Ciudad de México, 24 de oct (sinembargo.mx) – Las recientes políticas públicas que han permitido una mayor concentración del ingreso han fracasado frente al aumento de la pobreza y la desigualdad económica en México, lo que ha impactado negativamente la alimentación de los mexicanos, detonando anemia, desnutrición y obesidad.
De acuerdo con el “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación”, un estudio coordinado por Ricardo Raphael de la Madrid, bajo los auspicios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el nivel de ingreso de las personas es percibido como un factor de desigualdad, división y discriminación entre la población, por dos razones: la primera ess que la brecha entre ricos y pobres es inusualmente profunda, y la segunda es que las personas más pobres realmente no tienen acceso a los medios básicos de subsistencia.
El reporte, que será presentado a los medios este miércoles 24 de octubre, destaca que la concentración económica en México es elevada y de grandes contrastes.
Al citar información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Inegi, 2010) sobre el ingreso corriente trimestral total de los hogares en 2010, da cuenta que, medido en deciles, en un extremo las y los mexicanos perciben ingresos promedio de 6 mil 163 pesos (cifra que representa 17.6% del promedio nacional), mientras que en el otro extremo obtienen un ingreso promedio de 118 428 pesos, esto es, 339 veces el ingreso promedio nacional.
Esta condición estructural de la concentración del ingreso no ha cambiado sustancialmente: “Las políticas públicas que han incluido en los tiempos recientes acciones de transferencias para mejorar el ingreso corriente de las familias y personas, muestran variaciones en el tiempo, pero al momento actual los resultados relativos a la disminución de la desigualdad económica, y también a propósito de la reducción de los niveles de pobreza, son magros. La crisis económica mundial de 2009 amplió tales brechas y devolvió a un segmento importante de la población a vivir en la pobreza extrema”, destaca el documento coordinado por Ricardo Raphael.
En sus conclusiones informa que de una población total de 112 millones 336 mil 538 personas, más de 14 millones se encontraban en circunstancia de pobreza alimentaria en e2010. De esa población, casi cinco millones vive en zonas urbanas y 9 millones 800 mil en el campo. “Si se asume que la población rural mexicana representa sólo 22% del total de la población (casi 25 millones de personas), la cifra de pobreza alimentaria fuera de las ciudades resulta alarmante”, expone.
En la Cumbre del Milenio, celebrada en 2000, México refrendó su compromiso para reducir el hambre y la desnutrición, y si bien el porcentaje de personas con ingresos per cápita menores a un dólar en el país disminuyó entre 1989 y 2005, al pasar de 10.9 a 3.5% de la población, el Coneval señala que hubo un deterioro del poder de compra de los hogares entre 2006 y 2008: mientras que en 2006 el 13.8% de la población se encontraba en situación de pobreza alimentaria, en 2008 el porcentaje fue de 18.2% (Coneval, 2010, p. 60). Esta brecha se amplió después de la crisis financiera mundial de 2009.
De esta forma y según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada en 2010 por el Inegi, la población más pobre destina más del doble de lo que otorga la población con mayores recursos para la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco.
“El hecho de que la población con menores ingresos distribuya un mayor porcentaje del gasto total a su alimentación la hace más vulnerable ante fenómenos como el aumento de precios en alimentos a nivel mundial, las crisis económicas que afectan los precios de la canasta básica o el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en estos bienes”, afirma el reporte.
Este análisis de la pobreza alimentaria no se limita a una valoración sobre cuánto se gasta o no en alimentos pues, explica, también deben valorarse los grupos de alimentos que se consumen con tales recursos.
En la medida en que la población se encuentra polarizada en términos de sus niveles de ingreso, el tipo de mercado al que accede y su práctica de consumo también son diferenciados, añade.
Esto, destaca, lleva a la identificación de distintas canastas de consumo, como las utilizadas para la definición de las líneas de bienestar, que distinguen el tipo de bien, la cantidad y la calidad del consumo que realizan las familias. Lo mismo sucede si se analizan las diferentes canastas de consumo con las que el Inegi (y antes el Banco de México) realiza el seguimiento de precios.
“No es lo mismo la canasta de bienes a la que acceden las familias que ganan hasta dos salarios mínimos en comparación con aquéllas a las que acceden las familias que perciben ingresos equivalentes al rango que va de más de dos salarios mínimos hasta cuatro o seis, y la de éstas con las que ganan ocho, 10 o más veces el salario mínimo”.
DISCRIMINACIÓN ALIMENTARIA; INDÍGENAS, LOS MÁS VULNERABLES
EL “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación” afirma que el principal gasto de la población con menores recursos se destina a carbohidratos. Las verduras y legumbres y la proteína proveniente de aves ocupan el segundo y tercer lugar, correspondientemente. “Esto puede ser por la disponibilidad más inmediata, es decir, porque el resto de los grupos alimenticios no son accesibles en sus localidades. Esta hipótesis ameritaría una investigación más rigurosa”, establece.
Del otro lado, a medida que incrementan los ingresos, crece el gasto destinado a carnes, leche y sus derivados, frutas, otros alimentos y, aunque de manera más leve, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como pescados y mariscos. Del mismo modo, mientras mayor es el ingreso, menor será la proporción del gasto destinado a cereales, verduras, huevo, aceites y grasas, así como azúcar y mieles, esto de acuerdo con información de 2010 del Incide Social.
Con datos de 2008 de la Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado Nutricio en el Medio Rural (Enaaen), el reporte plantea que los hogares rurales, indígenas o no indígenas, consumen en promedio 8.89 grupos de alimentos de un total de 11 grupos, y presentan consumos bajos en cantidad y frecuencia de los alimentos sugeridos por grupo alimenticio. Este problema es más grave en la población indígena: sólo 3% consume uno o más alimentos del grupo de los cárnicos (3 o más días de la semana).
De acuerdo con lo revelado por la Enaaen, dentro de los hogares indígenas, menos de 16% presentan el consumo sugerido de frutas, verduras, cereales y tubérculos; de lácteos y el huevo, sólo 20 y 24%, respectivamente y de carnes, pescados y mariscos, el porcentaje es menor a 8 por ciento. Respecto a las grasas, sólo 49% de los hogares indígenas reportan el consumo adecuado (Coneval, 2010).
Esto es relevante “sobre todo en vista de los altos niveles de anemia que alcanza la población indígena, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2006)”.
Al respecto, el estudio del CIDE-Conapred también cita al investigador Ciro Murayama (2012) y su ponencia “Salud y discriminación en México” en la que se plantea que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 21 y 13% de las localidades rurales estudiadas se encontró que en México existe una menor disponibilidad de frutas y verduras, respectivamente, ya que no se comer- cian frutas o verduras de forma regular. En cambio, grasas, azúcares, bebidas, cereales y huevo se pueden conseguir en 100% de las localidades.
En comunidades indígenas el problema es grave, destaca el reporte: sólo en 12.7% de los hogares estudiados existía disponibilidad de frutas y verduras en la cantidad igual o superior al mínimo recomendado por el propio INSP. En el caso de las verduras se reporta mayor disponibilidad que en el de las frutas, pero se presenta una brecha importante entre hogares indígenas y no indígenas (37.5 contra 64%, respectivamente). “La brecha se reduce considerablemente en alimentos de pobre valor nutritivo y de alta densidad energética, como la grasa y el azúcar. Poco más de 70% de los hogares indígenas los tienen a su disposición (INSP, 2010).
DESNUTRICIÓN, ANEMIA Y OBESIDAD
La desnutrición tiene causas complejas que involucran determinantes biológicas, socioeconómicas y culturales, afirma el reporte. Ésta comienza desde el periodo de gestación y durante los primeros años de vida y tiene efectos directos en el crecimiento, el desempeño intelectual y el desarrollo de capacidades. En materia nutricional, los primeros mil días de vida, contados a partir del momento de la fecundación, son fundamentales para definir las oportunidades y capacidades de desarrollo motriz e intelectual del ser humano. Es también factor determinante para prevenir futuras enfermedades crónicas.
“En 1988, la prevalencia de desnutrición crónica fue 2.2 veces superior en la población indígena que en la no indígena. En 1999 la brecha aumentó a 2.7 veces y en 2006 disminuyó ligeramente a 2.6. Las crisis económicas de 1994 y 2009, así como la crisis alimentaria de 2008, han tenido como consecuencia el incremento de la pobreza; con esto se ha demostrado que las reducciones de pobreza que se habían logrado en años anteriores eran frágiles y que se ha prolongado el riesgo de desnutrición en los grupos más vulnerables”, destaca.
Sin embargo, la desnutrición y la anemia no son los únicos problemas alimentarios de México.
“La epidemia de obesidad representa el otro lado de la moneda de la mala nutrición. La pérdida de salud como consecuencia de la obesidad –y su peor consecuencia, la muerte en etapa temprana de la vida–, puede llevar a gastos dramáticos para la población no asegurada y a pérdidas económicas incalculables, que terminan empobreciendo a las familias de quienes padecen esta condición”, afirma el “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación”.
El problema de obesidad presenta incrementos en niñas y niños de 7 años. De este grupo, las niñas son las más afectadas; entre las adolescentes de 18 años el pro blema se triplicó entre 1988 y 2006, y también se duplicó en las mujeres de 18 a 49 años, añade.
El análisis de los incrementos de sobrepeso y obesidad entre estos periodos indica también un mayor aumento entre la población más marginada socialmente.
A partir de los resultados encontrados en este rubro, el reporte concluye que el ingreso es un elemento que incide para que una parte importante de la población no pueda ejercer el derecho a la alimentación. Ciertamente, y a pesar de los programas de transferencias económicas implementados por el Gobierno, aún existen familias en México que tienen un acceso reducido a alimentos, en razón de su falta de ingreso.
“El ingreso es determinante no sólo para la cantidad de alimentos, sino también para el tipo a los que se tiene acceso. Mientras la población con menores recursos eroga 40% de su gasto en alimentos altos en calorías, carbohidratos y grasas, para la población de mayores recursos este gasto sólo representa 25 por ciento”.
En otro nivel del análisis, respecto de las prevalencias de desnutrición, anemia y exceso de peso se identifica una distinción entre hogares rurales y urbanos; y luego, dentro de los rurales, la brecha se amplía aún más entre los indígenas y no indígenas. Al mismo tiempo, la prevalencia de anemia afecta principalmente a niñas y niños, a mujeres en edad fértil, a personas adultas mayores y a personas que habitan en comunidades rurales.
De acuerdo con cifras de 2010, 18.2% de la población permanece en pobreza alimentaria y 2.1% está por debajo del nivel mínimo de proteínas (Coneval, 2010, pp. 13-14). Estos resultados apuntan a que las comunidades rurales, y en particular las indígenas, siguen presentando los mayores rezagos, pues otros factores se suman a su nivel de ingreso, como el de la disponibilidad física de los alimentos, expone el estudio.
CONCENTRACIÓN DE MERCADO, BARRERA PARA EL CONSUMO ALIMENTARIO
En el reporte también se destaca que diversas instancias internacionales han señalado que la concentración de mercado y los monopolios en México representan un problema serio. Algunos resultados seleccionados del Informe del Foro Económico Mundial (WEF) sobre competitividad establecen que si bien el mercado mexicano ocupa el duodécimo lugar a nivel mundial, en términos de su tamaño, el país se coloca casi al final de la lista (120 sobre 142 países) en materia de efectividad de las políticas antimonopólicas.
“Este indicador refuerza la idea de que México, con todas sus ventajas, sigue cargando con el lastre de la falta de competencia económica, con un fuerte costo para la población”, plantea.
“Esta falta de competencia en el mercado genera precios excesivos de productos y servicios que reducen el consumo y la capacidad de ahorro de las familias, especialmente de las más vulnerables. En el mediano plazo, influyen negativamente en la eficiencia del conjunto de la economía y lastran el crecimiento económico. La falta de una competencia intensa en los mercados nacionales acaba por inhibir la eficiencia y la competitividad de la economía de México, contribuye a ampliar las disparidades en los ingresos e inhibe la innovación (OCDE, 2012, p. 30)”.
El documento añade que las prácticas y regulaciones anticompetitivas han debilitado la economía de las familias.
Cita a la OCDE que señala que 30% del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, razón por la cual, las y los consumidores gastan alrededor de 40% más en estos mercados de lo que gastarían si hubiera competencia. El 10% de la población con menos recursos es el más afectado, ya que gasta alrededor de 42% de sus ingresos en los mercados altamente concentrados (OCDE, 2012, p. 30). “De acuerdo con el investigador Moisés Naím, cada familia en México transfiere 75 mil 000 pesos anuales en promedio a monopolios”, expone.
