Hasta la fecha los avances en la investigación por parte de la PGR han dejado a todos insatisfechos. El caso ahora se ha centrado en las diferencias entre el GIEI y las autoridades que investigan el caso por parte del Gobierno mexicano.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– A 18 meses de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de policías de Iguala, los padres de los normalistas siguen pidiendo justicia y la presentación con vida de sus hijos. Más de un año y medio después el movimiento ha pasado por distintas fases que van desde marchas multitudinarias en la capital del país, hasta la casi extinción de la protesta.
En febrero, al cumplirse 17 meses, los familiares de los desaparecidos y algunas organizaciones dejaron, por primera vez, de realizar una marcha para organizar únicamente una protesta afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la capital del país. Para este 26 de marzo, día en que se cumplen 18 meses de la desaparición de los jóvenes, únicamente se ha convocado a una jornada cultural en el Hemicilo a Juárez, en el centro capitalino.
Familiares de los desaparecidos y distintas organizaciones han denunciado que la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto obstáculos al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que lleva a cabo una investigación independiente.
Por otro lado, en días pasados el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia penal presentó una denuncia ante la PGR en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza por presunto fraude en el manejo de los recursos otorgados por el Gobierno federal para la labor del GIEI.
