El órgano de transparencia detalló en un comunicado que un particular pidió sin éxito los reportes a la Policía Federal, la cual se reservó la información por un periodo de 12 años.

La institución, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), argumentó que los reportes forman parte de una averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tras la revisión del comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, la Policía Federal puso a disposición del particular una versión pública de los reportes sobre los hechos registrados en Tanhuato, Michoacán.

El comisionado admitió que las dos notas informativas entregadas contienen datos que deben mantenerse bajo reserva pues pueden poner en riesgo el estado de fuerza de la Policía Federal, la seguridad pública, así como la vida y la seguridad de los agentes que participaron en la operación.

Sin embargo, destacó que también contienen información de interés público, por lo que consideró importante divulgar el contenido de dichos documentos.

La información relacionada con averiguaciones previas es susceptible de reserva para no alterar los procedimientos judiciales, pero en este caso Acuña determinó que prevalece el interés público.

Por ello, el INAI instruyó a la Policía Federal elaborar una nueva versión pública de las notas informativas, en la que solo podrá mantener reservado el número de elementos que participaron, equipo y armamento.

Además, la descripción de unidades móviles, características del operativo, la identidad de los policías, así como el nombre y la ubicación de los hospitales donde fueron atendidos.

También deberá mantener como confidenciales los datos personales de los probables responsables, como nombre, edad, sexo, placas de sus vehículos, números de serie, entre otros, y la identidad de las víctimas.

Según la versión oficial, un operativo realizado el 22 de mayo pasado en el rancho El Sol derivó en un enfrentamiento en el que murieron 42 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un policía federal.

El balance tan desigual de víctimas fatales entre las dos partes hizo que algunos analistas recordaran lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, central estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de militares.

En el caso de Tanhuato, figuras públicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado si hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes federales y han pedido una investigación a fondo de los hechos.