Ciudad de México, 25 de feb (SinEmbargo). – La madrugada del 28 de marzo de 2011, el cuerpo de Juan Francisco Sicilia y seis jóvenes más fueron localizados en el interior de una camioneta en Cuernavaca, Morelos. Su muerte sacudió fuertemente la vida de su padre, el poeta Javier Sicilia, quien no sucumbió a la tristeza y de la mano de más activistas formó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, uno de los colectivos más representativos en México que entre sus logros tiene la promulgación de la Ley de Víctimas.
“Este caminar lo hice con mi hijo… Traigo dos cosas que me había, que son de él, este reloj, que siempre traigo y unas botas que me había regalado él, con las que caminé y había caminado hasta Baltimore… Me di cuenta que se le había caído el tacón, que las botas habían… y sentí como dentro de mí unas palabras de mi hijo como diciéndome: Pa, ya terminamos, lo hicimos bien”, expresó el poeta en septiembre de 2012, cuando se dijo que se alejaría del colectivo.
El Movimiento no sólo ha compartido el dolor de miles de familiares de víctimas de la guerra anticrimen, también ha enfrentado el asesinato de algunos de sus miembros como Nepomuceno Moreno.
Pero no sólo este grupo ha luchado por una causa. Existen muchos más que desde la sociedad civil han impulsado reformas, iniciativas y hasta debates presidenciales. Y a pesar de haber sufrido pérdidas, indiferencia y hasta criticas, continúan de pie.
Los movimientos sociales en México se convirtieron en un frente cívico de muchas causas que, como nunca antes, están impulsado a los Poderes de la Unión a muchas causas ciudadanas que durante décadas se consideraron perdidas.
MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD (MPJD)
La agrupación comenzó a tomar forma luego del asesinato de Juan Francisco Sicilia -hijo de Javier Sicilia, líder del movimiento- en marzo de 2011.
Ha recorrido la República, agrupando a víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos. Criticó severamente al Gobierno de Felipe Calderón por su lucha anticrimen y se reunió con los candidatos presidenciales para reprocharles sus fallas y exigirles actuar en pro de la sociedad civil.
Su más grande logro ha sido conseguir la promulgación de la Ley de Víctimas el pasado 9 de enero, que fue vetada por el ex Presidente Felipe Calderón, llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vapuleada por diferentes organizaciones no gubernamentales de México.
De nueva cuenta la Ley está sobre la mesa de discusión, pues los activistas piden diversas reformas para mejorarla.
Para las organizaciones firmantes de la iniciativa de reforma a la Ley es fundamental modificar el artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral participe de los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, referida en el artículo primero de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
El movimiento ha sufrido la pérdida de algunos de sus miembros, también activistas que buscaban justicia. Entre las personas que fallecieron se encuentran Nepomuceno Moreno, ultimado el 28 de noviembre de 2011 mientras circulaba en su camioneta por las calles de Hermosillo, Sonora, y que buscaba esclarecer la desaparición de su hijo, y José Trinidad De la Cruz Crisóstomo, un indígena nahua conocido como “Trino” y uno de los principales defensores del derecho al reconocimiento de las tierras de Santa María Ostula y de sus derechos políticos.
#YOSOY132
El movimiento surgió tras las protestas contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana el pasado 11 de mayo.
Poco a poco fue creciendo y se organizó de tal manera que convocó a miles para salir a las calles y protestar varias ocasiones contra el priista.
En un hecho histórico, aunque con fallas técnicas, realizó un debate con tres de los cuatro candidatos presidenciales el 19 de junio: Josefina Vázquez Mota del PAN, Andrés Manuel López Obrador por el PRD, y del Panal Gabriel Quadri.
Actualmente el grupo ha fijado una postura de rechazo a las propuestas del Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas el pasado 2 de diciembre, sobre todo en materia de telecomunicaciones.
Recientemente convocaron a un foro abierto para implementar estrategias contra las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones y reflexionar en tono a los colectivos sociales.
ACTIVISTAS PRO ANIMAL
Se han manifestado en más de una ocasión. Han salido a la calle con botargas y pancartas para dar voz a quienes no la tienen.
El 30 de enero pasado obtuvieron un gran triunfo: la Gaceta Oficial del DF publicó diversas reformas al Código Penal en materia de maltrato a los animales.
A partir del 31 de enero se sancionará de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa, a quien de manera intencional cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte.
Sin embargo, la reglamentación es muy general y no contempla actividades como la charrería, las peleas de gallos y la tauromaquia.
Activistas, como los que integran Rescate Animal, se han quejado de estas excepciones y si bien aplauden este gran logro, pugnan porque toda práctica de crueldad sea erradicada por completo, y no sólo en el DF, también a nivel nacional.
FRENTE DE DEFENSA DE WIRIKUTA
El 28 de abril de 2008, el entonces Presidente Felipe Calderón –vestido como huichol– firmó el pacto de “Huauxa Manaka”, bajo el cual gobernadores de diversos estados se comprometieron a preservar la Tierra Santa del pueblo Wixárica.
No obstante, en 2010, el mandatario otorgó concesiones para explotar minas en la mayor parte de Wirikuta, en San Luis Potosí.
La empresa canadiense First Majestic Silver Corporation publicó después un plan de ejecución del proyecto Universo en la sierra de Real de Catorce, que pretendía explotar los recursos minerales en 59 mil 678 hectáreas, que representan el 42.56 por ciento de Wirikuta. Por su parte, Revolution Resources inició en diciembre de 2011 una perforación de 7 mil metros con tres equipos para analizar las condiciones de la tierra.
En ese mismo mes, un grupo de intelectuales y artistas de 30 países enviaron un documento al Ejecutivo para proteger la zona.
En 2012 la lucha del Frente de Defensa de Wirikuta continuó su lucha.
Tras la presión social, el 24 de mayo de 2012 el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, informó que la empresa First Majestic Silver Corp. había cedido al Gobierno federal 761 hectáreas del área que ocupan sus 35 concesiones, otorgadas por Gobierno entre 1982 y 2009 bajo la Ley Minera.
En tanto, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que no otorgaría ninguna concesión de explotación minera; además, se buscaría declarar a Wirikuta Área Natural Protegida de Competencia de la Federación.
Parecía un triunfo en la pugna, pero los activistas denunciaron que el daño ambiental era irreversible, que el anuncio había sido «una farsa» y que la concesión se trataba de “una parte minúscula” que representaba tan sólo el 0.5 por ciento del área y que carecía de riqueza mineral.
Dos días después del anuncio de Ferrari, se llevó a cabo en el Foro Sol el Wirikuta Fest, con el que se recaudaron fondos para pagar a un grupo de abogados que buscarían frenar las concesiones mineras.
Reportes de prensa indican que el Frente de Defensa enviará una carta al Presidente Enrique Peña Nieto para que cancele las concesiones mineras.
CARAVANA DE MADRES DE MIGRANTES DESAPARECIDOS
Ante la falta de respuesta del Estado mexicano, un grupo de madres de centroamericanos, desaparecidos en México durante su paso rumbo a Estados Unidos, realizaron el año pasado su cuarta caravana en busca de sus familiares.
A unas horas de iniciada la dura travesía, 4,600 kilómetros a lo largo de 14 estados, Silvia Campos, originaria de Honduras, pudo abrazar a su hijo Cervelio municipio tabasqueño de Tenosique, tras nueve años de no verlo.
Se sumarían después los casos de tres guatemaltecos y dos hondureños que fueron vistos en Saltillo, Coahuila. También se localizó a otro migrante en Nuevo León.
En esta caravana de nueva cuenta se vivió la indiferencia por parte de las autoridades. “Los Gobiernos locales solo nos ayudaron con temas de seguridad, pero no hubo ningún compromiso verdadero, ningún Gobernador de los estados por los que pasamos tuvo ese interés por escuchar a las madres”, declaró Rubén Figueroa, miembro del grupo.
De acuerdo con datos del Movimiento Mesoamericano, en el sexenio pasado se registraron más de 70 mil desapariciones de migrantes en México.
«LIBRE INTERNET PARA TODOS»
Se trata de un colectivo que promueve la primera iniciativa ciudadana en México: libre acceso a internet en toda la República.
El proyecto fue elaborado por las organizaciones ContingenteMX, Article19, Al Consumidor, Nacnati, Mozilla México, Propuesta Cívica, Puebla Vigila, Evolución Mexicana, Causa en Común, Dejemos de Hacernos Pendejos, Reforma Política Ya, Wikimedia y FUNCO.
Incluye una reforma al Artículo 6 Constitucional y el uso de la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr su cometido y conseguir que las zonas más alejadas y marginadas puedan acceder a Internet.
Aunque aún no cuentan con las más de 100 mil firmas que necesitan como aval -tienen 72 mil certificadas-, el 21 de febrero hicieron la entrega simbólica de su proyecto a senadores del PRI, PAN y PRD, a la espera de que se inicie una mesa de trabajo formal en días próximos y el Presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, la exponga ante el pleno.
Ese día una docena de activistas se reunieron con los senadores del PAN Javier Corral, Marcela Torres y Javier Lozano del PAN; Omar Fayad del PRI, y del PRD, Mario Delgado y Armando Ríos Piter. Todos ellos hablaron a favor de la medida y se comprometieron a impulsarla desde sus respectivas bancadas.
La presencia de los organizadores en el Senado calificado como histórico por los políticos.
Incluso Ríos Piter reconoció: “Esto pone en dos encrucijadas al Senado y al Poder Legislativo: la primera es que escuchemos a la gente y la segunda es que podamos aprovechar el espacio blanco que será liberado tras el apagón analógico, no para que se ponga a concesión de intereses económicos, sino para que los ciudadanos puedan acceder a él”.
«VALOR POR TAMAULIPAS»
A través de las redes sociales un ciudadano alerta, sube o recopila información sobre la presencia de grupos criminales en el estado y sus actividades. Se solidariza con grupos de familiares de desaparecidos. Apoya en momentos de crisis de seguridad.
En poco más de un año ha puesto en jaque a delincuentes y ha opacado la poca actividad de la policía.
Debido a sus denuncias, la cuenta está en la mira de los narcos, quienes le pusieron precio a la cabeza de su administrador y a través de volantes pidió información sobre su paradero o el de su familia, a cambio de 600 mil pesos.
Tras las amenazas, el administrador decidió sacar del país a su esposa y sus hijos, pero no abandonó la lucha y a través de una carta aseguró que seguiría en pie: “Si callamos, ellos seguirán haciéndonos daño”.
Aunque su lucha continúa, ha aceptado que está asustado: “Tengo tanto miedo que ya no puedo tener más”, declaró a SinEmbargo.mx
Apenas el 20 de febrero comenzó a circular un video titulado “Advertencia a usuarios de Facebook y Twitter”, en el que se exhibe lo que podría ser la ejecución de un presunto colaborador de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas”, el mismo sitio público que desconoce si el material es real o apócrifo.
MADRES DE DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
Se cuentan por miles en la República, algunas vieron a sus hijos cuando apenas eran unos niños y aún así no pierden la esperanza de volver a darles un beso. Otros fueron asesinados y piden esclarecer el crimen. Sin embargo, se han topado con pared. Las autoridades de todos los niveles las han ignorado o simplemente les hacen promesas.
A principios de noviembre de 2012, cuatro de ellas realizaron una huelga de hambre que duró siete días frente a la Secretaría de Gobernación. Incluso una de ellas tuvo que ser valorada por un paramédico debido a su debilitado estado de salud.
Ls mujeres estuvieron encabezadas por Julia Alonso Carbajal, Margarita López Pérez y Malú García, la primera de ellas no ve a su hijo desde el 12 de enero de 2008.
Finalmente sus quejas fueron escuchadas, pero a medias. El 8 de noviembre el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, recibió al grupo que realizaba un plantón, después dijo que se revisó caso por caso y cinco días más tarde les ofreció presentarlos al equipo de transición para que el nuevo Gobierno les dé seguimiento y solución.
La lucha de las madres de desaparecidos y asesinados ha sido difícil.
Uno de los casos más recordados es el de Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, mientras exigía justicia por la muerte de su hija Rubí. Al momento de su muerte, la mujer mantenía una protesta permanente en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno.
Recientemente se anunció que Karla Castañeda, organizadora de la marcha de madres que recorrió en enero 369 km entre Ciudad Juárez y Chihuahua y miembro del Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas, recibiría asilo político en Estados Unidos tras sufrir acoso policíaco en la urbe fronteriza.
POLICÍAS COMUNITARIAS
Han surgido en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Si bien algunos están en contra por su forma de manejarse, otros, especialmente los pobladores de algunas comunidades, las apoyan porque dicen sentirse protegidos.
Pese a que el Artículo 17 de la Constitución indica que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, la inseguridad puso en entredicho este aspecto. El hartazgo y el miedo pudieron más y fue así que nacieron los grupos de autodefensa, algunos más formalizados y llamados policías comunitarias.
El estado con mayor autodefensa es Guerrero, donde los habitantes de más de 10 comunidades salen a la calle encapuchados, con machetes o armas, colocan retenes y hacen frente a los delincuentes. Cuentan con el respaldo de Ediles, síndicos y regidores.
Ayutla de los libres, Iguala y Teloloapan son sólo algunos de los municipios guerrenses donde se han tomado las armas para encarar a la delincuencia organizada.
El surgimiento y rápida proliferación de estos grupos ha colocado en la mira a los gobiernos y autoridades que no pudieron salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Por otro lado, existen casos que han generado criticas contra la autodefensa, como las decenas de detenidos en Ayutla que no pudieron ser vistos en un principio por la Procuraduría estatal, el homicidio un hombre en Atliaca, municipio de Tixtla y los señalamientos contra Fredy Gil Pineda Gopar, Alcalde de Santos de Reyes Nopala, Oaxaca, a quien se le ha acusado de crear un colectivo de autodefensa enfocado a sus propios intereses.
Lo que han logrado estos ciudadanos es centrar el foco de atención en ellos, la presencia de autoridades en sus comunidades y el despliegue de más fuerzas castrenses para protegerlos. Ahora ya no son ignorados.
