Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Los mayores desvíos de recursos en el presupuesto que los estados reciben de la Federación se encuentran en los rubros de salud, educación y seguridad, según consta en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ante este panorama, los gobernadores del país aún no tienen conciencia de lo que significa para el país el desvío de recursos en materia de seguridad, salud y educación, reclamaron legisladores de oposición y analistas.
Lo anterior, señalaron, es palpable a través de la revisión de las cuentas públicas por parte de la ASF, en la que queda de manifiesto que estos tres rubros son en los que se dan la mayor parte de los desvíos, manejos opacos o transferencias a otras áreas.
La falta de una fiscalización adecuada y de un esquema unificado de rendición de cuentas facilita que los estados desvíen o tengan un subejercicio de los presupuestos coincidieron expertos y legisladores.
De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública de 2013, la última realizada por la ASF, solamente en 13 de las revisiones aplicadas en las entidades federativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Seguro Popular, fueron satisfactorias, 65 regulares y 50 deficientes.
Según el órgano fiscalizador estos recursos tienen una significativa importancia para las entidades federativas, ya que equivalen al 90 por ciento de sus ingresos totales; para los municipios representan el 74 por ciento y, en los más pobres, más del 90 por ciento, para el financiamiento de las estrategias y programas de desarrollo, en particular en materia social.
Veracruz, Michoacán, Jalisco, el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca fueron los estados que reunieron el mayor monto relativo a irregularidades, equivalente a 540 mil 995 millones de pesos.
Según las 922 auditorías realizadas por la ASF, las irregularidades en que incurrieron los 31 estados y el DF suman 67 mil 168.8 millones de pesos, de un total de 941 mil 681.9 millones de pesos.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que los gobernadores aún no toman conciencia “del grave daño que esto representa”, mientras que la gente “ya está harta hasta el gorro, por eso los gobiernos estatales están por los suelos porque no hay ninguno que podamos decir que esté libre de culpa”.
De acuerdo con el último informe de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de pobres en el país aumentó en dos millones de personas, al pasar de 53.3 en 2012 a 55.3 millones en 2014. Los estados que ocuparon los primeros lugares con el mayor número de pobres después del Estado de México y Veracruz fueron Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, el Distrito Federal y Guerrero.
Y son precisamente los temas de educación, salud y falta de Estado de Derecho, propiciado por la inseguridad, los que hacen la diferencia entre seguir en los niveles de pobreza que registra el país o en detonar un cambio, a juicio de los entrevistados.
“El Estado debe proveer educación si queremos salir del estancamiento e ir disminuyendo la enorme brecha de desigualdad” y debe “mejorar el sistema de salud actual considerando como piezas fundamentales la atención, los servicios y el financiamiento”, señaló Valeria Moy, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
LAS CUENTAS EN LOS ESTADOS
Del total de las irregularidades encontradas, los recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por las 32 entidades federativas del país sumaron 22 mil 993.3 millones de pesos, cifra que representa 29.2 por ciento del total.
También faltó la documentación necesaria para comprobar erogaciones por 18 mil 189.9 millones de pesos (23.1 por ciento); se transfirieron recursos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas, por 10 mil 945.5 millones de pesos (13.9 por ciento), y se aplicaron recursos en obras y conceptos que no se corresponden con los fines de los fondos y programas, por 8 mil 031.9 millones de pesos (10.2 por ciento).
Durante la revisión se detectó el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, por 4 mil 330.9 millones de pesos (5.5 por ciento), y las secretarías de Finanzas no entregaron recursos a los entes ejecutores por 2 mil 677.3 millones de pesos, lo que representó 3.4 por ciento.
Los cinco estados con más revisiones realizadas fueron: Chiapas (57), Estado de México (41), Guerrero (52), Puebla (45) y Veracruz (45), entre todos acumulan más del 55.4 por ciento de las observaciones hechas. En tanto que las entidades con mayores transferencias de recursos en 2013, fueron Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y Puebla.
LA SALUD
Datos de la Cámara de Senadores a enero pasado indicaban que cuatro de cada 10 mexicanos no tenía acceso a servicios de salud, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de 4 mil 360 millones de pesos entregados a los estados para el Programa Seguro Popular durante el último año revisado. A esto se suman problemas en el ejercicio como desabasto de medicamentos, trato por cordial por parte del personal, atención médica insuficiente o deficiente, largas esperas para recibir consulta y el cobro de las mismas, así como la negación del servicio.
Entre las irregularidades detectó recursos no gastados del Programa Seguro Popular en los estados de Baja California (79 por ciento), en el Distrito Federal (90 por ciento), en Durango (21 por ciento), en Guanajuato (66 por ciento) y en Morelos (93 por ciento).
En Veracruz, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Chiapas e Hidalgo, se concluyó que los recursos para el programa no se utilizaron de forma transparente y no cumplieron con el objetivo de brindar a la población el servicio.
En el caso de Veracruz, el monto de recursos sin justificar ascendió a mil 597 millones de pesos, lo que representa 35 por ciento de lo que se le había asignado. Además de no informar sobre el ejercicio del dinero, la entidad tampoco lo hizo sobre los programas
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, además de que tampoco dio mayor información sobre la compra de servicios a prestadores privados, la compra de medicamentos y material de curación, ni del listado nominal de las plazas pagadas. Tampoco entregó si evaluación sobre los resultados del programa.
En Michoacán, el gobierno no aclaró el destino de mil 272 millones de pesos del mismo programa, lo que equivale al 45 por ciento de los recursos que recibió. La entidad destinó solamente el 7 por ciento de los recursos para la compra de medicamentos y otros insumos, mientras que lo establecido es que en este rubro de invierta hasta 30 por ciento.
A Jalisco se le hace la observación de que la entidad causó un probable daño a la hacienda pública federal por 652 millones de pesos, además de tener un monto por aclarar de mil 649 millones de pesos, principalmente en los rubros de “Medicamentos, material de curación y otros insumos” y “Pagos a terceros por servicios de salud (subrogados)”.
En estados como Coahuila, ninguna receta médica se surtió a los pacientes en su totalidad. Nuevo León y Campeche también registran desabasto de medicamentos.
A lo anterior, comentó el legislador, hay que sumarle “el negocio” que se hace con la compra de terrenos para la construcción de clínicas y hospitales, sin importan que los centros de salud queden alejados de la población más necesitada.
LA SEGURIDAD
Michoacán, Veracruz y Morelos, en 2013, no ejercieron entre el 68 y el 78 por ciento de los recursos federales que les fueron otorgados a través del Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública (FASP), según la ASF.
En este rubro, el órgano fiscalizador encontró probables daños al erario público por 807 millones de pesos por recursos mal empleados, desviados o que no pudieron comprobar.
Veracruz fue señalada por enviar a otras cuentas 247 millones de pesos, que fueron reintegrados meses después a la cuenta del FASP, y no se ejercieron para los fines del fondo.
Quintana Roo, que sólo ejerció 44 por ciento del dinero asignado, fue otro de los casos graves.
Hacienda estatal transfirió 65.8 millones de pesos del FASP a una cuenta de la que dicha dependencia es beneficiaria, lo que según la ASF provocó daño al erario federal.
Por esta y otras irregularidades, se pidió iniciar 12 procedimientos contra funcionarios estatales. Sonora incurrió en una conducta similar, al transferir 52.3 millones de pesos a cuentas bancarias del Gobierno estatal que no tienen qué ver con el FASP.
Para junio de 2013, cuando la ASF practicó su revisión, no se habían ejercido 49 millones de pesos de los recursos asignados en 2012.
El DF, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México resultaron “con salvedades”. En conjunto sumaron 19 pliegos por posibles daños al erario, por un total de 44 millones de pesos, de los que 27 millones fueron atribuidos a Jalisco, por sólo 453 mil pesos del DF.
Sin embargo, las cuatro entidades sumaron 488.7 millones de pesos “por aclarar” o comprobar.
Otro de los estados que presenta inconsistencias en este rubro es el del Estado de México. El 1 de julio SinEmbargo publicó que durante los dos primeros años de la administración del Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se usaron de forma deficiente y sin controles estrictos, lo que permitió que parte de ese dinero se traspasara a cuentas bancarias ajenas al Fondo, se destinara a acciones que no correspondían con sus objetivos, se gastaran inadecuadamente o simplemente no se usaran.
Se trató de una millonaria bolsa de mil 768 millones 851 mil 300 pesos de transferencias federales a las arcas públicas del Estado de México, uno de los estados con más altos índices delictivos por secuestro, extorsión y robo de vehículo (con y sin violencia), de acuerdo con los últimos datos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Asimismo, los recursos del Fondo pueden emplearse en equipamiento de las policías judiciales, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios; en la construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, cárceles e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública; establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y sus centros de capacitación, y el seguimiento y evaluación de todos estos programas.
Sin embargo, de acuerdo con una auditoría realizada a los recursos del FASP en 2013 (identificada con el número 13-A-15000-14-0493-GF-609), el Estado de México “no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.
En este rubro, Miguel Alonso Raya, expresó que de nada sirve entregar recursos a estados y municipios en materia de seguridad si no hay una política coordinada, puso como ejemplo el operativo “Escudo” en Guanajuato, a través de cual, con recursos federales se compraron cámaras y arcos para colocar en las entradas y salidas de la entidad, sin embargo, estados vecinos como Michoacán y Jalisco no tienen medidas similares lo cual no ayuda a ni siquiera a que en la región puedan darse avisos de manera oportuna sobre si salió o entró algún auto o persona sospechosa.
También señaló el caso del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), que premia con 10 millones de pesos a los municipios, con un promedio de 150 mil habitantes, que lograran una reducción en sus índices delictivos, recursos que debñian utilizar para la comprar patrullas, chalecos antibalas, armamento y para construir módulos que el ayudaran al municipio para la vigilancia policiaca, entre otros, pero si se mantienen al año siguiente con la delincuencia a la baja, les quitaban el apoyo, lo que ha derivado en que queden inconclusos proyectos.
desuso.
“Para que tuvieras continuidad casi casi había que mandar sicarios para que siguieran mandando gente”, dijo Alonso Raya.
En este rubro, Viridiana Rios, Directora del observatorio económico México ¿cómo vamos? sostuvo que “dos son las labores principales del gobierno: proveer de seguridad a los ciudadanos y generar condiciones de igualdad de oportunidad. Los recientes eventos en materia de seguridad y corrupción, y los altísimos niveles de desigualdad de nuestro país, prueban que el estado Mexicano no está cumpliendo a cabalidad sus principales funciones”.
LA EDUCACIÓN
En el rubro de educación, la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza (Panal) mencionó, con datos de la ASF, que los recursos designados a Guerrero y Estado México para el Ejercicio Fiscal 2013 para operar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo ascendieron a 339 mil 186.8 miles de pesos y 429 mil 700.9 miles de pesos, respectivamente.
Sin embargo, agregó, ambas entidades, al 31 de diciembre de ese año, no habían ejercido en su totalidad los recursos asignados, pero a principios del 2014 se transfirió el 40.5 por ciento de éstos al Estado de México, y el 44 por ciento a Guerrero.
En 2013, según la ASF, el gobierno federal asignó 325 mil 297 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
De la cifra anterior, 11 mil 336 millones de pesos se ejercieron para el pago de plazas a comisionados sindicales, bonos derivados de las negociaciones con gobiernos estatales, compensaciones discrecionales, y hasta pagos a centros de trabajo no educativos, entre otras irregularidades detectadas.
En este rubro, el legislador del PRD señaló que debe observarse el tema de los “famosos” comisionados sindicales, que tan sólo en el Estado de México existen 500, con un sueldo promedio de 25 mil pesos mensuales cada uno.
-¿Cuántas plazas son las “comisionadas” a nivel nacional?
-Andan aproximadamente de 35 a 40 mil personas en las diferentes secciones del país y a nivel nacional. En los estados más importantes pueden llegar hasta 700 comisionados.
De los 11 mil 366 millones de pesos que “se ejercieron incorrectamente” equivalen a cinco veces el presupuesto asignado al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, la mitad de lo destinado a Oportunidades en el rubro educativo o 10 veces lo etiquetado para la entrega de laptops a niños de quinto y sexto de primaria.
También se detectó el pago de 134 mil 349 plazas a personal que no labora en los centros de trabajo en los que supuestamente están registrados. De esas plazas, 90 por ciento están en dos estados: Oaxaca (65.5 por ciento) y Michoacán (23.4 por ciento).
Ambas “se han caracterizado por presentar un alto nivel de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo”, según señala el reporte.
