Este viernes, organizaciones civiles denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al presidente Felipe Calderón y a los narcotraficantes por “crímenes de guerra y lesa humanidad” que, aseguran, se cometen en México en medio de la lucha antidrogas iniciada por la actual administración.
La denuncia consta de 470 casos que se presentan hoy ante Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, y está respaldada por 23 mil firmas de organizaciones civiles como la Asociación de Abogados Democráticos y el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, entre otros, además de periodistas como Julio Sherer, fundador de la revista Proceso, e investigadores en asuntos de seguridad, como John Ackerman y Edgardo Buscaglia.
A Calderón y su gabinete se les acusa de que, a través de las fuerzas de seguridad, supuestamente han incurrido en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos contra civiles, secuestro de migrantes o violaciones sexuales contra mujeres y niños.
Además, la denuncia da cuenta de los crímenes que cometen los cárteles del narcotráfico y pide que se investigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que se le atribuyen nexos directos con el Gobierno.
“Aunque podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. La brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, expresó al rotativo Netzaí Sandoval, abogado que lleva la demanda.
Sandoval señaló también que denunciarán a Calderón ante el organismo internacional, pues en México es casi imposible juzgar estos crímenes, debido a la ineficacia del sistema de justicia, que deja impunes el 98% de los delitos.
La labor de la CPI consistiría en determinar si hay ataques sistemáticos contra la sociedad civil.
En caso de que la resolución fuese afirmativa, el alto tribunal establecería si los delitos pueden ser juzgados por instituciones mexicanas.
Si el fallo es negativo, la Corte se limitaría a investigar.
Y mientras esto ocurre, apenas ayer se registró un día extremadamente violento en el país, pues tan sólo en Jalisco fueron ejecutadas 26 personas en una sola acción, aunque otro muerto más con signos de tortura se encontró en la colonia San Pedrito, Tlaquepaque.
En la ciudad de Chihuahua, cuatro hombres fueron asesinados en un taller mecánico de la colonia Villa Juárez. En Michoacán, dos fueron muertos, quemados y encontrados en un auto en San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro. En Sonora, fue encontrada en el ejido Benito Juárez una mujer, presuntamente secuestrada, mientras que en el Ejido Emiliano Zapata, en Huatabampo, se localizaron otros cuatro cuerpos.
En Sinaloa fueron asesinados dos individuos en la Feria Ganadera y en Coahuila fue ejecutado otro agente del Ministerio Público Federal.
Esto se suma a los más de 50 mil muertos que ha dejado la lucha anticrimen; además, de 3 mil 700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por el narco, según datos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
LA DEMANDA
To: International Criminal Court- Corte Penal Internacional
Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).
Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).
Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:
El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.
El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.
Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.
Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.
Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).
Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.
Sincerely,
[ABAJOFIRMANTES]
