Vecinos de la Delegación Cuajimalpa demandaron a las autoridades de la demarcación por aprobaciones anómalas en los registros de construcción. Las fechas en que fueron recibidos los registros de construcción coinciden con las gestiones de los ex delegados Remedios Ledesma y Adrián Rubalcava. En contra de los derechos de los vecinos, a la sociedad mercantil Club de Golf Bosques se le concedieron los registros de manifestación de construcción de un edificio, ubicado dentro de un residencial de lujo. Representantes de organizaciones civiles señalaron que la corrupción impera en los procesos de construcción delegacionales, pero rara vez deriva en castigos para los funcionarios.
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Registros de construcción otorgados por las anteriores autoridades de la Delegación Cuajimalpa privilegiaron los intereses de empresarios inmobiliarios por encima de los derechos de los vecinos de la Colonia Lomas de Vista Hermosa, de acuerdo con la argumentación de un juicio de nulidad en el que los condóminos se opusieron a la construcción de un edificio.
Como resultado de dos demandas, la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo declaró, a principios de agosto, nulos los registros de manifestación de construcción de la edificación de 56 departamentos a nombre de la sociedad anónima Club de Golf Bosques, dentro del residencial de lujo “Condominio Magno del Club de Golf Bosques”.
“Si la autoridad hiciera su trabajo no habría un solo acto de corrupción. El problema es que están aplicando la ley discrecionalmente”, dijo Susana Kanahuati sobre las anomalías en esta clase de procesos de registro de manifestaciones de construcción.
Las autoridades de Cuajimalpa obraron de forma “arbitraria” para conceder los registros, refirió la resolución la Sala Cuarta de este Tribunal. ¿Qué autoridades estuvieron detrás de estos avales? Las fechas apuntan a dos gestiones delegacionales.
La primera fue la del ex Delegado de Cuajimalpa José Remedios Ledesma García, quien recibió de Club de Golf Bosques el Registro de Manifestación de Construcción de esta obra de 16 niveles el 14 de diciembre del 2006 con número de folio V1-M/083/06. El trámite de obras de esta envergadura puede tardar hasta cinco días.
Mientras, el ex Delegado priísta Adrián Rubalcava Suárez, le dio a la obra un nuevo Registro de Manifestación de Construcción con el folio V1MC/004/14, que conservó el número de niveles del edificio. Mas hizo algunos cambios: permitió el aumentó del número de sótanos de tres a cuatro; y dejó de prever seis penthouses especificados en el 2006.
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Inconformes con la nueva construcción, tres vecinos realizaron demandas para pedir la nulidad de estos registros de manifestación de construcción por considerarse afectados por la obra. Y la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo acumuló los dos juicios abiertos por este caso y dio luz verde a la anulación de los registros mediante una sentencia definitiva.
“Muchas veces sucede que quienes apelan estas resoluciones son los terceros interesados [en este caso Club de Golf Bosques S.A.] y no las autoridades. Porque la empresa tiene el mayor interés en que se realice la construcción”, explicó René Sánchez Galindo, abogado de distintas causas sociales.
En su argumentación el Magistrado Ponente Jorge Antonio Martínez Maldonado expuso que una de las razones para mandar a anular estos registros fue la violación de un acuerdo de desarrollo urbano que desde 1994 establece una alturas máximas de cinco y nueve pisos para los edificios en esa zona.
De acuerdo con la resolución, al pretender construir “ilegalmente” la obra se violaron los derechos de los vecinos del lugar, quienes no fueron consultados sobre este proyecto de forma previa y fueron afectados.
El ex Delegado José Remedios y el ahora Diputado por la Asamblea Legislativa capitalina, Adrián Rubalcava incumplieron con una de las atribuciones de ser Jefe Delegacional señalada en el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano:
“Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto de suelo urbano”.
La organización Suma Urbana especificó que las violaciones proliferan en la Ciudad de México. En el 2014, reportó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mil 800 casos de anomalías de obras, con irregularidades en la documentación.
“Hay muchas formas de evadir la Ley. La pregunta es quién castiga a quienes cometen anomalías”, dijo Josefina Mac Gregor Gárate, portavoz de la organización Suma Urbana.
¿SANCIONES?
La sentencia del Tribunal manda a las autoridades a borrar estos registros que antes avaló. Pero no específica los nombres de las funcionarios que aprobaron la construcción, porque su propósito se limita a la reparación del daño y no busca sancionar de forma administrativa, explicó Sánchez.
Sin embargo, el fallo sí puede servir de base para que sancione a las autoridades, tanto por demandas de vecinos, como por el Club de Golf Bosques, dijo el abogado de casos urbanos Alejandro Velázquez: “Por haber aprobado mal un permiso que ahora impide la construcción”.
De acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal la facultad para imponer sanciones administrativas caduca en el plazo de cinco años.
Este plazo legal haría que las sanciones sólo pudieran recaer aún sobre el ex Delegado Adrián Rubalcava y dos funcionarios más demandados en este juicio de nulidad: el otrora Director de General de Obras y Desarrollo Urbano, Iván Ramírez Romero; y Jorge Octavio Gordillo Román, entonces Subdirector de Ventanilla Única y Centros de Servicios y Atención Ciudadana.
El abogado Gustavo García Arias, quien se desempeña como asesor jurídico de varios comités ciudadanos en la Ciudad de México, explicó que este proceso de sanción es posible cuando los mismos vecinos interponen una demanda ante la Contraloría General del Distrito Federal.
“Pero eso no lo hace automáticamente el Tribunal. Sólo lo pueden hacer los interesados [los vecinos] quienes deben dar vista a estas dependencias”, dijo García. Las sanciones administrativas incluyen: multas, amonestación de salario y arresto hasta por 36 horas.
En caso de que se sospeche de un delito penal, los vecinos podrían denunciar ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, apuntó el abogado. Y de esta forma solicitar ante la ALDF un proceso de desafuero al ahora Diputado Rubalcava, que estará en su curul hasta el 2018.
Es justo el Congreso local quien el pasado 22 de septiembre discutió la desaparición de la norma 26, lo que erradicaría la posibilidad de castigar a una serie de inmobiliarias y autoridades delegacionales infractoras.
“Esta modificación pretende beneficiar a muchos, entre ellos el ex Delegado del PRI [Adrián Rubalcava], que viene de las filas del PRD. No hay diferencia de color para quién administra, se diluye en la corrupción”, dijo Susana Kanahuati, de la organización Vecinos Unidos.
CARRERA DE ESCÁNDALOS
Los manejos de Adrián Rubalcava en la gestión pública han dado de qué hablar en el pasado. Emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el después político priísta se ha visto rodeado de escándalos por agresiones a periodistas, manipulación política y nexos con grupos de choque.
El 6 de marzo del 2015, Rubalcava pidió licencia definitiva a su cargo como Delegado de Cuajimalpa para dedicarse a su campaña para ocupar un puesto en la ALDF. Dos meses después, la tensión en la Delegación terminó con su participación en una gresca entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD.
17 puntadas en la cabeza del Jefe Delegacional con licencia no terminaron de explicar lo sucedido la madrugada del jueves cinco de mayo, cuyo saldo dejó 30 heridos de ambos bandos.
El partido del sol azteca acusó que Héctor González, hermano de Claudio González González, líder del grupo de choque de “Los Claudios”, de estar detrás del ataque a sus simpatizantes en San Mateo Tlaltenango.
“Los Claudios” volvieron a atraer los reflectores al invadir un edificio en la calle Benjamín Hill 261 de la colonia Condesa, en la Delegación Cuauhtémoc. Y este año, el 22 de junio, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) decidieron catearlo.
Si bien no hay una acción penal que haya terminado de vincular a Rubalcava con este grupo. En el interior del edificio fueron encontrados documentos y chalecos de la Delegación Cuajimalpa.
Asimismo, el diario Reforma reportó, en julio pasado, que Héctor González fue Jefe de la Unidad Departamental de Preservación de Áreas Protegidas de esa demarcación. Finalmente el edificio fue demolido el 8 de julio.
La gestión del priista al frente de la Delegación estuvo marcada por los ataques a la prensa por medio de una red de acoso en redes sociales. Los ataques se centraron contra sus críticos y medios de comunicación.
En agosto del año pasado este medio dio a conocer que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) recibió una denuncia anónima que turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal.
Con el permiso de un Juez Federal, las autoridades intervinieron 31 teléfonos; y correos electrónicos. Del escrutinio salió a la luz que Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa, despedido a partir de los audios, recibía ordenes de funcionarios para coordinar ataques a medios de comunicación. Uno de los ordenantes era Rubalcava.
Así lo detalla el expediente 074/2015, fincado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), al que SinEmbargo tuvo acceso.
Un posible puente entre esta investigación y el allanamiento del edificio en Benjamín Hill quedó en una pizarra, cuando las autoridades hallaron escritas cuentas oficiales de correo y Twitter de la Delegación Cuajimalpa.
Tanto por las orquestas de ataques a medios, como por las acusaciones de nexos con el grupo de choque “Los Claudios”, Rubalcava se presentó a declarar voluntariamente a la Procuraduría de la Ciudad de México. Estas investigaciones duermen el sueño de los justos en esa dependencia.
**En la publicación original de este texto se mencionó erróneamente a Rodolfo Jorge Chehade Durán. Se hizo la corrección debida.
