En México la discriminación es un grave problema que mina las interacciones sociales, limita el desarrollo y el acceso a las oportunidades, lo que genera más desigualdad, violencia, descomposición del tejido social y de sus instituciones, de acuerdo con la especialista Regina Martínez Casas, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). En este contexto, este día dos marchas se realizarán en la Ciudad de México, una a favor y otra en contra de que se lleve a rango constitucional los matrimonios entre las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales. Ante ello la organización Amnistía Internacional llamó consideró que “el derecho a casarse no puede ser vulnerado por el sexo de los contrayentes, el Estado debe abstenerse de discriminar las personas por causa de su orientación sexual o de su identidad de género”.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- En el contexto mexicano el color de piel se asocia con el nivel socioeconómico y determina el grado de relación entre los individuos, advierte la doctora Regina Martínez Casas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Asimismo, existen diferencias de distinta índole en algunos estratos de la sociedad -sea por su orientación sexual, credo, ideología, costumbres, entre otras- que los hacen vulnerables a ser marginados y denostados, una situación que además de generar violencia, acrecenta las desigualdades sociales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “se discrimina cuando, con base en alguna distinción injustificada y arbitraria relacionada con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico (como alguno de los criterios prohibidos), se realizan actos o conductas que niegan a las personas la igualdad de trato, produciéndoles un daño que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos”.
Todas las personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida”.
Tal es el caso de la comunidad homosexual, las minorías de indígenas, minorías religiosas, mujeres, mujeres en situación de embarazo no deseado, y por extensión, el de la apertura con respecto al tema del aborto, entre muchos otros casos más son la piedra en el zapato de la sociedad, e incluso de la clase política mexicanas.
En la opinión de la doctora Regina Martínez Casas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el tema de la legalización del matrimonio igualitario no sólo versa sobre un sector de la población en México que vive su sexualidad de manera diferente, sino que también se trata de un tema de costumbres arraigadas a través de la familia y la sociedad que entran en conflicto directo con estas diferencias, por lo que algunos sectores de la población las tilda de “riesgosas” por poner en peligro sus hábitos, y por extensión, a la familia o a la sociedad en su conjunto.
Y esto, de acuerdo con la experta, “ha sido producto de procesos históricos muy complejos y de muy larga data. Lo que sí me queda claro es que cuando existe algún tipo de ideología que arraiga estas percepciones a través de aparatos ideológicos -como la escuela, la religión, los medios de comunicación-, entonces sí es más difícil cambiar la forma en la que se percibe la diferencia. Entonces se suele ver a alguien distinto pero también como peligroso”.
La más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), indica que el 67.8 por ciento de los encuestados se opone a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, mientras que el 73.6 por ciento aprueba no permitir que las personas practiquen sus tradiciones y costumbres si son distintas a las mexicanas. Además, el 85.2 por ciento justifica la expulsión de una comunidad de aquellas personas que no practiquen la religión que tiene la mayoría.
El problema de defender los “privilegios” de algunos sobre otros, como refiere la especialista, es que se generan tensiones sociales como denostar y marginar a ciertos estratos sociales. Esta situación no sólo limita y descompone las relaciones interpersonales sino que también existe el riesgo de que se vuelva parte de la estructura a partir de la que se organiza una sociedad, es decir, la normalización de la discriminación hacia cierto tipo de preferencias, conductas o costumbres.
Por otro lado, según la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS) 2013 del Consejo para Prevenir y Eliminar La Discriminación en la Ciudad de México (Copred), el 4 por ciento de los encuestados asocia el término de derechos humanos con el de discriminación, mientras que un 77 por ciento dijo considerar que se respetan poco o que no se respetan los derechos humanos en la capital del país.
Entre las causas más comunes de discriminación en la ciudad, la EDIS detalla que son la pobreza, el color de la piel, las preferencias sexuales, la educación y la situación económica. Y establece que “los grupos más evidentemente discriminados son” (en ese orden): los indígenas, los homosexuales, las personas de piel morena, los pobres, los adultos mayores, los indígenas y personas con lenguas diferentes, personas con VIH-Sida, individuos con discapacidad, lesbianas, y finalmente, la gente de estatura baja.
Un dato increíble: la encuesta arroja que un 11 por ciento de los capitalinos no ha escuchado hablar de derechos humanos.
Este día, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que señaló que el derecho a casarse no debe estar a expensas de la orientación sexual de las personas y agregó que es obligación del Estado garantizar este premisa.
“Casarse no puede ser vulnerado por el sexo de los contrayentes, el Estado debe abstenerse de discriminar las personas por causa de su orientación sexual o de su identidad de género”, afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, declaración recogida en el documento.
Consideró que las restricciones de este tipo “violan el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales”.
“Los matrimonios igualitarios son una realidad social, dichas familias existen y el derecho internacional les reconoce derechos que deben ser garantizados por las leyes mexicanas. Es crucial que todas las personas tengan derecho a disfrutar los derechos ya existentes” afirmó Quiroz.
Y advirtió sobre que este tipo de “distinción ilegítima puede también tener consecuencias como afectar la seguridad jurídica de las personas, su patrimonio y, en general, su bienestar”.
“LOS PREJUICIOS NACEN DE LAS APARIENCIAS”
De acuerdo con Martínez Casas, en México existen elementos de racismo entre la sociedad causados por prejuicios que nacen de la apariencia de las personas.
Para la especialista, del fenotipo -características como el color de piel y el tipo de cuerpo- surgen elementos en los que se congregan los prejuicios que determinan, a través de la vista, la escala social a la que se presume pertenecen las personas, de modo tal que se establecen conductas y perspectivas racistas.
“Es una condición humana. Hemos construido socialmente asociaciones entre cierta apariencia y ciertos valores de tipo estético, pero también de estatus socioeconómico y de capacidad de funcionamiento en la sociedad. Eso, en la medida en que se refuerza al reproducirse en diferentes ámbitos como los medios de comunicación y las interacciones cotidianas, exaltan ciertas características de las personas sobre otras, entonces se van arraigando cada vez más estos estereotipos positivos o negativos”, señala la antropóloga.
La investigadora indica que no sólo en México, sino de manera generalizada, la discriminación es en parte una consecuencia de estigmas y estereotipos asociados con unos y otros individuos, mismos que le agregan un valor a la persona, determinándola como inferior o superior, que a veces llega a conformar un sistema de “privilegios y dominación”.
Martínez Casas explica que cada realidad social marca los estereotipos considerados como “buenos” o “malos”, y la cuestión es que “normalmente tendemos a asociar estas características con posiciones en una escala social, en un ámbito determinado.
“De tal manera que tendemos a pensar que personas de tez oscura pertenecen a un estrato socioeconómico más bajo que las personas de color de piel claro”, indica.
Este comportamiento inclusive es observable en los niños, así lo demuestra un video publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), realizado en 2011 y que muestra un experimento psicológico denominado “Doll test”, cuya finalidad es determinar el nivel de marginación que resulta de los perjuicios y que desenboca en discriminación y segregación racial.
Al respecto, la CNDH asevera que “en muchas ocasiones la discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos, en cuya transmisión y perpetuación el medio familiar y el entorno social desempeñan un papel muy importante, ya que a partir de dichas interacciones las personas comienzan a establecer criterios de selección en distintos ámbitos. Es común que un niño aprenda y repita las prácticas igualitarias o discriminatorias que observa en su entorno familiar”.
En ese sentido, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 del Conapred, arroja que dos de cada diez personas de nivel socioeconómico muy bajo han sentido que sus derechos no han sido respetados por su color de piel, en contraste con uno de cada diez de nivel socioeconómico medio alto y alto.
Además, cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel. Asimismo, el estudio refiere que después de solicitar a las personas entrevistadas que se identificaran con algún tono de piel, tanto hombres como mujeres se identificaron con los tonos más claros. Sobre todo en el caso de las mujeres, la diferencia fue más notoria.
Y lo peor: el 87.7 por ciento aseguró justificar insultar a alguien en la calle por su color de piel.
La discriminación es una violación a los Derechos Humanos, y a pesar de que por Ley es obligatorio respetarlos y que por principio deberíamos vivir en una sociedad mucho más respetuosa, la realidad es muy diferente. Ello debido a que no es un problema que simplemente se solucione con estatutos, ya que se trata de un conflicto que “implica mover procesos históricos de largo aliento y cambiar la manera en que hemos venido enraizando estos estereotipos en diferentes ámbitos. Sí tenemos marcos normativos, pero hace falta un trabajo intenso en el que los medios de comunicación son una pieza clave para ir derrumbado esta clase de comportamiento”, ahonda Martínez Casas.
En ese sentido, menciona que las políticas por la defensa de los derechos civiles en México no han avanzado tanto -como por ejemplo en Estados Unidos- dado que en el país a subsistido un discurso “muy peculiar” que “invicibiliza” o “normaliza” las diferencias por fenotipo a través del discurso de mestizaje: “como todos somos mezcla, todos somos iguales”, refiere.
De acuerdo con la especialista, en América Latina y en el mundo hay países en los que “tendemos a vivir relaciones de conquista y subordinación”, ya que existen grupos que “buscan tener el control” sobre otros grupos sociales, por lo que justifican la necesidad de sujeción a través de ciertas características individuales, situación que delimita las relaciones de poder.
También explica que, en el orbe, inclusive las relaciones comerciales han desembocado en la gestación de estereotipos sociales, como en el caso de los esclavos africanos, que a ojos de sus empleadores fungían más como herramientas de trabajo que como seres humanos, lo que terminó por arraigarse en la percepción de que “las personas con cierto color de piel necesariamente deben de mantenerse como parte de la mano de obra poco calificada”.
El problema racial en México es a su parecer “muy grave”, ya que no sólo lastima nuestras relaciones internacionales sino que limita el desarrollo y el acceso a las oportunidades, lo que genera más desigualdad, siendo que en palabras de la especialista, “una sociedad desigual es una bomba de tiempo”. En ese sentido, las personas marginadas o en pobreza “no tienen nada que perder”, pudiendo generar violencia, descomposición del tejido social y sus instituciones, además de mermar la calidad de vida y socavar la dignidad humana.
