La corrupción en Petróleos Mexicanos ha sido sistemática.

Desde pagos de cirugías estéticas con los dineros de la paraestatal, becas para los parientes de directivos, sospechosas y altísimas rentas de barcos, buques, plataformas; nepotismo en la asignación de contratos, moches sobre las transacciones con recursos públicos, hasta los muy recientes y graves casos de corrupción denunciados por particulares, periodistas e investigadores, pero no investigados por la autoridad.

En el sexenio del panista Vicente Fox Quesada, los hermanos Bribiesca, hijos de Martha Sahagún, fueron harto señalados de lucraron desde su privilegiada posición para que fueran adjudicados contratos a la empresa Oceanografía, lo cual lograron no sin la ayuda de los directivos de Petróleos Mexicanos. Además los contratos otorgados a la empresa familiar de quien fue Secretario de Gobernación con Felipe calderón Hinojosa, Juan Camilo Muriño. Años después la onerosa beca otorgada al hijo del hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y por supuesto el notorio caso de los sobornos de Odebrech ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, casos todos (y los desconocidos) que suman por lo menos 18 años de corrupción en Petróleos Mexicanos.

En ninguno ha habido sanciones, ni investigaciones ministeriales que procesen y lleven a sentencias judiciales a los sospechosos. En Pemex la impunidad ha imperado por todo lo alto.

Aun cuando el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la campaña que no investigaría personalmente los actos de corrupción de Enrique Peña Nieto y su séquito de colaboradores, es pertinente que las instituciones encargadas de ello durante la próxima administración, sí lo hagan. Evadir esa responsabilidad, no castigar la corrupción, sería un mal mensaje para los empresarios que han sido sobornados, los inversionistas a los que les han pedido moches, y las compañías que restan a la utilidad la comisión que han de darle al alto funcionario del gobierno federal para poder seguir operando.

Al caso de Odebrech en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en cual directivos de la compañía brasileña aceptaron y declararon oficialmente en tribunales de Brasil, haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin para obtener contratos, y a quien conocieron incluso durante la campaña de Peña a la Presidencia y antes que Lozoya se convirtiera en director de Petróleos Mexicanos, hoy se suma otro. El caso Oro Negro.

Accionistas de la naviera Oro Negro radicados en Europa y los Estados Unidos, han denunciado públicamente que directivos de Pemex afectaron sus operaciones y relaciones de negocios con el gobierno federal, cuando se negaron a participar en actos de corrupción.

De hecho aseguran que poseen “grabaciones (que) revelan que altos funcionarios de Pemex y del gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”.

La compañía Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., posee y renta cinco plataformas de perforación extraterritoriales a Petróleos Mexicanos. Para darse una idea, reportes emitidos por transparencia y publicados en la Internet, indican que en dos años, de diciembre de 2012 a diciembre de 2014, justo al inicio del sexenio de Peña Nieto, PEMEX Exploración y Producción, realizó 49 adjudicaciones directas a 27 empresas (entre las que se encuentra Oro Negro) para rentar plataformas por un monto de 104 mil 84 millones 545 mil pesos, de acuerdo al portal de Contralínea y a datos del portal de transparencia de la paraestatal.

El negocio de las plataformas es pues, multimillonario. De ahí la proclividad a la corrupción con métodos que van desde solicitar porcentajes de la adjudicación, del precio del arrendamiento mensual, hasta de una parte de las utilidades de la empresa depositadas a terceros.

El 19 de julio en el periódico The New York Times, de los Estados Unidos, fue publicado un desplegado por parte de los accionistas estadounidenses y europeos de Oro Negro –retomado el martes en México por la periodista Carmen Aristegui- donde acusan haber sido denunciados, denostados, afectados en sus transacciones comerciales y puesto en aprietos económicos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por Pemex, lo cual sucedió cuando se negaron a participar en actos de corrupción, al negarse a pagar sobornos para que contratos les fueran adjudicados.

Aseguran sobre la investigación contra la compañía que representan: “… es una investigación infundada en represalia por las demandas que los accionistas estadounidenses de Oro Negro presentaron contra México el mes pasado, en donde alegan que México intentó sacar a Oro Negro del negocio porque la empresa se negó a participar en el patrón endémico de corrupción de México y Pemex, al negarse a pagar sobornos por los contratos de Pemex”.

El caso no es difícil de visualizar dados los antecedentes en los sexenios de Fox, Calderón y el propio Peña, por mencionar a los menos –insisto-. Sobornos, Pemex, contratos, corrupción, son palabras que suelen ir ligadas además de escucharse reales, aun cuando no en México pero sí en otros países, se realizan investigaciones ministeriales al respecto.

Los accionistas de Oro Negro también denuncian públicamente una situación que tampoco le parecerá extraña. Dicen, cuando se refieren a la presión del Estado y la corrupción en el actual gobierno: “México, a menudo, no muestra ningún respeto por el Estado de Derecho y con frecuencia utiliza todos sus órganos, incluidas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, a su discreción y para destruir a aquellos que se niegan a participar en la corrupción”. Lamentable pero cierto, y hay casos de sobra.

Explican para quien los lea más allá de sus fronteras, que en Petróleos Mexicanos los afectaron a partir de 2015 (en 2014 sí obtuvieron contratos de acuerdo a los datos de transparencia), cuando les redujeron las tarifas en tres contratos y les cancelaron dos, hasta llegar en 2017 a la cancelación de todos los contratos, justifican que esto sucedió debido a que “Pemex buscó destruir a Oro Negro porque la empresa se rehusó a participar en su corrupción”.

Lo mejor de todo si resulta verdad, es que los accionistas redactan en el desplegado del 19 de julio, que los inversionistas de los Estados Unidos poseen grabaciones (no especifican si de audio, video, o ambas) “de altos y antiguos funcionarios de Pemex que admiten que Petróleos Mexicanos destruyó a Oro Negro porque Oro Negro se niega a pagar sobornos”. También que en las grabaciones se revela que funcionarios de Pemex y del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, recibían sobornos por parte otros contratistas de la paraestatal.

De igual manera que está documentado cómo en las mismas condiciones de infraestructura y propuesta, otras compañías fueron beneficiadas por Pemex al tiempo que Oro Negro estaba siendo afectada. Las denuncias presentadas por la compañía buscan resarcir el daño que el hostigamiento por parte de funcionarios de Pemex al no aceptar pagarles sobornos, ha causado a la compañía, lo cual sumando cuentas, tasan en unos mil millones de dólares.

Desde Petróleos Mexicanos han lanzado una respuesta al desplegado, pero no lo hicieron el 19 de julio cuando se publicó en el diario neoyorkino, sino el 23 de julio cuando dicho documento fue leído por la periodista Aristegui, hasta entonces reaccionaron sobre una acusación que ya tenía cinco días denunciada públicamente. Retaron los gobiernistas a los accionistas a presentar las grabaciones incriminatorias que dicen tener, para “evaluar su autenticidad y relevancia”.

Además, que “a diferencia de todos los demás proveedores, Oro Negro tomó la decisión unilateral de rechazar los términos de Pemex y decidió iniciar el proceso para declararse en bancarrota”.

Ante la poca credibilidad que tienen los actuales funcionarios de Pemex, la corrupción que de manera sistemática se ha originado en esa paraestatal en los últimos 18 años, los sobornos y los actos de corrupción denunciados ahora no están fuera de la lógica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual se ha caracterizado por eso, además de por utilizar a las instituciones para presionar, y proveer impunidad a los funcionarios señalados en actos deshonestos.

Por eso es necesario, preponderante y urgente, que al tomar posesión en la próxima administración federal, se investigue la corrupción de todo el sexenio peñanietista, particularmente los sobornos en Pemex. Lo cual podría dar certeza para que otros sobornados que no se animan a hacer lo que los accionistas de Oro Negro, se decidan a dejar de pagar sobornos, a denunciar la corrupción, y a evidenciar la podredumbre en el actual sexenio.

Dejar de lado estos casos de corrupción, no investigarlos, significará la continuidad de un sistema que está fundado en la corrupción. Y eso no es lo que prometió el próximo presidente.

Adela Navarro Bello

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