La SCJN deberá resolver siete amparos presentados por las comunidades y las asociaciones apicultoras que piden se aborde el tema del derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, así como de las violaciones su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– A menos de una semana de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie la discusión sobre los amparos que apicultores de la Península de Yucatán y de Campeche interpusieron para impedir que Monsanto siembre soya transgénica en la región, integrantes de las asambleas denunciaron actos de intimidación por parte de las autoridades.
En 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó a la empresa de transgénicos Monsanto la siembra de soya en 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.
Indígenas mayas dedicados a la apicultura señalaron que derivado de ese permiso, más de 50 mil campesinos saldrían afectados, al ser ésta una de las principales actividades económicas de la región.
La siembra de soya genéticamente modificada en la región, ha provocado un proceso de deforestación acelerada en la que es considerada la última selva mexicana. De acuerdo con información del Colectivo Sin Transgénicos, la siembra de este producto en otros países, ha tenido como consecuencia la concentración de la tierra, pérdida de empleos, daños a la salud y deforestación y desertificación de bosques y selvas. Según el testimonio de los apicultores, los cultivos de soya transgénica devastaron todo el campo donde las abejas trabajaban.
Arnulfo Ordoñez, de Hermes Honey, comentó en entrevista con SinEmbargo, que estas acciones se derivan de la corrupción que hay en la región, lo que terminará afectando las relaciones comerciales y con Europa, su principal socio, al que se le vendió la idea de que México era un país libre de transgénicos en mieles.
Ordoñez explicó que en estos días, en asambleas previas al inicio de la discusión, varios grupos de apicultores han desistido de participar, ya que señalan que son víctimas de actos de intimidación por parte de las autoridades. Actos que van desde la suspensión de los apoyos económicos hasta amenazas personales.
En general, a decir de Ordoñez, es mucha la presión social que el movimiento enfrenta, ya que en las comunidades se les considera como personas “revoltosas” y “problemáticas”; ahora con la salida de varios productores, tendrán que entrar en un periodo de reorganización.
Al ser los amparos fallos temporales, los demandantes han continuado organizándose, se presentan en los juzgados y son citados a declarar en reiteradas ocasiones, sin embargo, según el testimonio de Ordoñez, poco a poco el gobierno ha ido presionado de manera económica a los productores que están firmando.
“Hay organizaciones que estaban en contra de Monsanto y todas esas organizaciones no recibieron apoyos económicos este año. Las organizaciones que han señalado que no tienen ninguna afectación con la siembra de la soya, han recibido apoyos equivalentes a 9 millones de pesos”, comentó.
Sostuvo que fue en una reunión del pasado jueves, en la que se analizaban los avances del tema, cuando los líderes de Campeche se manifestaron y dijeron que dejaban el movimiento, “que tenían mucha presión social porque incluso tenían amenazas personales, porque les habían recortado el presupuesto y los tachaban de gente problemática y revoltosa”.
En este mes, la SCJN deberá resolver siete amparos presentados por las comunidades y las asociaciones apicultoras, que piden aborde el tema del derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, así como de las violaciones su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
También solicitan la implementación del principio precautorio por los daños económicos que pudieran derivarse de la siembra de la soya por parte de Monsanto, ya que además, para la siembra no ocupa a gente de la localidad, sino de otros estados.
En 2012, los apicultores presentaron los juicios de amparo por violación al derecho a la consulta, a la autodeterminación y al desarrollo como pueblos. Dos años después, el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Yucatán, sostuvieron que se vulneró el derecho a la consulta y desaconsejaron la siembra de la soya.
En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación con el mismo veredicto: se vulneró el derecho a la consulta, " por la indebida aprobación de siempre de soya genéticamente modificada en perjuicio de las comunidades indígenas maya, huasteca, náhuatl, pame, tepehua, popoluca, totonaca, chol, mame, tzetal y tzotzil, de acuerdo con información del Colectivo Sin Transgénicos.
En la Península de Yucatán se produce caso el 40 por ciento de la miel de país, que según datos de la Sagarpa, en 2014 generó ingresos por mil millones de pesos.
La soya transgénica y los plaguicidas utilizados para ello, pone en riesgo a las abejas en siete estados, según la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que señala que el nivel de afectación impide que éstas puedan quedarse en la zona porque cada vez tienen que volar más lejos para buscar bosques, además de que el uso de herbicidas y agrotóxicos las mata o las desorienta.
Gracias a la documentación que se tiene del caso, también es posible saber que la zona maya de la Península de Yucatán no es la única afectada, sino que las secuelas se extienden a otros estados: Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí.
