Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Grupos civiles manifestaron su solidaridad con los trabajadores agrícolas de San Quintín en su demanda de mejores condiciones laborales y de vida y expresaron que su movimiento es solo un botón de muestra de la realidad de los campesinos mexicanos, "quienes trabajan en condiciones de explotación y desigualdad".
“Los jornaleros agrícolas de San Quintín, como la mayor parte de los jornaleros agrícolas que laboran en México, lo hacen en condiciones que existían hace 50 años en los Estados Unidos. En el caso de San Quintín la mayor parte del producto va justamente para el mercado estadounidense” dijo Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
En tanto, Adelita San Vicente, de Semillas de Vida, mencionó la necesidad que tienen los trabajadores agrícolas para incorporar al trabajo a sus hijos y parejas con el fin de asegurar los ingresos suficientes para una familia.
“Los jornaleros se apoyan en el trabajo de sus parejas y sus hijos porque se les paga a destajo. El producto de la labor de todos ellos, se suma al pago que se hace al padre o madre de familia; en el mejor de los casos, únicamente el jornalero es considerado asalariado", comentó.
Mediante un pronunciamiento las organizaciones ANEC, Ashoka, El poder del consumidor y Fundar plantearon mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en nuestro país, a través de:
Redistribución de los subsidios productivos para que apoyen de manera representativa a los campesinos.
Revalorización del pequeño productor y su papel fundamental como agente económico.
Propuesta de una política pública diseñada participativamente con los pequeños productores, la sociedad civil y el sector público.
Para Regina Ganem de Fundar “la alta concentración de subsidios en los grandes productores, además de quitarle el sentido lógico al subsidio de revertir problemas estructurales de la economía, incrementa la división social e imposibilita el crecimiento y el desarrollo económico del país”.
Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de los Jornaleros de San Quintín, dijo este día en entrevista para Radio Fórmula que si en la reunión que sostendrán este viernes en Baja California con el Subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, no se llega a un acuerdo habrá "un boicot económico internacional".
"Estaremos tomando una acción siguiente, que sería un boicot económico internacional ante esta actuación de Baja California", comentó Sánchez. Indicó que Luis Enrique Miranda tiene claro que los jornaleros buscan que el salario mínimo sea de 200 pesos.
LAS PROTESTAS
En marzo pasado salieron a la luz pública diversos casos en torno a la explotación laboral que padecen miles de jornaleros en México y que incluye bajos salarios, jornadas laborales de más de 12 horas, cero prestaciones laborales –como aguinaldo, seguro social y vacaciones–, además de denuncias de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los empleadores y la contratación de menores de edad en los campos agrícolas.
El 16 de marzo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció el rescate de más de 200 indígenas rarámuris que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur.
De acuerdo con la dependencia federal, los indígenas, entre los que se encontraban niños y mujeres, fueron reclutados en Chihuahua por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños a Comondú, en Baja California Sur, para trabajar “en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial”.
Una semana después, el 23 de marzo, la STPS rescató a 49 jornaleros agrícolas mixtecos, 13 de ellos menores de edad, de un centro de trabajo dedicado a la producción de pepino, en el estado de Colima.
Pero el caso que se mantiene todavía en los reflectores de la opinión pública es el de la comunidad de San Quintín en Ensenada, Baja California. El pasado 17 de marzo, cientos de jornaleros agrícolas de esta localidad realizaron un paro general y bloqueos en la carretera Transpeninsular para denunciar la explotación laboral que sufren.
Jornaleros agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS) iniciaron la lucha en demanda de mejores condiciones laborales y en protesta por la falta de interés que el gobierno estatal de Baja California –que encabeza el Gobernador de extracción panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid– le concedió al pliego petitorio que emitieron en octubre del año pasado.
Luego de más de 30 horas de bloqueos, policías de los tres niveles de gobierno desalojaron a los jornaleros y detuvieron a 200 trabajadores. En el enfrentamiento presuntamente usaron balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir la manifestación.
Las protestas arrojaron pérdidas económicas, de cultivos, cierres de comercios, suspensión de clases, la alerta del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos para evitar viajar a San Quintín y un temor generalizado entre los habitantes. A pesar de esta situación ni los representantes patronales, ni el Gobernador acudieron a la zona del conflicto.
Tras dos días de bloqueos y protestas, finalmente el mandatario local acudió a las mesas de negociaciones, las cuales concluyeron el pasado 28 de marzo con el levantamiento del paro. De acuerdo con medios locales, la mayoría de los jornaleros regresaron a los campos, sin embargo voceros de la AONEMJUS desmintieron esta versión y dijeron que se mantenían en la lucha.
Las condiciones laborales de los jornaleros es un tema que mantiene en alerta tanto a las organizaciones sociales como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso al Gobierno federal, que el mes pasado rescató a más de 400 trabajadores que laboraban y vivían en condiciones infrahumanas en campos agrícolas del país.
UN DÓLAR LA HORA, SIN SEGURO, SIN DESCANSO
Hace casi una semana que un grupo los jornaleros de San Quintín, Baja California, está dando vueltas por la Ciudad de México. Del Senado a comisiones de derechos humanos; de la radio a foros sindicales que prometen ayuda al movimiento de alrededor de 70 mil campesinos que estalló en huelga desde el 25 de octubre pasado.
“Vamos a tener justicia”, repiten una y otra vez.
Están de brazos caídos para presionar a 25 compañías que les da trabajo sin seguro médico ni prestaciones sociales por un salario de entre 10 y 15 dólares al día; en jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y un solo día de descanso. A veces ninguno.
Según Encuesta Nacional Jornalera 2009, las condiciones de San Quintín son la punta del iceberg de dos millones de personas en condiciones similares en 17 de los 32 estados del país, de Baja California a Chiapas; 60 por ciento de ellos migrantes indígenas del sur del país cuyos representantes volverán este 24 de abril a la mesa de negociaciones.
"NOS ROCIABAN PESTICIDAS"
El mundo era como un juego a los ocho años de Luis Alberto García, principalmente cuando se aproximaba la avioneta a bajo vuelo y el ruido de los motores hacía latir su corazón: era el aviso para echarse a correr.Nadie era alertado previamente, pero los campesinos que trabajaban en los plantíos de tomate del rancho Los Pinos–niños y adultos- sabían que el sonido del vuelo era la señal para huir antes de que cayera el “agua amarilla” que no era otra cosa que pesticidas.
“Empapaba los tomates y a quien no corría a tiempo le caía arriba”, recuerda García, quien hoy tiene 30 años, con cierto aire de rencor porque en ese tiempo no sabía de las enfermedades que provocan los químicos: cáncer, hongos y otras que posteriormente presentaron hombres y mujeres sin lugar donde curarse.
“Casi ningún jornalero en San Quintín tiene seguro médico, ni edad para empezar a trabajar”, explica.
Luis Alberto conoció la playa una mañana que el capataz lo montó a un camión junto con otros niños a quienes llevó a Cielito Lindo porque había una auditoria del gobierno contra el trabajo infantil y no quería que los viera.
GANO 70 DÓLARES A LA SEMANA
A los 15 años, Juventino Martínez escuchó en Cañada de Galicia, una minúscula aldea de Oaxaca, que en Baja California había mucho trabajo como jornalero, no sólo tres meses de temporal como en el pueblo.
Era 1986 y sin pensarlo dos veces emigró miles de kilómetros al norte donde el dinero le rendía para sus caprichos de hombre de campo soltero, ya una cerveza, ya un pantalón, hasta que se casó y con tres hijos el salario se le hizo agua.
“Emigré varias veces a Estados Unidos para hacer mi casa pero siempre regresaba para estar con la familia y en algunas de esas idas y vueltas me agarró la migra. La última vez me llevó seis meses preso y dejé de ir”.
Entonces supo lo que era la miseria: “Gano dos salarios mínimos y mis hijos gastan más de la mitad y por eso me he tenido que endeudar”.
SÓLO QUIERO VIVIR MEJOR
Alex Herrera no entiende cómo él y sus compañeros se organizaron para hacer las protestas que despertaron al Valle de San Quintín.
“Trabajamos hasta 12 horas y sólo queda tiempo para regresar a casa, bañarse y dormir para el día siguiente”.
Herrera, de 38 años oriundo del estado de Morelos, suelta estas palabras y de pronto cae en cuenta. “Claro -dice- fue a la hora del almuerzo: nadie estaba conforme, todos nos quejábamos hasta que dijimos ‘vamos a hacer algo'”.
- ¿Se arrepiente de haber emigrado a Baja California?- se le pregunta.
- No, aquí conocí a mi esposa, también jornalera de Guerrero. Sólo quiero vivir mejor.
