Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– En el Distrito Federal hay migrantes de diversos lugares del mundo, pero no a todos se les trata igual; un estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reveló que los centroamericanos, sudamericanos y africanos son los que tienen las tasas más elevadas de discriminación, en algunos casos asociada con su color de piel.
De acuerdo con el estudio “Migrantes: análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México 2007-2012”, la Comisión registró 291 quejas de migrantes en el periodo estudiado, de las cuales 36% fueron interpuestas por sudamericanos y 23% centroamericanos.
La tasa más elevada de violaciones a sus derechos humanos fue de los centroamericanos, con 57 por cada mil y le siguieron los africanos, con 51 agresiones por cada mil, dijo Martín Guadalupe Álvarez, responsable de la publicación.
En contraste, los europeos mantienen una tasa de dos por cada mil y los estadounidenses de seis.
Según el estudio de la Comisión, en el Distrito Federal hay 82 mil 350 personas con una situación migratoria regular y ocho mil 433 irregular.
El Distrito Federal tampoco trata igual a los migrantes al momento de pedirles requisitos para ingresar y permanecer en la ciudad: las facilidades para son para los europeos y norteamericanos, mientras que los africanos, centroamericanos y asiáticos padecen más trabas.
Por ejemplo la Ciudad de México les solicita un visado a 100% de los países africanos y del Caribe, a 60% de los sudamericanos, 77% de los asiáticos y 67% de los centroamericanos.
Mientras que los norteamericanos pueden entrar y salir sin ninguna visa y solo se le solicita el requisito para permanecer en la ciudad a 8% de los países europeos.
En cuanto a las víctimas, los migrantes que más denuncian agresiones son los turistas y los residentes (86%) que tienen una situación regular en el país, mientras que los que llegan a la ciudad de forma irregular, son los que se quejan menos (0.25%).
Pero los inmigrantes con estatus irregular que denuncian indican que son víctimas de trata de personas (40%), privación ilegal de la libertad (10%) y robo en la vía pública con violencia (20%).
En todo este panorama, los más desfavorecidos son los centroamericanos: ellos son víctimas de discriminación por su color de piel en las cárceles y en lugares públicos como las centrales de autobuses.
Martín Álvarez explicó que las quejas de violaciones en el sistema penitenciario representan 30% entre la población migrante.
“La Comisión recibió quejas de personas provenientes de Camerún, Honduras y Sudáfrica que han sido sometidas a malos tratos y condiciones injustificadas de aislamiento y privación de los alimentos. De manera despectiva refieren, han sido llamados ‘negros’”, dijo Álvarez.
Más de la mitad de los extranjeros denunciaron que se les negó atención y protección a su integridad física, la visita de un familiar y la oportunidad de realizar una llamada telefónica.
Además la CDHDF cuantificó 11 casos de extorsión de personas migrantes, todas centroamericanas, que además fueron detenidas arbitrariamente y agredidas en centrales de autobuses.
En ocho de los casos las víctimas señalaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en tres a personal uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Nashieli Ramírez, directora General de Ririki Intervención Social, dijo que los migrantes en la Ciudad de México son ignorados a pesar de que anualmente el Instituto Nacional de Migración asegura a mil 265 personas en ese estatus en el DF.
“Hay que hablar claro, el problema de discriminación en la Ciudad de México es un problema de racismo, nos vemos a nosotros mismos como que tratamos muy bien a los turistas, pero en realidad, no somos un pueblo acogedor”, dijo la activista.
La CDHDF recomendó asegurar el cumplimiento de la Ley de Interculturalidad en el DF a través de la inyección de recursos financieros y de poner en marcha “a la brevedad a la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana”.
El organismo propuso modificar el Reglamento de la Ley para que los migrantes en tránsito por la ciudad puedan acceder a programas y servicios públicos.
La Comisión recomendó a la SSPDF y la PGJDF coordinación para realizar las investigaciones necesarias ante la comisión de probables delitos en las centrales de autobuses y evitar que éstos puedan escalar en intensidad y gravedad.
