Por Gabriela Soto
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo/Noroeste).– El Gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa no reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 165 millones 966 mil 738 pesos, que retuvo a los trabajadores de la educación en 2012 del Impuesto Sobre la Renta, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promoverá una denuncia para que la misma institución investigue el destino de los recursos.
La ex Secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados federal, Alma Alcaraz Hernández, detalló que dichos recursos federales fueron retenidos a los trabajadores adscritos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en 2012. Sin embargo, el gobierno del estado no informó al SAT ni registró el recurso federal en sus ingresos, por lo que se desconoce su destino, puntualizó la especialista.
«Retienen el impuesto del ISR a los trabajadores y no lo enteran al SAT. ¿De esto cuál es lo grave? En primer lugar, si tú no enteras un impuesto, si tú no reportas un impuesto como privado se te viene el SAT encima, ¿no?, junto con [la Secretaría de] Hacienda. Aquí, al parecer hay esta situación; entonces, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, genera una promoción del ejercicio de la facultad de la comprobación fiscal ante el SAT», explicó al diario Noroeste.
«Pero aquí lo grave, y me lo estaba comentando la gente de la Auditoría es que este recurso que se retiene, muchas veces, y en la mayor parte, y al parecer es el caso de Sinaloa, no registra en sus cuentas, en su contabilidad, como ingresos propios. Al no registrarlo como ingresos propios, esta lana queda suelta y, con un tremendo margen de opacidad, o sea, pueden hacer con ese dinero lo que ellos quieran».
La auditora y colaboradora de la Consultoría Diagnóstico en Estados y Municipios indicó que el máximo órgano fiscalizador del país solicitó al Gobierno estatal la aclaración y la entrega del registro contable que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FAEB, derivado de las 21 anomalías detectadas en la administración del fondo, y cuyo dictamen resultó negativo. Además, instruirá al SAT auditar los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado, agregó.
Recientemente, la ASF presentó los resultados de las auditorías realizadas a los estados de la República sobre el ejercicio de la Cuenta Pública 2012. En el caso de Sinaloa, se revisaron 13 fondos de recursos federales, de la auditoría derivaron 189 irregularidades, dos denuncias de hechos y 24 recomendaciones de sanciones a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Pagos no acreditados a supuestos trabajadores, compra de medicamento sin comprobar y múltiples transferencias bancarias no autorizadas por millones de pesos, encontró la ASF en la revisión del manejo de recursos federales etiquetados y bajo responsabilidad del Gobierno de Sinaloa, por lo cual interpuso dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Las dos denuncias interpuestas ante la PGR derivan de un presunto daño al erario federal por el Gobierno de Sinaloa: Uno al detectar una transferencia de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2012 a cuentas estatales. La otra, por presuntamente pasar recursos de la cuenta Cuota Social dependiente del Seguro Popular, para dar pagos no autorizados a trabajadores.
La Auditoría Superior de la Federación también detectó que el gobierno de Sinaloa usó el Seguro Popular para pagar una posada. En el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, la ASF encontró la transferencia de 46 millones 525 mil pesos a fondos y programas distintos a los establecidos.
“La ASF considera que en términos generales, y respecto de la muestra auditada, el Gobierno del Estado… no cumplió con las disposiciones normativas aplicables… y que se refieren principalmente a 147 millones 116 mil pesos por el pago a mil 724 trabajadores que no contaron con los contratos debidamente formalizados…”, estima.
Añade que la transferencia de 46 millones 525 mil pesos a fondos y programas distintos, llevó a un faltante en la cuenta bancaria del Seguro Popular 2012 utilizada por los Servicios de Salud, y que se pagaron más de 13 millones para el fortalecimiento de infraestructura, sin la autorización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
La ASF encontró la erogación de más de 7 millones 433 mil pesos en salarios de personal que no acreditó su grado académico, no se localizó en su lugar de adscripción o se encontró evidencia del trabajo realizado, comisionado al Sindicato, no vinculado con los servicios médicos, que labora en el Congreso local y dependencias del DIF Sinaloa.
De los fondos del programa, se pagaron 2 millones 104 mil pesos en primas vacacionales y compensaciones por el Día del Trabajador, de las Madres, de Reyes y otros pagos extras, y 216 mil pesos en una posada.
En el rubro de compras, se gastaron 66 millones 422 mil 261 pesos en medicamentos, sin que se soportara el gasto y pruebas de su entrega a los beneficiarios.
En el dictamen negativo, también se encontró que la dependencia estatal concursó más de un millón de pesos a través del proceso XX-925006998-X2-201 de invitación a cuando menos tres personas, pero formalizó el pedido antes del acto de lectura del dictamen técnico y fallo económico.
GOBIERNO RESPONDIÓ DESDE OCTUBRE
Desde octubre del año pasado, el Gobierno del Estado, a través de Luis Enrique Estolano Cervantes, respondió a la ASF a través de los oficios UTRC/DAG/0254/2013 y UTRC/DAG/243/2013, sobre las observaciones de la auditoría.
En ambos oficios, el Director de Auditoría Gubernamental de la Unidad de Transparencia informa que fue designado para colaborar y atender los asuntos de la revisión de la ASF.
Además, responde en ambos documentos que ha remitido la documentación e información para la aclaración y justificación de los resultados de la auditoría, tanto de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal como de Recursos Federales Transferidos a través de Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la SSA Sinaloa (Seguro Popular). Por ambos casos, la ASF interpuso una denuncia de hechos.
