Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– En México existen al menos 36 conflictos mineros relacionados en su mayoría con despojos, violaciones a los derechos laborales, contaminación y daños a la salud. Todas estas denuncias, acusan activistas y pobladores, son permitidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluso, utilizando su fuerza policiaca, reprimen movimientos opositores a las minas dejando decenas de heridos y muertos.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, el Gobierno mexicano impulsó una reforma a la Ley Minera con el propósito de establecer condiciones de desregulación y de establecimiento de bajas tasas impositivas para generar condiciones ideales para la inversión de capital nacional y extranjero.
En la legislación se estableció que toda actividad de este tipo sería considerada de utilidad pública, preferente ante cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales.
El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expuso en una entrevista para SinEmbargo que en el país la legislación minera está enfocada principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.
“Esto ocurre porque tenemos una legislación muy débil, por que durante varios años y sexenios ha enfocado mucho más sus baterías en poder incentivar la inversión en el país, pero sin que esto represente un alto costo para las mineras”, denunció el activista.
El boom minero en el país inició a partir del año 2000 cuando a nivel internacional se presentó un aumento en el precio de los minerales. Entre 2001 y 2012 el número de concesiones otorgadas creció de 19 mil 376 a 26 mil 997. De éstas, las empresas canadienses obtuvieron 2 mil 600 concesiones.
Actualmente, alrededor del 30 por ciento del territorio nacional se encuentra en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. Las empresas pueden realizar actividades de exploración y explotación por hasta 50 años muchas veces prorrogables a otros 50.
Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y de la propia Secretaría de Economía (SE), destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense.
Grupo México y La Peineta en Sonora; First Majestic Silver Corp en San Luis; Excellon Resources en Durango; Blackfire Exploration, en Chiapas; Proyecto Don Diego en Baja California Sur; Los Filos y El Bermejal en Guerrero y Esperanza Silver en Morelos, son algunas de las minas que operan en México y que enfrentan sendas denuncias ante organismos defensores de derechos humanos.
Algunos de los casos son de gran trascendencia, como el que ocurrió el que ocurrió en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Sonora, donde se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y que ocasionó afectaciones al medio ambiente y a la población aledaña. Otro caso es el asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
El más reciente fue el enfrentamiento que se registró el pasado domingo entre elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y ejidatarios de la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, que dejó como saldo un menor de 12 años muerto y tres heridos de bala, entre ellos un niño de seis años.
De acuerdo con los pobladores y organizaciones, el Gobierno federal realizó un fuerte operativo de seguridad, en el que incluso utilizó helicópteros artillados, para detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario acusado por las autoridades de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, las cuales le proporcionó el propio gobierno en su intento por regular los levantamientos armados de los grupos de autodefensas surgidas en Michoacán en febrero de 2013.
Pero otras fuentes no gubernamentales, revelan que la detención de Cemeí se debe a su oposición a la minera Ternium, de origen italo-argentino, la cual tiene una importante presencia en la región.
El pasado miércoles, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) dijeron por medio de un comunicado de prensa que “las tierras de la comunidad de Santa María Ostula pretenden ser despojadas por empresas mineras extranjeras como Ternium, con el apoyo del mal gobierno coludido con el crimen organizado”.
Las organizaciones mencionaron que en los últimos cuatro años han desaparecido seis comuneros y otros 33, pertenecientes la comunidad de Ostula, han sido asesinados en este mismo periodo “en su lucha por la defensa de sus libertades y de sus tierras”.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene documentada la oposición de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila contra la transnacional Ternium desde el 2000. Desde los inicios de operación de esta mina, en el año 1998, han habido varias protestas de los comuneros, quienes acusan a la empresa de violar acuerdos.
En noviembre de 2009, dice la organización, Ternium instaló una planta de trituración y preconcentración, lo que hizo necesario firmar otro acuerdo. Meses después, los nahuas se inconformaron porque no recibieron las regalías de 2010 y pidieron renegociar, pues el mineral se agota, el río está contaminado y Aquila, uno de los municipios más pobres de Michoacán, ha recibido pocos beneficios de la empresa.
Con todos estos antecedentes, hoy la empresa pretende ampliar su capacidad productiva sin consultarle a los comuneros, señalando que poseen el permiso de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los comuneros se han organizado y han puesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque las dependencias federales otorgaron permisos sin consentimiento de los 469 comuneros.
EL DERRAME DE LA MINA BUENAVISTA DEL COBRE
El 6 de agosto del año pasado, la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, explotada por Grupo México derramó aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Habitantes de al menos seis poblaciones de la entidad se han visto afectados por brotes de enfermedades. Además de provocar pérdidas económicas en la región y daños ecológicos.
Desde que se difundió la noticia del derrame, las autoridades de los tres ordenes de gobierno y la misma empresa se comprometieron a resarcir los daños, a través de un fideicomiso, pero habitantes denuncian que no han recibido completamente la ayuda. Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que las instalaciones de la mina son seguras por lo que descartó una clausura, a pesar de las quejas de integrantes del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea sobre un posible nuevo derrame de tóxicos al Río Sonora.
En una entrevista publicada en SinEmbargo, Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero de Cananea, Sonora, advirtió en septiembre del año pasado, un mes después del derrame, que hay un represo –que tiene la finalidad de embalsar el agua– de la mina que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años, el cual puede colapsar y contaminar de forma irreversible el río en cualquier momento.
El líder sindical expuso que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.
El minero afirmó en esa ocasión en una entrevista con la periodista Shaila Rosagel, que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico del año pasado, como aseguró la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no le dio mantenimiento.
Al interior de la mina hay 11 represos más que constituyen una amenaza latente para el Río Sonora, advirtió.
El derrame ocurrido en la mina Buenavista del Cobre ha sido calificado por la Semarnat como el “peor desastre” ambiental en la industria minera del país.
LA SIERRITA DE GALEANA, EN DURANGO
Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan las mineras es el que ocurre en La Sierrita de Galeana es una comunidad ejidal que se encuentra en el municipio de Tlahualilo, Durango, integrada por 127 ejidatarios. La historia por la defensa de los derechos del ejido inicia con la llegada de la minera canadiense Excellon Resources Inc. en 1997.
Desde los inicios, la empresa buscó un acercamiento con la población, pero no fue sino hasta 2004 cuando la minera acordó la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por 30 años. El pago acordado fue por 1 millón 200 mil pesos, sin embargo, al momento de firmar, en el contrato se estableció la renta no por 4 sino por 27 hectáreas por el mismo pago.
Los comuneros protestaron pero finalmente firmaron el contrato porque la empresa los amenazó con expropiarles sus tierras argumentando que tenía buenas relaciones con el gobierno mexicano, de acuerdo con documentos en poder de ProDESC, una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales.
En su acompañamiento a la comunidad de La Sierrita, la organización ha detectado muchas irregularidades de las autoridades mexicanas, quienes incluso han llegado a “proteger a las transnacionales”.
El 29 de agosto de 2012, en el estado de Durango, elementos del Ejército mexicano y de las policías federal y estatal utilizaron la fuerza para desmantelar un campamento pacífico enfrente de la mina La Platosa, propiedad de Excellon Resources. El ejido La Sierrita exigía que la firma respetara el contrato de arrendamiento que ambas partes habían firmado en 2008, y que la empresa había violado.
En México es común, aseguró Juan Antonio López Cruz, coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, que cuando las comunidades hacen una protesta para hacer ver que hay una violación a sus derechos a la tierra y al medio ambiente hay una represión por parte del Estado.
“Las grandes empresas transnacionales, ya sea nacionales o extranjeras, en cuanto ven que existe una protesta social en contra de lo que ellos están haciendo, lo primero que hacen es irse a quejarse con el gobierno, y la reacción es la represión”, dijo Juan Antonio López.
Las protestas iniciaron desde el 8 de julio de 2012 y desde ese momento la mina decidió suspender las operaciones, debido a que los trabajadores se unieron a los pobladores en un gesto de solidaridad.
Ante la represión del Estado y de grupos de choque provenientes de otros estados contratados por la empres para detener los plantones y protestas, en septiembre de ese mismo año, los habitantes decidieron hacerlo por la vía jurídica argumentando que la empresa incumplió con el contrato.
En el país, cuando las comunidades deciden dejar los bloqueos y emprender acciones legales se enfrentan con el problema de la burocracia, largos procesos que tardan días, semanas, meses y años.
“La demanda está en curso, las comunidades cuando inician un proceso jurídico se encuentran con que el acceso a la justicia no es tan real, tenemos juicios que siempre presentan retrasos, presentas una demanda y la primera audiencia es cuatro meses después, en esa primera audiencia la difieren y nos dan otra tres meses después, y así nos vamos”, expuso el coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC.
Los activistas coinciden en que la legislación mexicana favorece a las empresas y que el llamado que hacen las autoridades a las comunidades de llevar los procesos por la vía legal en lugar de realizar protestas sólo beneficia a las mineras porque mientras se dicta una sentencia las empresas siguen operando.
"El proceso en contra de la mina La Platosa sigue y mientras no se dicte una sentencia, la minera sigue operando. Para poder entender cómo trabaja el Estado frente a las empresas transnacionales, nos encontramos que la tendencia es de protección a las grandes empresas, aún cuando existe una clara violación a los derechos humanos de las comunidades”, precisó López Cruz.
PASTA DE CONCHOS
El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en la región carbonífera de Nueva Rosita, Coahuila. El incidente provocó el colapso de varios túneles y sepultó a 65 mineros que laboraban en el turno de la noche. La mina –que era operada por Grupo México– fue cerrada de manera indefinida hasta encontrar los cuerpos.
Un grupo especializado de la minera y familiares de los mineros realizaron la búsqueda, sin embargo, en esos días no se encontró a nadie. Los trabajadores habían estado en huelga al menos 14 veces en demanda de mejores salarios y condiciones de seguridad y salud.
En esos días, el entonces Gobernador, Humberto Moreira Valdés, se comprometió a recuperar los cuerpos y crear un programa de becas para los hijos de las víctimas. Esta ayuda sería otorgada por la minera y el gobierno de Coahuila, sin embargo, un año después, la empresa dejó de dar el apoyo económico.
El 4 de abril de 2007, la búsqueda fue suspendida y un mes después también las becas. Hoy, a poco más de nueve años de la tragedia, sólo los restos de dos mineros fueron localizados, mientras que 63 siguen atrapados y sin nadie que los rescate.
MINERA CUZCATLÁN EN OAXACA
La oposición a la mina Cuzcatlán, fillial de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc, se lleva a cabo desde el año 2009. Enfrentarse a la operación minera en San José del Progreso, Oaxaca, se ha convertido en algo cada vez más peligroso e incluso mortal.
El 15 de marzo de 2012, el activista Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a balazos. La Red Mexicana de Afectados por la Minería vincula su muerte con su oposición a las actividades de explotación de oro y plata de la empresa.
La compañía se instaló en 2006 sin el consentimiento de la población. A tres años de la muerte del activista, organizaciones opositoras a la mina exigen a las autoridades el cierre de la compañía, que ha ocasionado descontento social y contaminación ambiental.
LOS FILOS Y EL BERMEJAL EN GUERRERO
El complejo minero Los Filos de la canadiense Goldcorp está ubicado en el ejido Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Inició sus operaciones en el 2007 y desde entonces, los pobladores acusan a la minera de afectaciones en su salud. Otro problema es el daño ambiental. Para cuando la empresa termine de extraer el oro los cerros habrán desaparecido, advierten organizaciones.
Aunque el tema de la inseguridad es ajena a la minera, la zona se ha visto afectada por criminales que amenazan tanto a habitantes como a empleados de la compañía. En marzo pasado 4 mineros fueron levantados por hombres armados, días después encontraron a 3 en una fosa. La mina señaló que su crimen no tuvo relación “con su trabajo en Goldcorp”.
Estos son sólo seis ejemplos de una lista de 36 conflictos mineros que existen en el país. Una de las afectaciones más importantes de la actividad minera es la contaminación del ambiente. Las mineras utilizan millones de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, la sosa cáustica y el ácido sulfúrico. El uso de grandes proporciones de agua y la generación de drenaje ácido genera terrenos sulfurosos que afectan la flora y la fauna, además de la salud de los pobladores donde se encuentra instalada la mina y otras comunidades aledañas.
