se pide la regularización de policías comunitarias y autodefensas, a fin de evitar la anarquía de las armas: “Rayan en la ilegalidad. No son legales, debe legalizarse su participación y alcance, tipificar en la ley sus atribuciones y ámbitos de acción con claridad”, considera René Juárez Cisneros, ex Gobernador de Guerrero e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado.
LA JUSTICIA POR SU MANO
La imagen de encapuchados conduciendo a decenas de detenidos para ser enjuiciados sorprendió. En una asamblea popular, la UOPEG sometió a juicio a un total de 54 presuntos delincuentes, que fueron “retenidos bajo resguardo”, acusados de distintos tipos de crímenes. Luego por intervención del gobierno liberó a 11 de ellos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la creación de grupos de autodefensa: “Nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno”, dice el comunicado.
La advertencia es clara: si las autoridades de los tres niveles de gobierno no cumplen con su función esencial de brindar seguridad pública se corre “el riesgo de que estos grupos armados se extiendan a otros estados de la República: “Existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares con intereses distintos a la autoprotección, mismos que quebrantan la estabilidad de las instituciones”. Los grupos de autodefensa, hacen de legisladores, agentes del Ministerio Público, jueces y a veces ejecutan penas. “Esta situación resulta sumamente preocupante, puesto que las violaciones al debido proceso que cometan difícilmente podrán convalidarse por las autoridades ministeriales o jueces, que eventualmente pueden dejar en libertad a personas probablemente responsables de delito, abonando a la impunidad lo que pretendan combatir”. En la singular forma de impartición de justicia, las autodefensas y las policías comunitarias también se distinguen.
Para las comunitarias, la impartición de justicia se basa en un reglamento interno de las formas indígenas de resolución de conflictos. Se trata de un sistema jurídico autónomo. La CRAC, por ejemplo, sanciona todo tipo de delitos, incluidos graves crímenes como violación, homicidio, tráfico de drogas o secuestro.
La Policía Comunitaria intenta con su particular sistema de justicia la reeducación de los delincuentes a través de trabajo social a favor de las comunidades. Son vigilados por los propios policías comunitarios y alimentados por el pueblo. Luego, las autoridades de la comunidad intentan a través de platicas hacerlos reflexionar para que cambien sus conductas delincuenciales.
Laura Castellanos quien ha estudiado a estas comunidades indígenas dice que este sistema ha dado buenos resultados: “Han bajado sus índices de delincuencia más de 90 por ciento. Han logrado separar las dos instituciones de seguridad: una es la Policía Comunitaria y otra la que realiza las funciones de justicia. No son juez y parte. Unos detienen y los otros que involucran a las asambleas locales y regionales con la estructura tradicional de cargos indígenas, son los que hacen los juicios y ponen las sanciones”.
Por ejemplo, comenta que los delincuentes deben llegar a un acuerdo con las personas a las que dañó por sus actos. Y si no es posible, entran en un proceso de reeducación donde a los detenidos los rotan entre diferentes casas de justicia y hacen un trabajo de servicio a la comunidad.
“Me tocó ver en la casa de Espino Blanco que en la cocina había un hombre que todas las mañanas lo sacaban de su celda y se iba a la cocina para ayudar a la señora y hacer las tortillas. Luego me enteré que estaba preso por borracho y por pegarle a su mujer. Entonces la sanción era ayudar en la cocina. Y a otros les toca arreglar la escuela, limpiar. Pero es un proceso no de exclusión, ni denigración; sino de reeducación”.
COLOMBIA, EL EJEMPLO
Cada día, más pueblos se “declaran en autodefensas”. Los últimos lugares:
El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero, pertenecientes a Tixtla, Guerrero; antes lo hicieron en Atliaca, Acatempa y El Durazno, donde también se armaron contra la delincuencia común y organizada, bajo el argumento de vacío de poder e inseguridad.
Recientemente, también se han creado grupos de autodefensa en Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Javier Sicilia lo justifica: “Es absolutamente legítimo frente a un Estado que no hace nada, un Estado rebasado, un Estado que ha dejado que el crimen organizado tenga elementos criminales también de gobierno, de las policías y del Ejército que estén dañando las poblaciones. Evidentemente pueden surgir grupos paramilitares del narco o grupos delictivos o grupos propiamente, como también ha sucedido, armados por el Estado para generar más desastres”.
El boom del surgimiento de las autodefensas en Michoacán o Guerrero fue en octubre del año pasado. ¿Por qué hasta ahora ha generado tanta controversia?
El abogado López Bárcenas constesta: “Hubo un vacío dejado por el gobierno federal. Los pueblos comenzaron a sentir presión de la delincuencia y se organizaron. Pero de enero en adelante, cuando aparecen los Zapatistas, el Estado trae una estrategia de control en doble sentido: no dejar que sigan proliferando los grupos de autodefensa, pero también usarlas para desprestigiar los Acuerdos de San Andrés en particular y los derechos indígenas en general”.
Lo más grave, insiste, es que esto sea utilizado por los estados y surja el fenómeno paramilitar: “El peligro es que esto vaya derivando como el caso de las Autodefensas Colombianas. Sería terrible. ¿A ver quién controla eso?”.
