Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz son los nombres de los jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de marzo en dos hechos distintos y que fueron detenidos, dicen las familias, por elementos de la Policía Municipal de Papantla. Han pasado seis días. No se sabe nada de ellos.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– En plena crisis política por la que atraviesa el Gobernador Javier Duarte de Ochoa por la ola de violencia que vive Veracruz, y a poco más de dos meses de que cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, padres reportaron la desaparición de otros tres jóvenes en Papantla.
Sus familias también acusan a policías municipales de habérselos llevado.
Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales y Alberto Uriel Pérez Cruz son los nombres de quienes desaparecieron en dos hechos distintos el pasado 19 de marzo, de acuerdo a la información dada a conocer por los padres durante la protesta que realizaron ayer jueves frente al Palacio Municipal de Papantla y en donde exigieron que se les informe el paradero de sus hijos.
Luis Humberto y Alberto Uriel Pérez Cruz desaparecieron juntos. Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto, relató que a su hijo lo persiguió una patrulla de la Policía Municipal y se lo llevó:
“Lo correteó una patrulla de la Policía Municipal y les disparó, las llantas de su vehículo se le poncharon sobre la calle Francisco Villa. Ahí fueron detenidos”, dijo al medio local Al Calor Político.
Desde ahí no ha vuelto a saber de él.
La mujer detalló que su nuera fue quien presenció los hechos y señaló que las patrullas 084, 060, 061 de la Policía de Papantla fueron las que participaron en la detención.
Informó que acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, entre otros lugares y municipios sin que obtuviera respuesta de la ubicación de Alberto Uriel., quien, de acuerdo a medios locales, trabajaba como taxista y albañil.
A su vez, Humberto Morales Pérez, padre de Luis Humberto, señaló directamente que a su hijo se lo llevó la patrulla 84 y aseguró que también ha recorrido oficinas de gobierno y no ha podido obtener información.
Mientras que Jesús Alan Ticante Olmedo salió por la mañana de su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata para ver a su abuela y no llegó, Tras ello sus familiares se dieron a la tarea de buscarlo y un familiar les comentó que lo vio la altura del mercado del “Tarro”, donde se realizaba un operativo policíaco ese día. Tampoco se tiene indicios de su paradero.
DUARTE EN CRISIS
Este año 12 estados renovarán gubernaturas, el priista Javier Duarte de Ochoa es uno de los que se va. Su administración en Veracruz estuvo marcada por la ola de violencia, pobreza y deuda, además de convertir al estado en el más riesgoso para el ejercicio periodístico, de acuerdo con estadísticas oficiales y de organizaciones.
A principios de este mes corrieron rumores de la posible renuncia del Gobernador. Fuentes consultadas por SinEmbargo revelaron que Duarte de Ochoa atravesaba por una presión inédita para que deje su cargo. Ya no era sólo una exigencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno federal. Y las señales enviadas por esos días parecían confirmarlo.
Duarte de Ochoa no fue recibido a finales de febrero por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo público. Para algunos observadores ésta fue la última señal que el Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.
“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comisionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecretaría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declaraciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan torturado a esos policías para que se declararan culpables”.
Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, hace más de dos meses. Esto abrió la última gran crisis a la administración estatal.
Organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, activistas, académicos, periodistas, estudiantes y partidos de oposición han exigido que deje el puesto, desde hace al menos dos años. Pero la demanda se ha acentuado en las últimas semanas, con marchas y manifestaciones. Hay reclamos en el plano civil y en el político por la violencia en el estado, la participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres, los asesinatos y secuestros de periodistas, el aumento de la deuda pública y un desorden en las finanzas reflejado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
DE CONFLICTO EN CONFLICTO
TIERRA BLANCA: Cinco jóvenes, entre ellos una menor de 16 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por policías municipales en Tierra Blanca cuando regresaban hacia su ciudad natal, Playa Vicente, el 11 de enero. De inmediato los padres se movilizaron y se plantaron frente a las oficinas de la Fiscalía de Veracruz en el municipio en el que sus hijos fueron vistos por última vez para exigir que las autoridades dieran con su paradero.
Por el caso, ocho policías han sido detenidos, entre ellos, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien ha sido relacionado con más desapariciones en esa ciudad. Ayer, el subsecretario de de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la declaración del último agente detenido. Quien aseveró que los jóvenes fueron “quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”.
Tierra Blanca, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
CONTRA LA UV: El pasado 29 de febrero, la recorta de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha otorgado los recursos presupuestados para 2016. Académicos han alertado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una “muerte lenta” a la casa de estudios.
El pasado 10 de marzo, cientos de estudiantes tomaron las calles de diversos municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, para protestar en contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del presupuesto universitario. A las protestas en defensa de UV, se sumaron profesores, investigadores, personas administrativos, pensionados y ciudadanos en general.
HOMICIDIOS: La cifra de homicidios dolosos se disparó durante el Gobierno de Javier Duarte, en comparación con el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su antecesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró un menor número de estos delitos durante los últimos once años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este año, ya se habían registrado 80.
DESAPARECIDOS: Colectivos de Veracruz dan cuenta de al menos 91 desaparecidos de 2010 a la fecha en esa entidad. Las características de las víctimas: mujeres de entre 14 y 24 años de edad, hombres entre los 14 y 35. En ese ambiente, los colectivos alertaron también que el número de desaparecidos se incrementa cada día sin que las autoridades implementen una búsqueda efectiva de los ausentes. Además acusan al gobierno de Duarte de Ochoa de “criminalizar a las víctimas” al cuestionar las razones de su desaparición.
PERIODISTAS ASESINADOS: Durante la gestión de Duarte, al menos 19 periodistas de Veracruz han sido asesinados, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19. Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue la última asesinada. La periodista fue sustraída de su domicilio y días después su cuerpo hallado en Puebla, con signos de tortura.
Al menos dos comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos: Sergio Landa, desde 2011y Gabriel Fonseca, 2013.
Además, tan sólo en 2015 cuatro periodistas se vieron obligados a dejar la entidad y se registraron 66 agresiones contra comunicadores, según información dada a conocer por la asociación protectora de a libertad de expresión.
DESVÍOS: En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.
En su tabulador que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Veracruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
DEUDA: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2015, la deuda de Veracruz sumó 45 mil 879 millones de pesos, la tercera más alta del país, sólo por debajo de la de Ciudad de México y Nuevo León. Los pasivos de la entidad se incrementaron durante los primeros cinco años de Duarte en el Gobierno en 20 mil 703 millones de pesos.
Según los reportes dados a conocer por el Gobierno de Veracruz al cuarto trimestre de 2010, Javier Duarte recibió un adeudo de 21 mil 500 millones de pesos. Al cierre de 2015, la administración local reconoce que la deuda total se elevó a 42 mil 201,9 millones de pesos.
