Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal por considerarlo incompatible con el texto constitucional y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
El artículo establece que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública sólo de los grupos o individuos que den aviso por lo menos con 48 horas de anticipación de la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otra concentración que pueda perturbar el tránsito o tranquilidad de la ciudad.
“Eso implica que para llevar a cabo cualquier tipo de concentración humana es obligatorio un aviso previo, lo que sin lugar a dudas resulta una carga injustificable que obstaculiza y desincentiva el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares”, señaló el organismo en un comunicado.
El pasado 30 de mayo, la CNDH emitió una recomendación al Congreso de Quintana Roo sobre dos artículos de la Ley de Ordenamiento Cívico, la cual regula las manifestaciones en la entidad. Por recomendación de la Comisión, en ambos artículos sólo se eliminaron unas palabras. Defensores de derechos humanos consideraron que estos cambios no cambiaron el sentido de la Ley que, afirman, viola el derecho a la protesta.
La CNDH también dio el visto bueno a la “Ley Bala” del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la cual permite el uso de armas letales para dispersar movilizaciones. Claudia Fernández Jiménez, directora General de Asuntos Jurídicos en la CNDH, llegó a la conclusión “de que no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos en dicho ordenamiento”.
Por ello, activistas han señalado que el organismo atraviesa una crisis de legitimidad debido a que la cercanía de su titular, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, con el poder público, hace dudar de su independencia, de la imparcialidad de las investigaciones que realiza por violaciones a derechos humanos.
Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, aseguró que el actuar de la CNDH sobre las leyes que pretenden regular las manifestaciones y que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar a las mismas ha sido omiso.
Hernández Leó denunció que el organismo autónomo incluso “avaló ante los congresos locales dos de ellas, la llamada Ley Borge [Quintana Roo] y la llamada Ley Bala [Puebla]. Fue un aval explícito por parte de la Comisión señalando que las legislaciones no tenían ningún problema de constitucionalidad”.
Este domingo, la CNDH afirmó que el artículo 212 de la legislación capitalina se traduce en la transgresión a los derechos a la libertad de tránsito, de expresión, de no discriminación, a la seguridad jurídica y de asociación.
También dijo que se atenta contra los principios de legalidad, pro persona y de no restricción de garantías salvo por condiciones constitucionales, consagrados en los artículos sexto, séptimo, noveno y 11, de la Constitución Política y en diversos Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que estará atenta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice los argumentos vertidos en la presente acción de inconstitucionalidad y, en su oportunidad, declare la invalidez de dicho precepto.
