Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– La Ley de Ordenamiento Social, aprobada ayer por el Congreso de Quintana Roo, generó criticas y descontento entre políticos y activistas, quienes coincidieron en que la nueva legislación pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado gobernado por el priista Roberto Borge Angulo y alertaron que la decisión puede ser la plataforma para repetir el modelo a nivel nacional.
Los expertos consultados por SinEmbargo coincidieron que es una nueva forma de criminalizar la protesta social y de violar la libertad de manifestación y asociación. También destacaron que esta ley es parecida a la que la Cámara de Diputados discutió el año pasado para el caso del Distrito Federal.
Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, opinó que la aprobación de la Ley de Ordenamiento Social es un indicador de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Su forma de reprimir no era la misma que se ejercía en el Cono Sur en los setenta. Sus formas eran sutiles. Hoy las ha retomado: probar a la opinión pública, mediante el ensayo y el error. Ver cuáles son los reflejos de la sociedad que defienden sus derechos con la publicación de leyes estatales”, expuso el activista.
“La nueva Ley de Ordenamiento Social forma parte de una estrategia de Estado para acallar el disenso, la manifestación pública y cualquier crítica contra actos de corrupción, impunidad, opacidad y violencia perpetrados por el gobierno de Borge Angulo”, afirmó la activista Lydia Cacho.
Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”.
“Si bien legalmente puede aprobarse, es ilegítima porque está tratando de coercionar el derecho a la libertad de manifestación y de asociación que son los fundamentales contenidos dentro del derecho humano a la protesta”.
En Quintana Roo, políticos locales también criticaron la Ley de Ordenamiento Social. Minutos después de darse a conocer la aprobación, legisladores de oposición manifestaron su descontento.
Héctor Ortega, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), puso en duda la capacidad del legislador local priista Juan Carrillo Soberanis para elaborar una iniciativa de este modo, de quien dijo que es un Diputado “por dedazo, no por mérito”.
“Proviene de Los Pinos y lo que están haciendo es presentarla en los Congresos locales, utilizando a los más brutos y los más fascistas para que sean los encargados de dar la cara y presentar estas iniciativas que lesionan los derechos constitucionales de la población”, comentó.
Además, dijo, Morena se encuentra analizando qué hacer para oponer resistencia a esta iniciativa que considera anticonstitucional.
Por su parte, el dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional del PRD, Hugo González, cuestionó los motivos de los legisladores al proponer dichas iniciativas e incluso se preguntó si éstas no serán consignas.
“Se supone que las leyes o las iniciativas de leyes deben de provenir de las preocupaciones ciudadanas, para eso están los que se dicen ser representantes sociales, para darles forma de iniciativa de ley a las preocupaciones del ciudadano. Pero tal parece que atienden a un patrón, ellos saben quién les manda”, comentó.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano emplea la figura “flagrancia equiparada” como estrategia para criminalizar la protesta social.
A través de su “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, que será presentado en Washington, Estados Unidos, el próximo jueves, la CIDH expone que en México, a través de la aplicación esta figura jurídica en algunos estados, se criminaliza la protesta social, pues es empleada para justificar detenciones masivas sin que las personas hayan sido detenidas realmente en flagrancia y sin vínculos ni objetos relacionados con el hecho perseguido.
Estas detenciones se ven agravadas por la imposibilidad de muchas personas de pagar las altas fianzas de ex carcelación que se les fijaban. Lo que, a decir de la CIDH, constituye un ejemplo de como la imposibilidad de aportar una fianza puede ser utilizada como medida de represión contra determinados grupos.
CONTROLADORES PRIISTAS
Robles Maloof alertó que el Gobernador Roberto Borge quiere colocarse a la vanguardia de la represión y busca enviar un mensaje al priismo autoritario de que él está en avanzada, en una corriente marcada por los hechos ocurridos en el primer cuadro de la Ciudad de México durante el primer año de gestión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El activista puso hincapié en que el pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Social con un albazo legislativo que no implicó ni una semana entre el envío de la iniciativa y su aval. Exclamó que esta acción recuerda la llamada Ley Duarte, que en sólo dos días fue dictaminada. “Estamos ante personajes (los gobernadores priistas) que controlan a los congresos como si fueran sus oficinas o sus oficialías de partes bajo el disfraz de la iniciativa parlamentaria”, dijo.
Quintana Roo se encuentra entre los estados con menor índice de manifestaciones y marchas cívicas; la gran mayoría de estas han sido pacíficas y de un inusual civismo, sin bloqueos de calles, avenidas o áreas turísticas, explicó la periodista Lydia Cacho.
Incluso, recordó, “la manifestación del magisterio quintanarroense, en la que cinco mil profesores hicieron paro de labores y bloquearon parcialmente la entrada del Palacio de Gobierno de Chetumal, había sido pacífica. Nunca se bloquearon vías públicas ni carreteras, no se agredió a turistas ni a ciudadanos, no hubo violencia hasta que se dio un breve encuentro entre policías y maestros, sin daños materiales ni físicos, luego de que el Gobernador quiso desviar la atención de la opinión pública vinculando la manifestación magisterial de Quintana Roo con la de la Ciudad de México”.
El Gobernador Roberto Borge Angulo ha sido acusado tanto por periodistas como por partidos de oposición de impulsar métodos ilegales para controlar a los ciudadanos de la entidad que gobierna bajo las siglas del PRI.
Durante la pasada elección, por ejemplo, tanto Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a Borge Angulo de promover actos de violencia, incluso atentados incendiarios, en contra de los candidatos opositores y sus equipos de campaña. En 2013 y lo que va de 2014, el Gobernador ha sido señalado por periodistas nacionales y locales de tratar de intimidarlos por distintas, muchas de ellas ilegales. Se le acusa de utilizar hackers y de tener un equipo que maneja bots en las redes sociales para tratar de desprestigiar medios y comunicadores.
“Si bien el PRI de Quintana Roo ha mantenido uno de los últimos cacicazgos intocados del país, nunca como ahora se había vivido la persecución de Estado contra tantas personas de tan diversos grupos sociales”, manifestó Cacho.
Para la activista, el encono y la vileza con que los agentes del gobierno estatal operan es de llamar la atención. “Durante las elecciones pasadas, los ataques a la candidata a la presidencia municipal Graciela Saldaña (PRD) incluyeron creación de documentos falsos, en los que supuestamente ella llamaba a sabotear el turismo, y periódicos con fotomontajes obscenos, pornográficos, de la candidata del partido que había ganado las elecciones del Ayuntamiento Benito Juárez (Cancún) en los últimos trienios.
“Los ataques a periodistas, activistas y políticos de oposición tienen el mismo sello característico y un lenguaje lineal y reiterativos sobre supuestas infidelidades en la vida íntima, alcoholismo, adicciones o incluso prostitución”, detalló.
Sin embargo, Héctor Cerezo alertó que Quintana Roo, al ser uno de los estados que ya aprobaron la ley, se van a poner en tensión las fuerzas de la derecha que intentan limitar y las organizaciones de derechos humanos y veremos de qué manera se denuncia que el Estado está limitando un derecho humano.
CRIMINALIZACIÓN NACIONAL
“Sí, la tendencia de los gobiernos federal y estatales es limitar ese derecho sobre todo en el DF porque han hecho cosas ilegales, y lo único que necesitan es legalizar para evitar que las marchas lleguen al Zócalo o tengan que pedir permiso o que sean encapsuladas, entonces creemos que la intención en el DF sí es limitar el derecho humano”, expuso el activista Héctor Cerezo.
Justo en el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 diciembre), la Cámara de Diputados puso en la mesa la discusión la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, lanzada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
En dicha ley quedaron establecidos diversos artículos, que para muchos, resultaron totalmente inconstitucionales, además de coartar la libertad de expresión, sobre todo en un lugar donde recientemente se habla que es la “entidad con mayor tolerancia”, la Ciudad de México.
En diciembre del año pasado el PRI y el PAN aprobaron en Comisiones la ley que prohíbe a los capitalinos impida el tránsito vehicular, manifestarse sin pedir un permiso previo y e insultar a las autoridades.
Al respecto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) criticó la ley y comentó que los legisladores federales no tendrían por qué aprobarla ya que intenta atentar contra el contenido de las protestas, y pretende regular la actuación de los ciudadanos y no de la autoridad. “Lo más delicado dela propuesta, es que hace una censura previa, se mete con los contenidos de las manifestaciones, lo cual está prohibido por todos los estándares internacionales”, dijo su titular Perla Gómez Gallardo.
Sin embargo, ni el Congreso, ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han emitido su postura y resolución en torno a la llamada “Ley de anti-protestas”
“Para criminalizar este derecho, Cerezo ve que el Estado aprovecha las tensiones generadas durante marchas y manifestaciones, pero el derecho humano a la manifestación no puede acotarse”, aseguró Cerezo.
El Artículo noveno establece desde 1917 que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla”.
“El problema del derecho humano a la protesta es que no habría mecanismo por el cual legal y legítimamente pudiera ser acotado. El problema no es que la gente salga a manifestarse, sino que el Estado maneja que hay un conflicto de derechos, el derecho a la protesta y el derecho de terceros sobre todo el derecho al libre tránsito […] sin embargo, el gobierno lo que busca es crear un conflicto entre personas que ejercen un derecho y personas que efectivamente son afectadas por otras que ejercen ese derecho. El Estado mexicano tiene obligación no de limitar, sino de buscar medidas para desviar circulación que afecte lo menos posible a marchas”, concluyó Héctor Cerezo.
Con información de Linaloe R. Flores y Marco Antonio Martínez.
