El cierre de dos centros de distribución de leche en Tamaulipas refleja el apuro de las empresas para operar en un país afectado por una alarmante ola de inseguridad, enfatizada por los 2 mil 343 asesinatos registrados en abril pasado. En el sur del país, la situación de alarma por la violencia quedó de manifiesto con la decisión tomada en marzo pasado por la empresa Coca Cola Femsa de cerrar su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero.
La semana pasada, un tren de carga de la minera Grupo México se descarriló en el oriental estado de Veracruz a raíz de que un grupo criminal manipuló el sistema de frenado para poder detenerlo y cometer un asalto. Según el “Reporte de Seguridad en el Transporte Ferroviario Mexicano 2017”, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Coahuila son las entidades con más reportes de robo.
Los productos más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos, de acuerdo con un informe de Sensitech, una firma estadounidense de seguridad.
Con información de Édgar González y Rebeca Ramírez
Saltillo, Coahuila/Ciudad de México, 24 de mayo (Vanguardia/SinEmbargo).- Según el “Reporte de Seguridad en el Transporte Ferroviario Mexicano 2017”, de la Agencia Reguladora, Coahuila es una de las cinco entidades del país, y la única del norte, en donde existen focos rojos por robo de mercancía, vandalismo y accidentes relacionados con el ferrocarril.
Elaborado por primera vez por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el documento ubica al estado en quinto lugar nacional por número de atracos perpetrados el año pasado: 100, lo que representó el 5.7 por ciento del total en México.
De acuerdo con el informe, entre enero, febrero y marzo sólo se reportaron 15 casos, y en abril, mayo y junio la cifra disminuyó a siete. Sin embargo, en julio, agosto y septiembre aumentó a 27, y en octubre, noviembre y diciembre se disparó a 51.
No obstante, dicha tendencia al alza se ve reflejada a nivel nacional. En total, en el país ocurrieron mil 752 robos. Coahuila también aparece en octavo sitio en siniestros por causas ajenas al ferrocarril, con 35 eventos; y doceavo en vandalismo y siniestros ferroviarios, con 399 y 17, respectivamente.
INQUIETA A EMPRESARIOS
Representantes de la iniciativa privada coincidieron en que es preocupante el sabotaje premeditado, por lo cual solicitaron al Estado mexicano mandar “una señal clara” de que tiene la fuerza para resolver el problema.
El sábado, delincuentes que operan en Veracruz cortaron en el municipio de Orizaba las mangueras de freno del ferrocarril y dividieron a éste en tres, lo que ocasionó el descarrilamiento de 39 vagones y cuatro locomotoras. Hasta ayer, las labores para liberar las vías se realizaban a marchas forzadas, pues la falta de 300 mil toneladas de mercancía mantiene paralizada a la industria del sureste de México.
Ante dicha situación, la compañía Grupo México Transportes, a la que pertenecía el tren, informó que es el séptimo incidente similar que sufre en la región en las últimas semanas.
Apenas hace tres días, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas dijo que en una reunión de trabajo del Grupo de Coordinación Chiapas acordó reforzar las medidas de seguridad en carreteras y caminos de toda la entidad. Básicamente se trata de una acción derivada de la tragedia, y no de un plan nacional concreto: Holger Frank Hagenbusch y Crzystof Chmielewski, de nacionalidad alemana y polaca respectivamente, fueron asesinados cuando cruzaban la entidad en bicicleta.
Impotente para controlar la violencia, el Gobierno federal mexicano no sólo ha perdido frente a los delincuentes en el robo de combustibles o el combate a los homicidios, secuestros y extorsiones: también en asaltos a carreteras. Esto ha provocado una distorsión en los precios de mercancías que se transportan en unidades pesadas, como el maíz, y también en los costos de las aseguradoras.
En México, donde más del 80 por ciento de las mercancías se transporta por carreteras y trenes, no hay cifras oficiales de las pérdidas por robo de mercancías, sin embargo, en 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millones de dólares a afectados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene otra cifra. En su más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), realizada en 2015, la inseguridad tuvo un costo de unos siete mil millones de dólares para las compañías mexicanas, un 0.73 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
No obstante, el impacto para la industria podría ser mayor, ya que sólo uno de cada tres de los traslados terrestres de mercancías están asegurados. Los delincuentes no discriminan los productos, pero los más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos, de acuerdo con un informe de Sensitech, una firma estadounidense de seguridad.
CIERRAN LALA EN TAMAULIPAS Y COCA-COLA EN GUERRERO
El robo de mercancías en carreteras ha provocado que empresas cierren por completo sus plantas en algunos estados. La lechera Lala cerró su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas, por la elevada inseguridad en ese municipio, informó este miércoles el diario Reforma.
La decisión de la compañía ocurre después de que al menos una de sus camionetas de carga fuera incendiada el pasado 2 de mayo en la colonia Tamaulipas.
De acuerdo con el medio, Lala cerró su centro de distribución de productos ubicado en la carretera El Mante-Ciudad Valles, a menos de un kilómetro de las instalaciones de la dirección de Tránsito y Vialidad de la Policía municipal.
Lala no es la única compañía que ha frenado sus operaciones por la inseguridad. El pasado 23 de marzo, Coca-Cola Femsa anunció el cierre de su centro de distribución en el municipio de Altamirano, en el estado de Guerrero, debido al “hostigamiento” que sus trabajadores han sufrido por parte de grupos delictivos.
Desde enero de este año, los empleados de este centro “comenzaron a recibir constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado” y se registraron afectaciones a las instalaciones, explicó la empresa en un comunicado.
Con presencia en esta región del sur del país desde hace cuatro décadas, Coca-Cola lamentó “la ausencia de un estado de derecho” y la prevalencia de la impunidad.
