La guerra emprendida por Felipe Calderón en 2006 en contra del crimen organizado no encuentra fin. Si en 2011, el expediente que señaló crímenes de lesa humanidad y de guerra en contra del ex Presidente ante la Corte Penal Internacional de La Haya tenía 700 fojas, hoy se compone de más de siete mil. Casos de monstruosos rostros de la muerte y desapariciones forzadas lo han alimentado en un flujo incesante. En este lunes 25 de noviembre, a dos años de la presentación de la demanda, flotan las paradojas: Felipe Calderón continúa en la Universidad de Harvard, recibe premios y envía twitts en los que muestra indignación por asesinatos de alcaldes en Michoacán. Sobre la tragedia, ha caído otro dramático elemento: la falta de transparencia del gobierno de Enrique Peña Nieto y un discurso oficial dirigido a imponer la idea de que “todo ha terminado”
Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– El 25 de noviembre de 2011, Felipe Calderón estaba por sacar su equipaje de la residencia oficial de Los Pinos y la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, recibía una demanda en su contra de un grupo de abogados y 23 mil ciudadanos mexicanos.
Los demandantes pedían juicio para el ex mandatario por la responsabilidad individual en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad frente a un panorama de despojo, desolación y muerte en el episodio conocido como “Guerra contra el Crimen Organizado”.
Un abultado expediente documentó ante el máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, así como la brutal forma en que habían encontrado la hora última. Tortura y desmembramientos pesaban en ese legajo en cuanto a los decesos. El uso de la fuerza violenta llenaba las historias de las desapariciones. Todo, en la cronología de un combate declarado por Felipe Calderón Hinojosa en 2006.
Por la tragedia nacional se pidió también juicio en contra de otros funcionarios del gobierno calderonista como el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y el de Marina, Mariano F. Saynes Mendoza. La lista incluyó el nombre de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, Guzmán.
La admisión de una demanda de este tipo significa que los magistrados del tribunal de La Haya consideran que los peticionarios han pasado el filtro de las formalidades legales para dar trámite a un análisis que reconocería un conflicto interno en México con crímenes en contra de la humanidad. El proceso para que la CPI emita el fallo aún continúa y puede tomar varios años. Para la investigación, en cuanto a la muerte, no importará el número, sino sus formas.
Pero el expediente no ha encontrado punto final. Entregado al entonces fiscal, Luis Moreno Ocampo, tuvo en principio 700 fojas, con casos de violaciones al derecho internacional, algunos relacionados con torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses. Hoy el documento se compone de más de siete mil cuartillas debido a un flujo de aportaciones de las organizaciones civiles y las víctimas de la guerra, que se ha comportado incesante.
Apenas dos días después de presentada la demanda, el defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento por la Paz, Nepomuceno Moreno Muñoz cayó asesinado por una tormenta de balazos en Sonora. El caso fue integrado al expediente. Desde entonces, el bagaje probatorio no ha dejado de crecer.
El abogado Netzaí Sandoval, artífice de la demanda, explica que “se ha podido ofrecer nuevos datos sobre la situación en México. Son datos de defensores de derechos humanos y de otros homicidios que ocurrieron tras la petición original. También hemos añadido documentos del gobierno federal”.
La guerra continúa con una inercia que ha amontonado muertos, muertas y rostros de la brutalidad cada vez más monstruosos. Si hace dos años, 50 mil homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado fueron documentados, hoy ya no se sabe cuántos son. El gobierno federal modificó la metodología para hacer esta contabilidad y aún no ofrece el nuevo panorama. Y si en 2011, en el momento de la demanda, había 200 mil desplazados, la agencia Parametría calcula hoy 1.6 millones. El pulso de la vida lo presenta el Inegi en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe) que arrojó que la inseguridad es por mucho, el problema principal de los mexicanos.
Escasamente, apenas con tres menciones, el discurso del Presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en que los homicidios han descendido y que su administración privilegia el uso de la inteligencia sobre la fuerza. Pero no ha presentado cifras. Y Michoacán –el estado donde se inició esta historia de balas dirigidas y perdidas- está deshecho. La muerte de 31 alcaldes es apenas una muestra de un conflicto sin rumbo que se apropia del presente, pero que ningún investigador logra explicar para este texto. Hay una coincidencia: no es que haya dos bandos –el Ejército en contra del crimen organizado-, es que hay muchos bandos: están las policías comunitarias, los supuestos narcos llamados templarios o zetas o familia, las familias, los munícipes. Todos con armas.
DOS TRIUNFOS Y UNA ESPERA
Han pasado dos años y ¿Qué se ha conseguido? El abogado Netzaí Sandoval, hace el balance en un tono suave, pero que por nada pierde firmeza. Si se resumen sus palabras hay dos triunfos y una espera que aún no está llamada a derrota.
Uno de esos triunfos es la aceptación del documento por parte de la fiscalía de la CIP. Porque Felipe Calderón intentó parar el curso de la querella. Apenas si fue presentada, el ex mandatario respondió con un comunicado en en el que advertía de acciones en contra de los firmantes. “El gobierno de la República -indicó- explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan (las quejas sobre su actuar) en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Calderón no cumplió con la advertencia y por el contrario, cedió en un aspecto que representa el otro triunfo para Netzaí Sandoval: el establecimiento de los límites en el uso de la fuerza de los elementos militarizados del gobierno federal. En su último año de gobierno, el ex Presidente presentó los protocolos de actuación para las fuerzas armadas bajo un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Netzaí Sandoval recapitula: “Antes, los civiles no sabíamos cómo actuar ante las fuerzas armadas. No tenían límites. Nosotros le explicamos al fiscal de la CIP que Felipe Calderón había decidido omitir y no crear protocolos de actuación y eso había permitido la pérdida de estas vidas. Ante esta contundente prueba, tuvo que ceder”.
Esa ausencia de protocolos durante casi todo el sexenio calderonista permitió que la pesadilla del señor Adán Abel Esparza Parra se cumpliera. Un anochecer, sus hijos, esposa y hermana iban en una camioneta cuando se toparon con un regimiento de militares que les disparó sin cansancio. Adán Abel, con el dedo roto, salió del vehículo y les imploró a los soldados, les gritó que en la camioneta había niños y mujeres. Le respondieron con más tiros. Una barranca recibió la camioneta agujerada.
O la historia que llevó a la depresión a la madre de Ryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años, quienes murieron en abril de 2010 en una lluvia de balas, frente a un retén militar. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deslindó al Ejército de estas muertes. La explicación fue que los niños fallecieron por heridas de esquirlas de granada calibre 40 milímetros que no corresponden a las utilizadas por el Ejército. Según la Sedena, el vehículo se quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre un grupo delictivo que agredió a los militares.
Esos son ejemplos de “víctimas colaterales”. Ese término que Calderón incorporó a su discurso para justificar la guerra. Esa guerra que tuvo un inicio claro: el Operativo Conjunto Michoacán a finales del 2006, a sólo diez días de haber asumido la Presidencia. Entre los últimos meses de 2006 y los primeros de 2007, la estrategia avanzó a las calles de Michoacán, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Nada lo hizo retroceder. Ni las bajas bañadas en sangre o amoratadas por la asfixia. Las denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos gotearon sin que en la estrategia hubiera el menor cambio. Pronto, el Ejército recorría todo el país.
–¿Cuál es la espera ahora? –se le pregunta al abogado Netzaí Sandoval
–La Corte tiene que decidir si hay indicios de crímenes de guerra o de lesa humanidad. No es la mera muerte de personas, sino el tipo de delito, el tipo de muerte. La circunstancias en las que mueren estas personas en México. Debe ver si hay desaparición forzada, tortura o amputaciones. Esto incluye a los migrantes centroamericanos. Debe detectar si estamos presenciando el uso de la muerte como una estrategia de guerra. La fiscalía está analizando pruebas, bases de datos. Está analizando todo el bagaje probatorio. Hemos presentado mucho material que implica un proceso largo. Estos procesos suelen durar años. Varios años.
¿VA A SER JUZGADO CALDERÓN?
La pregunta de cuánto va a durar esto no encuentra respuesta entre los firmantes. Rocío Culebro, directora del Instituto de Derechos Humanos y Democracia observa que aún hace falta mucho trabajo por parte de las organizaciones no gubernamentales. Piensa que las acciones y omisiones del gobierno anterior favorecieron la gravedad de la situación, pero como Sandoval, reconoce que será un proceso tardado.
El caso más similar en esta historia de conflicto interno es Colombia. En 2008, madres y esposas de víctimas de ejecuciones demandaron la intervención de la CPI. Se valieron de una misiva de dos páginas. Una decena de familiares de hombres asesinados por las fuerzas militares y presentados después como rebeldes o paramilitares firmaron la carta. El tribunal aún no emite su determinación.
Mientras, las paradojas se instalan en la realidad. El 17 de noviembre, el ex Presidente Felipe Calderón fue honrado con una cena en el Hotel del Coronado en San Diego, California. Le entregaron el premio Liderazgo de las Américas. Le reconocieron sus “sobresalientes contribuciones a las reformas económicas y sociales” de la región.
Es difícil saber si el ex mandatario quiso ser irónico en su discurso de aceptación porque lo enfocó en la crisis de su gobierno, toda relacionada con la violencia. “Yo serví a mi país en momentos muy difíciles… Sin embargo, no me quejo de eso. Servir a México, bajo circunstancias tan difíciles ha sido un doble honor y un privilegio singular”. Entre vino tinto mexicano y tequila, Calderón dijo de quienes integran el Instituto de las Américas que eran “campeones en la promoción del Estado de Derecho, la democracia y el diálogo entre las naciones, para beneficio de millones de personas”.
Felipe Calderón está por cumplir la estancia de un año que le otorgó la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Para impedir su ingreso a la institución hubo otra recolección de firmas, cuando dejó el gobierno. La organización change.org reunió 34 mil nombres, pero la escuela respondió que en esa academia había larga tradición en ofrecer a los líderes mundiales la oportunidad del intercambio de ideas. Calderón se quedó en Harvard. Hace días, envió un twitt que a la letra dice: “el Alcalde (PT) de Sta Ana Mich estuvo en huelga de hambre en Senado denunciando complicidad de policías con crimen. Hoy está muerto. Cómo fue?”.
Habían matado a Ygnacio López Mendoza, quien fuera presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, después de una prolongada tortura según mostraba su cuerpo.
Para el abogado Netzaí Sandoval, más que cinismo el de Felipe Calderón es “un desdoblamiento de personalidad”. Para Rocío Culebro, directora del Instituto de Derechos Humanos y Democracia se trata de una actitud que debiera ser juzgada en lo social y lo político: “No sé cómo se atreve. Él fue el jefe de las Fuerzas Armadas y no puso ningún freno”.
ALCALDES, PARTE DE LAS VÍCTIMAS
En las directivas de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) –que agrupa a los alcaldes de izquierda- y la Federación Nacional de Municipios de México –la de los priistas-, la actitud del ex Presidente resulta preocupante en la medida que pareciera que esta tragedia no tiene autores.
Estas asociaciones cuentan con pruebas de que los alcaldes fueron el blanco de grupos que, amparados en el ambiente de caos e impunidad, aparentaban pertenecer a grandes mafias. En el sexenio calderonista (2006 y 2012), murieron 31 munícipes en un halo de brutalidad. En esta cifra no están los sobrevivientes de atentados como tampoco los exalcaldes que una vez fuera de los Ayuntamientos, fueron asesinados. Por ejemplo, a mediados de este año, ya en el sexenio peñanietista, María Santos, ex alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, fue acribillada. Fue una mujer que acumuló amenazas y atentados desde 2009. Encontró a la muerte cuando había concluido el trienio.
Según ambas asociaciones, todo el país tiene alto riesgo para gobernar en el nivel más localizado que es el municipal. Se basan en que en los últimos años, la muerte anduvo por las presidencias municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Los integrantes de las dos asociaciones desean que el Presidente Enrique Peña Nieto garantice protección a los alcaldes. Y aunque no ha mostrado números, ni documentación de las víctimas, en su portal, la Asociación Nacional de Alcaldes –la organización de los munícipes del PAN, el partido de Calderón- publicó un documento en el que anuncia que busca asegurar a sus 624 afiliados con un seguro de vida grupal, con un monto mínimo de 500 mil pesos.
LA GUERRA EXTENDIDA
Claudia Cruz es directora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, firmante de la demanda ante la CIP y observadora del rumbo del gobierno de Enrique Peña Nieto. No alcanza a compaginar el discurso presidencial que indica un descenso en la comisión de homicidios dolosos con su trabajo. Para sus cálculos y apreciaciones, tomó como base al Inegi que integra los datos de registros civiles, las procuradurías y la Secretaría de Salud. Pero se topó con dos baches que no le han permitido completar su contabilidad, aun cuando es alta: la información de 2000 y la del 2013 ya no está.
No hay ninguna explicación para la desaparición de los números. Y no sólo del Inegi ha desaparecido información, también de la propia Presidencia de la República. A la petición con folio 0001700116613 sobre cuál fue la metodología para dar con la cifra de 250 homicidios dolosos hasta mayo (según el último boletín que envió la Segob sobre el asunto), la respuesta de la instancia a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) fue que la información se encontraba disponible en el portal de Presidencia y que por “motivos desconocidos” había dejado de funcionar.
Aunado a la desaparición de datos, el gobierno federal anunció una nueva forma de contabilizar los homicidios con la eliminación de la clasificación de las muertes relacionadas con el narcotráfico. Hasta mayo, mes del último recuento, hubo dos categorías: la de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado –contados cuando sucedían en enfrentamientos armados- y la de homicidios dolosos en general.
En la conferencia de prensa en la que fue presentado el nuevo formato, Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación –recién nombrado vocero de la Presidencia-, explicó que esa decisión se tomó a petición de organizaciones civiles, con la consideración que así sería más clara la medición. Pero de mayo a agosto hay un vacío. Y ello impide conocer cuál es la cifra oficial de los muertos de Peña Nieto.
En este panorama en el que el enredo domina, Claudia Cruz señala que hay una guerra prolongada y aderezada con falta de transparencia lo que ha traído mayor dramatismo. “Puede venir un problema mucho más grave. Es posible que la comunidad internacional no vea que en México hay una violación reiterada de los derechos humanos dada la ausencia de mecanismos para obtener datos”.
Los defensores de derechos humanos consultados hablan de una guerra sin fin. El envío de tres mil elementos del Ejército a Michoacán es para ellos una prueba que el Presidente Enrique Peña Nieto decidió continuar con la estrategia de Felipe Calderón y a la vez, eligió un discurso en el que omite la desgracia en aras de instalar la creencia de que “todo ha terminado”. Firmantes de la demanda en contra de Felipe Calderón, autor de esta estrategia bélica, trabajan ahora por reunir pruebas y documentos para aumentar el grosor del expediente en La Haya. Todos piensan que la política de silencio podría arruinar el rumbo.
QUÉ SE BUSCA
La CPI es un organismo de Naciones Unidas creado en 1998 y que cobró vida pocos años después, con el propósito de juzgar crímenes contra la humanidad. La demanda en contra de Felipe Calderón y miembros de su gabinete de Seguridad pide que se finque responsabilidad individual. No se trata de un juicio en contra del Estado, sino en contra de los exfuncionarios. El concepto se atiene al artículo 25 del Estatuto de Roma, que dio origen a esta Corte. La CPI está en facultades de fincar tal concepto jurídico cuando se cometen delitos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión.
