El Caso Wallace ha estado marcado por una serie de contradicciones e irregularidades como han sido las acusaciones de fabricación de pruebas y de tortura por parte de los detenidos, a la par de evidencia sobre llamadas telefónicas que habría hecho Hugo Alberto Wallace Miranda dos años después de haber sido asesinado.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda ocurrido en julio de 2005, seguirá su proceso en prisión domiciliaria con vigilancia policiaca y brazalete electrónico, determinó Alfredo Silva Juárez, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

El juez federal concedió el cambio de medida cautelar al considerar que han variado las condiciones por las que originalmente se le impuso la prisión preventiva oficiosa hace 17 años. Se trata de la única señalada en el Caso Wallace en dejar la prisión luego de que sus abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública impulsaran este cambio.

Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, aunque desde 2005 ha sido señalada de ser, junto con cinco personas más, responsable del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, de quien nunca se encontraron sus restos.

Lo cierto es que el Caso Wallace ha estado marcado por una serie de contradicciones, la mayoría de ellas exhibidas por el periodista Ricardo Raphael, quien ha dado cuenta cómo las dos versiones que difundió Isabel Miranda de Wallace —directora de Alto Secuestro, una organización que la acercó a Genaro García Luna y a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón— no se han sostenido y pese a ello hay seis personas detenidas, cuatro de ellas ya con sentencia.

Una primera versión  —escribió Ricardo Raphael el 31 de mayo de 2022 en Proceso— data del 12 de julio de 2005, según la cual un testigo que nunca apareció vio entrar a su hijo a un edificio en la calle de Perugino 6, de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México. La misma versión refiere que un niño vio a Hugo Alberto subir al segundo piso, a las cuatro de la mañana, y que ahí fue herido con un arma de fuego. “Luego lo habría visto abandonar, herido y chorreando sangre, aquel inmueble”. Pero el niño, después se determinó, no durmió en el edificio.

Al no sostenerse esta primera versión, Ricardo Raphael da cuenta de la segunda narrativa que difundió Isabel Miranda de Wallace la cual dio pauta a las detenciones que hasta la fecha han estado marcadas por acusaciones de fabricaciones de pruebas y tortura. 

Este relato sostiene que Juana Hilda González, sentenciada a 43 años y quien ha acusado que sufrió tortura física, “fue al cine con Hugo Alberto, que luego lo llevó a su casa (en Perugino 6), que ahí cinco integrantes de la banda le cayeron encima al mismo tiempo, y que eso llevó a que la víctima sufriera un paro cardiaco y muriera”. Esta versión señala que le tomaron fotos al cuerpo para pedir un rescate por 950 mil dólares y que luego lo cortaron con una sierra comprada durante la madrugada en un Walmart.

Es en este segundo relato en el que ha sido ligada Brenda Quevedo, aún cuando ella y otros acusados han dicho que declararon bajo tortura. Juana Hilda confesó su participación en los hechos bajo tortura y dio los nombres de sus presuntos cómplices, uno de ellos Brenda. César Freyre Morales (sentenciado a 63 años de prisión) fue detenido tiempo después y habría confesado también, bajo tortura, haber participado en el secuestro. Lo mismo ocurrió con los hermanos Alberto y Tony  Castillo (sentenciados a 46 años). A Brenda Quevedo la detuvieron el 28 de noviembre en Estados Unidos y la extraditaron a México en 2009. Por último, en diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin, quien aún no recibe sentencia.

Además de estas dos versiones y los señalamientos de tortura hay un dato clave que ha puesto en duda toda la trama del Caso Wallace: Hugo Alberto realizó varias llamadas por celular durante los días posteriores a su muerte e hizo pagos con su tarjeta de crédito, por ejemplo, para contratar el servicio de citas por internet match.com, explicó Ricardo Raphael. No sólo eso, el periodista indica que en febrero de 2007, es decir dos años después de la supuesta muerte, se comunicó con Claudia Muñoz, madre de su segunda hija, quien desde hace 15 años reside en Estados Unidos. 

A esto se suma otra inconsistencia más. Una de las pruebas que se ha presentado para asegurar que Hugo Alberto fue asesinado y su cuerpo desmembrado en el domicilio al que habría sido llevado con engaños ha sido una gota de sangre que habría sido hallada medio año después del crimen junto a una licencia caduca a nombre de Hugo Alberto.  

Al analizar la gota de sangre arrojó coincidencia en los marcadores de ADN con Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien no es el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, como reveló Ricardo Raphael el 12 de mayo de 2009.

“Hugo Alberto Wallace Miranda en realidad se llama Hugo Alberto León Miranda y su verdadero padre biológico es Carlos León Miranda. Por tanto, los marcadores genéticos de aquella evidencia no pueden corresponder a José Enrique del Socorro Wallace”, escribió el periodista.

Por esta situación, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial presentó dos denuncias ante la FGR, una en noviembre de 2020 y otra en mayo de 2021, respectivamente, por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada en julio de 2021 a SinEmbargo.

La acusación señala que Isabel Miranda simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo. 

Aunado a todas estas inconsistencias, están los testimonios de los vecinos de Perugino 6, de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México, quienes han dicho que la noche en la que supuestamente se perpetró el crimen en realidad fue una noche tranquila en la que no se escuchó ningún ruido fuera de lo normal.

En el caso de Brenda Quevedo, SinEmbargo ha dado cuenta cómo el Grupo de Trabajo de la ONU y el Instituto Federal de Defensoría Pública han documentado graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.

El Grupo de Trabajo de la ONU detalló que el 27 de noviembre de 2009, Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México “con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”.

De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace. Paradójicamente ese 2010, mientras Brenda era torturada, el expresidente Felipe Calderón le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien habría sido la autora intelectual de su tortura.

Otro de los detenidos Jacobo Tagle narró el 28 de noviembre de 2019 lo que sucedió el día de su detención, de cómo Wallace le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura. “La señora Wallace se comunicó con el Presidente Felipe Calderón estando yo en un cuarto, él la felicitó por haber dado con mi captura, le dijo que qué ocupaba y le pidió a la persona que estaba encargada en ese momento del operativo que hicieran lo necesario para poder hacer todo lo que la señora quería hacer conmigo y me refundieran en la cárcel”, dijo Tagle en una entrevista exclusiva con el periodista Ricardo Raphael en La Octava.

Por ello, los seis detenidos en el caso han afirmado desde hace años que el homicidio de Hugo Alberto Wallace nunca existió, que todo fue “fabricado” por la señora Isabel Miranda y por lo tanto piden ser liberados. En el caso de Brenda Quevedo se trata de la primera que ha podido seguir su proceso en libertad.