En medio del incendio que ha devastado Guerrero desde el inicio de los gobiernos perredistas, el Gobernador Ángel Aguirre Rivero hizo a un lado recursos federales disponibles para atenuar la pobreza, combatir al crimen organizado, prevenir la corrupción del personal dedicado a tareas de seguridad pública e implementar estrategias contra el secuestro.
La crisis política y social originada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis más los pasados 26 y 27 de septiembre quedan al descubierto la utilidad que habría tenido la aplicación del dinero ministrado por la federación.
A la vez, durante la breve administración de Aguirre ocurrieron al menos tres incendios en instalaciones gubernamentales en que se habría resguardado documentación comprobatoria del gasto público del gobierno guerrerense.
Chilpancingo, Guerrero, 24 de octubre (SinEmbargo) .- La violencia en Guerrero siempre ha sido alta, pero ahora desboca. Apenas hace 10 años, en 2004, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ascendía a 16.38, poco más de 5 punto por encima de la media nacional. Al año siguiente, antes de que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) declarara la guerra a los cárteles de las drogas, en Guerrero la tasa de homicidios brincó en 2005 hasta 22.83 al final del gobierno de René Juárez Cisneros (1999-2005), último mandatario priista en el estado.
Los números no dejarían de ascender durante los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca Galindo [2005-2011] y de Ángel Aguirre Rivero.
Para el ejercicio 2011, la Federación otorgó al estado de Guerrero más de 215 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
Tras encontrar diversas “debilidades” en la ocupación del recurso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen “negativo” del uso de los recursos.
Mientras el estado se enfilaba para convertirse en el más sangriento de un país definido por su violencia, al 31 de diciembre de 2011, la administración de Ángel Aguirre sólo había ejercido el 74.8 por ciento de los recursos otorgados por la Federación en materia de seguridad.
Es importante subrayar el origen federal de los recursos, porque el monto total de ingresos que el Gobierno de Guerrero prevé obtener en 2014, es de 41 mil 808 millones de pesos, de los cuales el 96 por ciento serán de origen federal y el restante 4 por ciento por concepto de ingresos de gestión, según la documentación oficial guerrerense. Estos 41 mil 808 millones de pesos equivalen a su Presupuesto de Egresos no modificado.
Y mientras los clanes surgidos del resquebrajamiento del Cártel de los Beltrán Leyva se infiltraban en decenas de corporaciones policíacas, Ángel Aguirre no destinó un solo peso al eje “Combate a la Corrupción”, tema prioritario previsto por la Federación para ese año.
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Si bien la dinámica de la violencia se ha generalizado en el país a raíz de la estrategia contra las drogas iniciada a fines de 2006 por el Presidente Felipe Calderón, el año de 2013 el estado de Aguirre Rivero mostró una masacre de casi 60 asesinatos por cada 100 mil residentes, cuatro veces más que la línea nacional.
Ángel Aguirre inició su mandato el 1 de abril de 2011. Ese año, el país alcanzaba una tasa de 1.24 secuestros por cada 100 mil mexicanos. En Guerrero la tasa ascendió a 3.94 –el triple que la nacional– y la cifra se mantendría en ascenso hasta llegar a 5.87 en 2013.
En 2004, la tasa guerrerense se situó en 0.33. Es decir, en apenas una década, los secuestros en el estado de Aguirre casi se multiplicaron por 18.
Pese al subejercicio del gasto en materia de seguridad en 2011, la Federación aumentó los recursos otorgados a la administración guerrerense en 2012, año en que se le otorgaron más de 223 millones de pesos. Ese año, el dictamen nuevamente fue “negativo”:
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: vehículos destinados para el uso del subsecretario de Seguridad Pública y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por 1.05 millones de pesos; faltante de bienes por 1.6 millones de pesos; adquisiciones de bienes en proceso de instalación y de entregar a las áreas usuarias por 16.6 millones de pesos y utilización de recursos para financiar gastos que no corresponde al FASP 2012 por 13.7 millones de pesos”.
Pero existe algo más que llama la atención y es dónde fue que Aguirre Rivero decidió no gastar un centavo. Nuevamente se trató de tres temas de primera relevancia previstos por la Federación, estos también relacionados con el caso Ayotzinapa que tiene, metafóricamente, al estado en llamas y que literalmente pasó por el fuego al Palacio Nacional.
Ángel Aguirre no gastó un solo peso en los siguientes Programas de Prioridad Nacional: “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”, “Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro” y “Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica”, éste relacionado con el combate a la corrupción.
Tampoco invirtió nada en el tema de primera relevancia nacional “Programa con Prioridad Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres”.
Y, en 2012, el estado de Guerrero se convirtió en el segundo más feminicida de México y su principal ciudad, Acapulco, en el municipio con la peor tasa de feminicidios en el país.
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POBRE GUERRERO POBRE
Guerrero es, junto con su vecino Oaxaca y, en la misma región, Chiapas, uno de los tres estados más pobres de México.
En el Guerrero de Aguirre, la precariedad creció.
En 2010, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el estado tenía al 67.6 por ciento de su población debajo de la línea de la pobreza. Dos años después, ya en pleno ejercicio de Aguirre al frente del gobierno, la cifra ascendió a 69.7 por ciento.
El número de personas con al menos una carencia social se incrementó y, mientras en 2010, al final de la crisis económica, 39 de cada 100 guerrerenses no ganaba siquiera para el bienestar mínimo, en 2012, ya en la recuperación económica mexicana, 45 de cada 100 guerrerenses tenían su sueldo despeñado en la insuficiencia.
El rezago educativo también se amplió y, como se recuerda, la presente crisis social y política en el estado tiene su origen en el empobrecimiento de la calidad de vida y de perspectiva de empleo de los profesores egresados de la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Ninguno de los 81 municipios de la entidad tiene a menos de la mitad de la población en la pobreza, ni siquiera Acapulco, su capital económica, o Chilpancingo, su capital política. En 28 de sus demarcaciones al menos la mitad de su población sufre hambre, entre estos Metlatónoc, sitio referencial de la miseria económica en México.
En el país, mientras que en los municipios con escasa presencia indígena, cuatro de cada 10 habitantes se encuentra en pobreza, en los municipios indígenas esta situación alcanza a casi toda la población y nueve de cada 10 son pobres.
Guerrero es el séptimo estado con mayor población indígena de México con 18.1 por ciento de sus habitantes pertenecientes a un pueblo originario. Y es entre los indígenas que el hambre se agudiza.
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Otro de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación permite observar que Aguirre estuvo en capacidades de aliviar, al menos en parte, las carencias de todo tipo en los municipios más pobres del estado.
Mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la Federación proveyó en 2012 al estado de 43 mil 500 millones de pesos. El ejercicio del gasto afectó a la mayoría de las demarcaciones, todas con altas concentraciones de pobreza extrema:
“La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales, el Gobierno del Estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destaca el incumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la distribución municipal de los recursos […] lo que generó que 51 municipios recibieran menos recursos que los que les correspondían por un total de 586 millones de pesos”.
La afectación presupuestal alcanzó a los pobres entre los pobres, los lugares con más de nueve de cada 10 personas con carencias. Entre los municipios sobre los que el gobierno de Aguirre pasó la tijera fuera de la ley están Cochoapa El Grande, con 95.9 por ciento de su población en pobreza; José Joaquín de Herrera, con 93.3 por ciento, y Metlatónoc, con 94.7 por ciento.
EL FUEGO QUE TODO LO PURIFICA
Jimena Escobar fue directora de Relaciones Interinstitucionales de la Auditoría Superior del Congreso de Guerrero, el ente que fiscaliza el buen uso de los recursos públicos empleados por los tres poderes de gobierno local.
Conocedora del tema, Escobar apunta al “conveniente” incendio supuestamente perpetrado por normalistas el pasado lunes 13 de octubre, cuando inconformes con los hechos de Ayotzinapa tomaron el Palacio de Gobierno con funcionarios de alto nivel, personal administrativo y usuarios de servicios gubernamentales adentro.
Luego del fuego, funcionarios de gobierno han propagado la versión de la destrucción de documentos relacionados con los gastos de la administración y no sólo de carácter histórico, como en un principio se informó.
“La quema de la documentación en el edificio Tierra Caliente del Palacio Gobierno se pierde toda la documentación. La cuenta pública es una cuestión que no debemos descuidar. En Texas, donde están ubicados los servidores, debe existir respaldo de toda la documentación”, comenta en entrevista con SinEmbargo.
− ¿Qué es lo que supuestamente se perdió? –se le pregunta a la especialista en administración pública.
–Todo lo relacionado al ejercicio de los recursos de 2014. Si renuncia el Gobernador pues… qué conveniente y qué maravilla para él, porque su año fiscal no ha cerrado (concluye en noviembre) y la cuenta pública la entregaría en febrero de 2015. ¿Qué entregaría? En Guerrero hay muchísimo dinero circulando. Seguimos con los temas de los huracanes del año pasado “Ingrid” y “Manuel” y existen demasiados cabos sueltos. También se habría perdido la documentación del macro túnel que se está construyendo en la escénica de Acapulco. A estas alturas ya se ejercieron las dos terceras partes del presupuesto anual.
− ¿Y según el gobierno ese era la información financiera en la que había en el edificio?
–En el edificio Tierra Caliente, donde estaba la sede de la Secretaría de Finanzas, afirman que efectivamente se perdió toda la información albergada. Los dejaron solos [a los normalistas]. Cuando tomaron el Palacio, alrededor del mediodía, se quedaron todos los trabajadores encerrados. Trabajadores que, a decir de ellos mismos, estaban muy molestos no solo por el hecho de estar encerrados, sino que esos mimos trabajadores eran los que antes fueron obligados a ir a buscar a Iguala a los desaparecidos. Había secretarios de gabinete. Estaba los titulares de Obras y Economía. ¿Dónde estaba la fuerza pública? Cualquier secretario tiene la facultad de pedirla.
− ¿Fue intencional el incendio?
–Yo podría decir que fue una conveniente imprudencia no solicitar el apoyo de la fuerza pública. Se argumenta que no podían pasar lo granaderos porque voltearon un camión de Bimbo para bloquear el acceso cuando el Palacio de Gobierno tiene cuatro accesos. Y no es la primera vez que se quema un edificio público, ya se quemó contraloría de secretaría de educación el año pasado, la quemaron también, y uno piensa que fue el mueble, cuando la contraloría tiene sus archivos.
Y no sería la última: el pasado lunes 20 de octubre, sujetos encapuchados –quienes se identificaron como supuestos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa– prendieron fuego a las oficinas del programa social “Guerrero Cumple” localizadas en Chilpancingo.
En las paredes del inmueble se pintaron los mensajes: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Aguirre asesino”.
Desde su conocimiento de las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, Escobar apunta la “inexistencia de la división de poderes en el estado” y la ausencia de fiscalización real del gasto público en cualquiera de estos tres.
Tras llegar al gobierno, relata la ex funcionaria, Aguirre Rivero colocó personal que, de manera externa coadyuvaría con el análisis del gasto, pero lo que en realidad ocurrió fue la obstrucción de cualquier ánimo de revisar la cuenta pública.
− ¿Cómo intervino el Gobernador Ángel Aguirre en los procesos de Contraloría?
–El tema quedó muy de manifiesto cuando nombró auditores especiales y cambió la ley para facultarse en el nombramiento de auditores especiales para la evaluación de su desempeño. Evidentemente, las personas elegidas fueron todos personajes cercanos a Ángel Aguirre.
Y, en medio del desastre, Ángel Aguirre se obstinaba:
“No me voy a ir por aquellos tecnócratas o que no conocen la realidad del estado”.
Sin embargo, es la realidad de Guerrero la que aplasta.
