Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Un grupo de ciudadanos y representantes de la sociedad civil constituyeron un Comité Ciudadano para rescatar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, y hacer que el organismo cumpla con el mandato constitucional que tiene: ser garante de los derechos humanos.

Los activistas denunciaron que Plascencia Villanueva ha utilizado a “modo” a la dependencia para fines facciosos y distintos al objetivo de la CNDH, por ello presentaron una demanda y la ratificación de ésta ante la Cámara de Diputados para llevar a un juicio político al Ombudsman nacional.

Eduardo Gallo Tello, integrante del Comité y ex presidente de la organización México Unido contra la Delincuencia, aseguró que las responsabilidades de la Comisión se deben “redimensionar y rediseñar” para hacer el trabajo que le corresponde de manera correcta.

Sobre la demanda de juicio político en contra de Plascencia Villanueva, el Comité aseguró que hay dos argumentos fundamentales: las graves omisiones de la Comisión frente a innumerables violaciones de derechos humanos y el uso de la misma institución para fines distintos a la defensa de las garantías individuales.

Ante los legisladores Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano (MC); Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo (PT), y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Revolución Democrática (PRD), Alberto Athié, otro de los voceros del Comité, presentó la demanda que cuenta con más de 100 fojas.

El ex sacerdote dijo que la denuncia es el resultado de un trabajo arduo de recolección de información de medios de comunicación, de peticiones que organizaciones han hecho a instancias internacionales para valorar a la CNDH, así como los informes que han emitido organismos de todo el mundo sobre lo que sucede en México, donde hay un franco deterioro de los derechos humanos y donde el ombudsman, el encargado de vigilar que se respeten, no tiene estatura moral para hacerlo.

LAS DEUDAS DE LA CNDH

Algunos de los casos que denuncian como manejados a “modo” son el del General Tomas Ángeles Dauahare y otros generales del Ejército mexicano que fueron detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado a partir de declaraciones de “testigos protegidos” y que posteriormente salieron libres por falta de pruebas.

Respecto a las severas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido la dependencia, se encuentra el caso de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, las reformas a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.

El Comité Ciudadano aseguró que todos esos casos evidencian que Raúl Plascencia Villanueva “ha omitido actuar de manera oportuna, integral e independiente en asuntos en los cuales era imperativo que lo hiciera de acuerdo al mandato constitucional que recibió al ser nombrado presidente”.

También aseguraron que con sus acciones, Plascencia “no sólo ha dañado y violado derechos humanos de miles de víctimas, y las ha dejado en la indefensión”, sino que ha utilizado a la Comisión para “dañar personas e instituciones. Ha utilizado a la misma CNDH para la satisfacción de intereses personales y ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre” hacia la dependencia.

En noviembre próximo termina el mandato de Plascencia Villanueva, pero ante la posibilidad de que se reelija, los integrantes del Comité manifestaron su profundo rechazo.

Gallo Tello resaltó las características que debería tener el próximo Ombudsman y que no cumple el actual titular.

“Tiene que ser alguien que tenga conocimiento del tema de derechos humanos, que a la vez pueda mantenerse totalmente independiente porque su trabajo no consiste en validar los actos de violaciones a derechos humanos o dejar de señalar cuando hay violaciones a derechos humanos. Debe ser alguien que mantenga una posición alejada de quienes detentan el poder, de las instituciones de seguridad pública, de las fuerzas armadas, Marina, Ejército, y con ello mantener una independencia de criterio, pensamiento y acción que a su vez que sea sencillo y empático con las víctimas”.

También dijo que su trabajo es “apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no es despreciar a las víctimas, sino apoyarlas, darles el cobijo, el respaldo, el apoyo moral y legal a través de las recomendaciones para hacer que el Estado investigue y castigue a quienes sean responsables de las violaciones a los derechos humanos”.

“Eso es lo que no tiene Plascencia”, sentenció.

LOS DESAPARECIDOS

Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que “de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en este país, la peor, la injustificable, es la desaparición de las personas porque el espacio que deja cada desaparecido es un pozo por donde se va la vida de toda su familia, de sus allegados y de la sociedad”.

De acuerdo con la denuncia, la Secretaría de Gobernación (Segob) hasta el 1 de diciembre de 2012, enlistó a 25 mil 276 casos de personas desaparecidos, y de esa fecha al 31 de julio de este año, se reportaron 22 mil 322 casos más.

A pesar de ello, la propia Procuraduría General de la República (PGR) dijo que de los desaparecidos registrados del 1 de diciembre de 2006 a 2012, 12 mil 744 casos se localizaron, en su mayoría, vivos. En el segundo periodo también se localizaron 13 mil 444 personas, de igual manera, una gran parte de ellos con vida.

El Comité Ciudadano lamentó que la CNDH no abriera una investigación “detallada profunda que permita explicar este fenómeno de crecimiento de desapariciones o de desaparición sin aviso a familiares que permita aclarar la situación de manera lógica y congruente”.

Esta semana se presenta en Ginebra el informe sobre desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil se encargaron de realizar un trabajo de más de 500 cuartillas y que le correspondía hacer a la CNDH, sin embargo, esto no lo hizo. “Son informes alternativos que hicieron los propios activistas. Plascencia Villanueva tuvo que hacer ese trabajo, y no lo hizo”, denunció.

La activista dijo que esto no ocurrió porque el Ombudsman tiene otras prioridades como “ir a develar un busto, inauguraciones de espacios que llevan su nombre. Es un signo claro de su desdén por su propia encomienda. Nosotros no teníamos que quedarnos nada más en el reproche, tenemos que exigirle cuentas de porqué no hizo uso de su instrumento”.

En marzo de este año, países miembros” del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas realizaron 176 recomendaciones a México; sin embargo, en el tema de las desapariciones, sólo “tomó nota” y una de ellas era la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales.

Valentina Peralta aseguró que si acepta esas recomendaciones, “automáticamente van a aparecer los desaparecidos, automáticamente va a haber la posibilidad de que en el espacio internacional se sepa la verdad porque van a poder recibir quejas individuales”.

“El Estado, junto con la ayuda de Plascencia, quieren desaparecer a los desaparecidos, quieren diluirlos en el olvido, en el cansancio de sus familias, de su agotamiento en la frustración pero no lo van a lograr”, dijo.

“No lo vamos a permitir. Si ellos creen que una familia de un desaparecido con el tiempo olvida, están muy equivocados, con el tiempo pierden el miedo, aprenden, se capacitan, exigen, y reclaman ser dueños de la CNDH y con el tiempo uno toma la seguridad de que todos los funcionarios que son nuestros empleados y les podemos exigir cuentas. Queremos que Plascencia nos diga porqué no está en Ginebra hablando de desaparecidos”, finalizó.