Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Intelectuales mexicanos y extranjeros condenaron en una misiva las “acciones violentas” cometidas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla, y de Graco Ramírez Garrido Abreú, en Morelos, contra opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), y exigieron la liberación y el cese de las amenazas e intimidaciones en contra de activistas.
A través de una carta dirigida a los mandatarios, el lingüista Noam Chomsky, el escritor Eduardo Galeano, el sociólogo Armando Bartra, el biólogo Víctor Manuel Toledo, el poeta Javier Sicilia, entre otros, exigieron “el cese de la represión y proyectos de muerte” en estos estados, y advirtieron que estas “aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana”, de no cambiar el panorama.
Los firmantes denunciaron que los gobiernos de Moreno Valle y Graco Ramírez “desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente”.
El Proyecto Integral Morelos incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que de acuerdo con los opositores afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen cientos de comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Asimismo han denunciado el alto nivel de riesgo del gasoducto, como la han informado especialistas.
En la carta, los intelectuales dijeron que el arresto de ocho personas, de las cuales tres aun permanecen detenidas, “se realizó haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”.
Por ello exigieron la inmediata liberación de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala; de Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal del San Felipe Xonacayucan; y de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.
Asimismo pidieron el cese de las intimidaciones en contra de Avelino Velázquez Tapia, Comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac quien tiene orden de aprehensión y a Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad de Puebla cuya familia fue amenazada por un grupo de gente armada en su domicilio.
También pidieron acabar con las amenazas al estudiante de sociología y asistente del doctor Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, y al abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.
Los intelectuales y escritores dijeron que con esta represión, “los gobiernos intentan producir, a través del terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social”.
“Lo que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”, dice el documento.
Denunciaron “el autoritarismo y la imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte”, que comprende 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica.
“Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación, el gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo los intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, a las cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que provocarían”, denunciaron.
Los denunciantes afirmaron en la misiva que estos hechos “no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado”.
Al respecto, el día de ayer Luis Maldonado Venegas, Secretario de gobierno de Puebla, dijo ayer en entrevista para la primera emisión de MVS Noticias que los tres activistas detenidos cometieron actos ilícitos porque “en el estado no puede haber impunidad”. Afirmó que los ilícitos que se les imputan son por robo.
Maldonado Venegas aseguró que el gobierno de Moreno Valle ha dado amplías garantías para que ciudadanos se manifiestan pero no en un marco de impunidad.
En ese mismo espacio, Roxana Luna, integrante del movimiento nacional Los de Abajo en Puebla, lamentó la falta de diálogo del gobierno y rechazó los delitos que les imputan a los activistas. Mencionó que a uno lo acusaron del robo de un celular, y a otro porque “es un peligro para la sociedad”.
Horas después, se informó que varias organizaciones presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los pueblos que se genera por el intento de construcción del gasoducto parte del Proyecto Integral Morelos en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Se informó que se realizará una conferencia de prensa el próximo lunes para dar a conocer los principales puntos de la queja interpuesta ante la CNDH, los riesgos ambientales y sociales si se realiza la construcción del gasoducto; los derechos humanos vulnerados de los pueblos de la región y las peticiones de las organizaciones y comunidades.
PT EN EL SENADO EXIGE LIBERAR A ACTIVISTAS
El día de ayer, el Senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, presentó un punto de acuerdo en el que solicita que al Senado de la República exigir al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la liberación de los opositores al Plan Integral Morelos.
El legislador solicitó que cese la “persecución, el autoritarismo y la violación a los derechos humanos y políticos de los pobladores y dirigentes de organizaciones sociales”.
Asimismo, requierió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar una investigación exhaustiva para emitir una recomendación al gobierno del estado de Puebla por “la persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en contra de los legítimos opositores de dicho proyecto”.
Se requiere, dijo, la comparecencia ante Comisiones del Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que presenten un informe público sobre los efectos sociales, económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.
Explicó que derivado de la oposición a este proyecto, el 6 de abril, el gobernador Moreno Valle, detuvo a Enedina Rosas Vélez de 60 años, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan del Municipio de Atlixco, acusada del robo de dos celulares y su oposición al Gasoducto.
Dijo que a las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, el 7 de abril fue detenido Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, a quien se le acusa de despojo, extorsión y motín, delitos considerados graves que no le permiten derecho a fianza.
En tanto que el Juez de Paz de San Martín Texmelucan, Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino y del Movimiento “Los de Abajo”, el 8 de abril condenó las detenciones de los dos Dirigentes y proponía al Gobierno Estatal el diálogo, no obstante, señaló, tres horas después fue detenido acusado por amenazas y delitos en contra de servidores públicos.
El legislador petista expuso otros casos e indicó que en ninguno de los tres Estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011.
Aseveró que ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica.
Así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad. Informó que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), consideró que el Proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto.
Sostuvo que las válvulas de seccionamiento deben situarse a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en realidad el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población. La proposición fue turnada a la Comisión de Energía, debido a que el Pleno no lo consideró de urgente resolución.
