Un proyecto de TransCanada Corporation implica que el combustible, importado a México desde los depósitos ubicados en Waha, Texas, sea conducido hasta el Golfo de California luego de atravesar cinco municipios ubicados en la Sierra Madre Occidental habitados por decenas de comunidades de la etnia Rarámuri, 70 de las cuales quedarán a una distancia menor a los tres kilómetros de la obra.
Chihuahua, Chihuahua, 25 de enero (SinEmbargo).– Desde el 31 de octubre de 2012, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asignó a una filial de TransCanada Corporation la construcción de un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de esta capital hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.
El proyecto implica que el combustible, importado a México desde los depósitos ubicados en Waha, Texas, sea conducido hasta el Golfo de California luego de atravesar cinco municipios ubicados en la Sierra Madre Occidental habitados por decenas de comunidades de la etnia Rarámuri, 70 de las cuales quedarán a una distancia menor a los tres kilómetros de la obra.
Y si bien el derecho de los pueblos nativos a haber sido consultados “antes” de cualquier decisión en sus territorios está consignado en el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por México en 1990, el Gobierno federal inició este proceso sólo a finales de 2014, más de dos años después de la asignación del contrato a TransCanada y cuando los habitantes cuyos ancestros ocuparon esas montañas hace milenios habían ya notado la llegada de empleados mestizos a hacer trazos.
“Nosotros no nos enteramos de lo que pasaba. La gente indígena no tuvo conocimiento; en algunas partes, los tratos fueron con los ejidos, pero no con la comunidad”, dice Miguel Manuel Parra, integrante de la comunidad Rarámuri de Mogotavo, asentada en el Municipio de Urique, en la cima de la Barranca del Cobre.
“Empezaron a hacer trabajos y todo eso, había comentarios y había un trazo ahí. Llegan y ya, ponen los trazos, así, sin que nos enteremos nosotros de qué están haciendo”, agrega, entrevistado en la sede de la organización Tierra Nativa, ubicada en esta capital.
La documentación oficial muestra que fue sólo el 11 de enero de 2015 cuando personal de la Secretaría de Energía (Sener), de la CFE, de la Coordinación de la Tarahumara del Gobierno del Estado y representantes de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste –filial de TransCanada– llegaron a la comunidad de Mogotavo para realizar una “Asamblea informativa con gobernadores del pueblo Rarámuri”.
Ahí, de acuerdo con los entrevistados, la exposición del proyecto denominado gasoducto El Encino-Topolobampo quedó completamente a cargo de los representantes de la empresa, quienes, de acuerdo con el acta, consignaron haber hecho una exposición oral y traducida, haber entregado información técnica del proyecto en forma impresa y haber recibido “dudas, comentarios, propuestas y sugerencias de la comunidad”.
Para los habitantes de ésta, en cambio, se trató de un mero trámite por parte del Gobierno que había ya violentado su derecho a ser escuchados antes de que se asignara cualquier obra que modificara su entorno.
“No ocurrió como debería ser, y como pudo haber sido lo esperado por el Estado, que es quien debe hacer la consulta”, dice Manuel Parra. “Nosotros requeríamos de consulta, que es lo que se debe hacer con una comunidad cuando le van a afectar en su territorio, en su patrimonio, en su historia, en todo lo que tiene que ver con su cultura”, agrega.
Mogotavo fue una de las otras cuatro comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara que presentaron el año pasado amparos ante tribunales con el fin de suspender en sus territorios la obra de TransCanada, valuada en más de 24 mil millones de pesos. Otros asentamientos opuestos fueron San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique; todos, explica Citlali Quintana, del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, con el reclamo de no haber sido considerados de manera previa, libre e informada.
La Comisión de Asuntos Indígenas, explica Quintana, también negó a la organización la petición de contratar a un asesor independiente a la empresa, ya que ésta fue la única fuente de la información provista a la población mientras que los representantes del Gobierno, dice, acudieron a la zona en calidad de sólo coordinadores de los encuentros.
Y aun el consumo de alcohol en las fiestas tradicionales de las comunidades, de acuerdo con reportes de medios locales, fue utilizado por la empresa para tratar de obtener las firmas que les permitieran detener los amparos y continuar con las obras.
“Fue una simulación de consulta”, dice Citlali Quintana en entrevista, en la que también menciona “la falta de tacto” mostrada durante todo el proceso incluso hacia los pobladores que estuvieron de acuerdo en permitir el paso de la los ductos.
“El único lenguaje que la empresa entiende es el del dinero”, dice. “Nos tocó acompañar a personas que preguntaban si les dañarían el aguaje, ante lo que los ingenieros preguntaban: ¿Cuánto quieres por tu aguaje? Y la gente les respondía ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a vender mi aguaje?”, agrega.
LA RESPUESTA DE TRANSCANADA
Un encargado de la relación con los medios por parte de TransCanada, Juan Carlos Hernández Azuela, informó a este medio que, a la fecha, la empresa lleva un 70 por ciento de avance en la construcción y que realiza un “cuidadoso proceso para poder identificar las acciones necesarias para minimizar el impacto y las afectaciones en las diferentes comunidades vecinas a nuestros proyectos”.
Una de estas afectaciones, agrega la “Memoria técnico-descriptiva” de la obra, es la calidad del agua, que sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.
Sobre el proceso de consulta, TransCanada respondió a SinEmbargo que “fue definido, liderado y coordinado por Sener en cumplimiento con la legislación mexicana vigente y en concordancia con tratados internacionales”.
Una petición de información sobre los motivos de no haber consultado a las comunidades antes de la asignación de la obra no ha sido respondida al cierre de esta información por parte de la Secretaría de Energía ni de la CFE.
El gasoducto El Encino-Topolobampo es parte de una red de nuevos gasoductos previstos para importar gas natural procedente de Waha, Texas, a Chihuahua y, de esta entidad, a otras centrales ubicadas en regiones como Sásabe, en Sonora, o La Laguna, en Coahuila, además de Topolobampo y Mazatlán, en Sinaloa. Otras empresas ganadoras en estas licitaciones son Grupo Carso, de Carlos Slim e Infraestructura Energética Nova, filial de la norteamericana Sempra.
Todos son fragmentos de la gigantesca red de más de 10 mil kilómetros de gasoductos adicionales que busca construir la Secretaría de Energía para importar el combustible desde Estados Unidos hacia México; internación que, de acuerdo con diversos documentos, fue una de las prioridades del vecino país garantizadas con la aprobación de la Reforma Energética.
Mogotavo es una comunidad ubicada sobre una meseta con divisaderos al Cañón del Cobre. Por este privilegio, es también territorio sujeto a una larga historia de despojos y trastornos ecológicos que se agudizaron sobre todo en los años 60, con la llegada del tren Chihuahua al Pacífico que, narra Manuel Parra, llevó al turismo, ahuyentó a varias especies animales medulares en la comunidad y, en general, dice, “invisibilizó” a la población indígena. En 1984, además, la Secretaría de la Reforma Agraria decidió otorgar escrituras de esos terrenos nacionales a una empresaria particular que puso un hotel y luego se apropió, dicen los entrevistados, de 500 hectáreas y del derecho de negociar todo tipo de infraestructura con las autoridades. Luego, en 1997, el Congreso del Estado aprobó el Fideicomiso Barrancas del Cobre para acentuar la explotación de recursos y ocupación de tierras para la construcción de infraestructura turística.
Y fue por esos antecedentes, plantea Manuel Parra, que decidieron hacer patente su presencia ante los constructores del gasoducto, obligarlos a recorrer con ellos el terreno, a detectar microclimas afectados y a detallar con más profundidad sus medidas de seguridad en casos de fuga o explosiones, entre otras dudas no aclaradas en la asamblea de hace un año.
La comunidad consideró cumplidas sus exigencias en diciembre pasado, cuando, en consenso, decidieron permitir el paso de la obra a cambio de un proyecto de inversión social en beneficio de la educación y la salud en la comunidad. Lo mismo, informó Quintana, ocurrió en San Luis de Majimachi y en Pitorreal.
Pero “tuvieron que voltear” hacia las comunidades, dice Manuel Parra. “Ver que era serio lo que estábamos haciendo; tuvieron que venir al pueblo, con más información y con más disposición a querer arreglar eso. La empresa, porque Sener desconoció al pueblo, porque ellos tienen el interés de hacer esto”, agrega.
