Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, calificó como “guerra sucia” alejada de la realidad del país a la demanda de juicio político impuesta ayer en su contra por diversas organizaciones civiles, que le acusan por “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De cara a una posible reelección del Ombudsman nacional, quien termina su periodo como presidente el próximo 15 de noviembre, los ciudadanos Eduardo Gallo, Alberto Athié y Valentina Peralta, voceros del Comité Ciudadano, presentaron esa denuncia, en la Cámara de Diputados, que consta de 107 cuartillas en la que, afirman, se evidencia Plascencia Villanueva “ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional”.
Además convocaron a la sociedad a unirse en la campaña #NoMasComPlascencia para evitar que Villanueva sea reelecto como titular de la CNDH “ya que ha dañado gravemente la institución por utilizarla facciosamente para golpear a sus adversarios políticos”.
Al respecto, el Ombudsman afirmó que este acto ciudadano “lastima a México y a sus instituciones”, ya que, aseguró, su objetivo no es apoyar a las víctimas, sino colocar a uno de sus candidatos para presidir la institución autónoma.
EL OMBUDSMAN NO ES CONFIABLE
En el acto donde ayer ciudadanos y organizaciones civiles demandaron a Plascencia, los quejosos afirmaron que el presidente de la CNDH contravenido lo dispuesto en la Constitución con serias violaciones a los derechos humanos en casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; los miles de migrantes calificados como secuestrados, desaparecidos, extorsionados, reclutados para trata, para el crimen organizado o asesinados; las 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a consecuencia de la violencia del crimen organizado; el caso de la masacre de San Fernando, entre otros casos. De igual forma denunciaron casos en los que el Ombudsman tuvo un manejo a “modo” con fines distintos a los de la Comisión.
Entre éstos destacaron el del General Tomás Ángeles Dauahare y otros altos mandos del Ejército acusados “de oídas” por testigos protegidos; el caso de cuatro personas civiles en Rosarito, Baja California, detenidas ilegalmente y torturadas para que confesaran crímenes que no cometieron y las recomendaciones para “desacreditar” a personas e instituciones.
Plascencia, dijeron, “ha utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de interses personal y ha generado un desprestigio, desconfianza, y grava incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y, en general, de todos los que habitamos este país.
Eduardo Gallo Tello, integrante del Comité y ex presidente de la organización México Unido contra la Delincuencia, aseguró que las responsabilidades de la Comisión se deben “redimensionar y rediseñar” para hacer el trabajo que le corresponde de manera correcta.
Sobre la demanda de juicio político en contra de Plascencia Villanueva, el Comité aseguró que hay dos argumentos fundamentales: las graves omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de derechos humanos y el uso de la misma institución para fines distintos a la defensa de las garantías individuales.
Ante los legisladores Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano (MC); Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo (PT), y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Revolución Democrática (PRD), Alberto Athié, otro de los voceros del Comité, presentó la demanda que cuenta con más de 100 fojas.
El ex sacerdote dijo que la denuncia es el resultado de un trabajo arduo de recolección de información de medios de comunicación, de peticiones que organizaciones han hecho a instancias internacionales para valorar a la CNDH, así como los informes que han emitido organismos de todo el mundo sobre lo que sucede en México, donde hay un franco deterioro de los derechos humanos y donde el Ombudsman, el encargado de vigilar que se respeten, no tiene estatura moral para hacerlo.
Por su parte, Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que “de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en este país, la peor, la injustificable, es la desaparición de las personas porque el espacio que deja cada desaparecido es un pozo por donde se va la vida de toda su familia, de sus allegados y de la sociedad”.
De acuerdo con la denuncia, la Secretaría de Gobernación (Segob) hasta el 1 de diciembre de 2012, enlistó a 25 mil 276 casos de personas desaparecidos, y de esa fecha al 31 de julio de este año, se reportaron 22 mil 322 casos más.
A pesar de ello, la propia Procuraduría General de la República (PGR) dijo que de los desaparecidos registrados del 1 de diciembre de 2006 a 2012, 12 mil 744 casos se localizaron, en su mayoría, vivos. En el segundo periodo también se localizaron 13 mil 444 personas, de igual manera, una gran parte de ellos con vida.
El Comité Ciudadano lamentó que la CNDH no abriera una investigación “detallada profunda que permita explicar este fenómeno de crecimiento de desapariciones o de desaparición sin aviso a familiares que permita aclarar la situación de manera lógica y congruente”.
Esta semana se presenta en Ginebra el informe sobre desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil se encargaron de realizar un trabajo de más de 500 cuartillas y que le correspondía hacer a la CNDH, sin embargo, esto no lo hizo. “Son informes alternativos que hicieron los propios activistas. Plascencia Villanueva tuvo que hacer ese trabajo, y no lo hizo”, denunció.
