Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) urgieron al Gobierno Federal esclarecer y transparentar toda la información sobre la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México.
Este jueves, por medio de un comunicado, las organizaciones informaron que hasta el momento no existen pruebas de conocimiento público de que lo sucedido se tratara de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y un grupo armado organizado.
“Exhortamos al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la Sedena”, se lee en el comunicado.
En días recientes, la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió información sobre la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Edomex. En el reportaje, se dice que “existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron en el Estado de México”.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya haya sido resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria del estado de Guerrero, llamada ‘Guerreros del Sur’ e integrantes de la XXII Zona Militar”.
Sin embargo, un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de inspeccionar la bodega donde fueron baleadas las 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la cerraran.
“No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia”, afirman las organizaciones.
Sumado a eso, el observador mencionó que no había tampoco señales de disparos efectuados desde el interior. Estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.
“El Gobierno Federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales. Las organizaciones que suscribimos hemos enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la PGJEM, sobre los hechos, e insistimos en que esta información debe de ser de carácter público”, agregaron.
