La marcha por la defensa de la ciencia que se celebró en más de 600 ciudades del mundo el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, es un hecho histórico al marcar un momento crítico en la defensa del conocimiento. Teniendo como centro Washington y la arremetida de Donald Trump contra la ciencia de interés público, especialmente su ataque a la política ambiental y a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, así como contra la salud pública y los Institutos de Salud de ese país, representa una tendencia global.
Pensar que los ataques de Trump a la ciencia son resultado único de la demencia de un sujeto que ha llegado al poder en el mayor imperio, es desconocer la historia de un poderoso sector económico que ha estado detrás del ataque a la evidencia científica sobre el cambio climático, sobre los daños al medio ambiente y a la salud pública de una larga lista de productos sintéticos, ataques a la conservación de la diversidad biológica, etcétera. Todos estos ataques han tenido una sola causa: defender las ganancias de las grandes corporaciones globales.
Los republicanos estadounidenses, aliados de las grandes corporaciones, más que los demócratas, han mantenido fuertes batallas contra las regulaciones sanitarias, contra la regulación de diversos productos químicos, de los transgénicos, contra la veda a la exploración petrolera en regiones altamente vulnerables, contra la regulación de la comida chatarra en las escuelas, incluso, contra las regulaciones que garantizan la inocuidad en los propios alimentos.
Pero la dictadura contra la ciencia no es contra toda la ciencia, es contra aquella ciencia de interés público, la ciencia que no aporta a los grandes negocios. Para Trump y una parte importante de republicanos y sectores afines alrededor del mundo, debe invertirse en ciencia pero para el desarrollo militar, para la innovación tecnológica que aumente las ganancias de las empresas y gane las batallas comerciales, para que se consuma más y aumente el Producto Interno Bruto (PIB). No importa que a la vez que el PIB aumenta, aumente la desigualdad, la pobreza, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales, y menos aún si esto ocurre fuera del país.
El ataque a la ciencia va también contra sus instituciones y ello incluye a las Naciones Unidas. Las amenazas de Trump de no aportar fondos a los organismos de Naciones Unidas tiene que ver con el hecho de que estas instituciones basan sus análisis, recomendaciones, acuerdos y compromisos internacionales en la evidencia científica para el beneficio e interés público. Trátese de la Organización Mundial de la Salud, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático o del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la evidencia científica ha sido la base de sus recomendaciones. El conflicto de interés ha estado dentro de estos organismos, los intereses económicos se han logrado infiltrar, pero aún queda una fuerte tendencia dirigida a la política de interés público.
La OMS, frente a la epidemia global de obesidad y diabetes provocada por los cambios radicales de la dieta tradicional a la comida chatarra, recomienda regular la publicidad de estos productos, etiquetarlos con advertencias, sacarlos de las escuelas, imponerles impuestos y promover el acceso y subsidio a alimentos saludables, menos procesados, más frescos. La gran industria de alimentos y bebidas que domina el mundo quisiera ver desaparecer a la OMS o tenerla bajo su control.
La FAO señala la importancia de los pequeños productores en el abasto de alimentos a escala global, la importancia de apoyarlos como parte del combate a la pobreza y como única garantía de mantener la diversidad de alimentos, al tiempo que señala los graves impactos ambientales de la agroindustria de gran escala. La gran industria de alimentos, agroquímicos, transgénicos y semillas no ven en la FAO al aliado que les gustaría tener.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático publica sus reportes cada vez más alarmantes que muestran el avance del cambio climático y sus consecuencias, advirtiendo la crisis de alimentos y agua en grandes regiones del mundo, el impacto creciente de millones de refugiados ambientales y la inestabilidad política que provocará, cada vez más, el calentamiento global. Las petroleras, grandes financiadoras de los republicanos, no quieren tener límites ni regulaciones a su negocio.
Hemos llegado a un punto de inflexión en que enfrentamos una crisis civilizatoria. En lo político: la inestabilidad se ha extendido desde las regiones marginales, desde las periferias a los centros. La sociedad del hiperconsumo ha llevado a generar profundas inestabilidades en regiones ricas en recursos naturales, al provocar guerras para el control de las materias primas, especialmente los hidrocarburos. Es el acceso a los hidrocarburos la principal razón de las mayores crisis humanitarias que vivimos.
La crisis civilizatoria genera la conciencia de que el modelo debe cambiar, de que hay la necesidad de modificarlo. Ese escenario genera una reacción de resistencia de los intereses instituidos que se ven amenazados. La estrategia frente al mundo en crisis de estos poderes económicos es lanzarse a evitar el cambio, a hacerse de mayor poder, a evitar las políticas que pueden afectar sus ganancias. Y uno de los objetivos centrales es la ciencia, destruir o controlar las instituciones que generan la ciencia. Es el mismo fenómeno que vivimos al ver a la industria tabacalera comprando la ciencia para negar sus daños y lo que vemos actualmente con las refresqueras, pero a escala global.
A esta fuerza se suman varios sectores: el sector de la población conservadora que se distingue por el sentimiento de miedo, el sector de los trabajadores que han visto el deterioro de su calidad de vida y a los que se manipula poniendo en el exterior la causa de sus condiciones (migrantes, tratados comerciales, etc). Esta fuerza se expresa en Estados Unidos y diversas naciones europeas, a la vez que tiene sus propias expresiones en las llamadas naciones del Sur.
La ciencia no es neutral, ha servido a los peores fines y a los mejores. En un mundo mercantilizado, la investigación científica financiada por los grandes intereses económicos se ha dirigido, principalmente, a producir más barato para ganar más, sin importar la calidad de los productos y sus impactos al medio ambiente y la salud; a sustituir el trabajo de las personas por las máquinas, lo que puede ser en beneficio de la sociedad, pero no si eso solamente genera desempleo y no hay un beneficio social por el aumento de la productividad. La práctica común ha sido trasmitir las externalidades a la humanidad y el planeta (daños ambientales, daños en salud) mientras se privatizan las ganancias.
Pero la ciencia que se defendió en la marcha y más de 600 eventos alrededor del mundo, es la ciencia por el interés público. Es la ciencia que nos puede llevar a mitigar el cambio climático, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que nos puede ayudar a enfrentar las epidemias, a formas de producción y consumo más sustentables, a la protección de la biodiversidad, es decir, la ciencia que debe ser la base de evidencia para elaborar las políticas de interés público.
La amenaza a esta ciencia de interés público se agrava en todo el mundo y hemos visto como en México se le combate por los mismos intereses económicos, especialmente, en el caso de la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que está poniendo en riesgo a varias generaciones de mexicanos.
