Don Salvador Nava Martínez doblegó al poder político de México en la era de un PRI presidencialista y autoritario como el que vivimos hoy, pero en 1991. El país lo gobernaba el licenciado Carlos Salinas de Gortari y su Secretario de Gobernación, entonces la entidad encargada del desarrollo de las elecciones, era Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político. También en su equipo de operadores Salinas contaba con Manuel Camacho Solís.

De los cuatro protagonistas, tres fallecieron. Solo el ex Presidente Salinas sigue con vida, y le ha correspondido ver, después de vivir doce años en la oposición, el regreso de ese PRI autoritario, todopodersoso y opresor.

Y muchos somos testigos del surgimiento de personas, asociaciones, agrupaciones, medios, personajes, que como don Salvador Nava Martínez, enfrentan a un gobierno abusivo, autoritario y corrupto, por pura dignidad. En algunos casos con mejores resultados que en otros, pero despertando cada vez más a una sociedad aletargada por la corrupción y la impunidad.

Como en 1991 con Salvador Nava, ahora en 2018, Javier Corral Jurado, el Gobernador de Chihuahua, está doblegando a un sistema desprestigiado y corrupto que ahora encabeza en las postrimerías de la administración federal, Enrique Peña Nieto.

En aquellos años, poco había transcurrido de la elección de 1988 en la que a todas luces y voluntades ciudadanas parecía que había ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero que oficialmente el triunfo se le había concedido a Carlos Salinas de Gortari. A pesar de los millones de ciudadanos que clamaban el fraude electoral en México, Cárdenas desistió de luchar junto a la sociedad, lo que le habían arrebatado a través de las instituciones.

En ese contexto, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchas elecciones las ganó la oposición pero muy pocas fueron reconocidas como tales. Una de las que sí, fue la de Ernesto Ruffo Appel en Baja California en 1989, convirtiéndolo en el primer Gobernador de oposición en el País. Con líderes genuinos en otros estados de la República, en el Partido Acción Nacional (no el de hoy, aquel de aquellos años), tomaría valor para postular a sus ideólogos y fundadores y después defender sus triunfos o exhibir los fraudes.

Así llegó don Salvador Nava a la candidatura al gobierno de San Luis Potosí, y así se la robaron en un fraude electoral que dio el triunfo a Fausto Zapata. Entonces desde su estado, Nava emprendió la Marcha por la Dignidad. Llegaría hasta la Ciudad de México para señalar el fraude electoral. Su sociedad y ciudadanos de otros estados lo siguieron, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno federal. Los negociadores comenzaron a llegar. Notas de prensa, entrevistas, recuerdos de compañeros de la marcha de aquellos años, dan cuenta de ello. Gutiérrez Barrios le ofreció el gabinete completito de San Luis Potosí, que metiera al que quisiera pero que aceptara el triunfo y detuviera su marcha. Camacho Solís le propuso quitar a Zapata y tomarle la protesta a él como Gobernador interino. A todo dijo que no don Salvador Nava. La dignidad no tiene precio y el político y luchador social tenía mucha dignidad. Trece días después de tomar posesión, Fausto Zapata pidió licencia permanente. Dejó el gobierno y Nava Martínez no alcanzó a llegar a la Ciudad de México.

Hoy día Javier Corral Jurado se distingue de los panistas que enarbolan las siglas de ese partido en alianza con la izquierda y enfrascados en una lucha que incluye incluso aliarse con el PRI si eso les determina triunfos. No hay dignidad en ello. Hay oportunismo, ambición política y la lucha del poder por el poder.

Desde septiembre de 2017 el gobierno de Javier Corral solicitó a la Procuraduría General de la República, la extradición de César Duarte, el ex Gobernador priísta, aliado de Peña Nieto y representante del PRI que aun esta en Los Pinos. No se la concedieron, a pesar que presentó no una investigación, sino diez, donde jueces del fuero común de Chihuahua concedieron órdenes de aprehensión contra Duarte por peculado agravado. Aun cuando la investigación más sólida ha documentado el desvío de 250 millones de pesos que con anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron a parar a empresas fantasmas y una propiedad de quien fue secretario adjunto del comité ejecutivo nacional del PRI en 2016, cuando Manlio Beltrones que encabezaba el partido y Enrique Peña desde la Presidencia, estaban empecinados en ganar las elecciones que habrían de perder. Aparte, a la fecha se investiga la distracción de más de mil 200 millones de pesos del gobierno de Chihuahua.

Como es sabido el gobierno de Enrique Peña no hizo algo por concretar las órdenes de extradición. A por los hechos, decidieron mejor congelar las investigaciones y tomar represalias contra el Gobernador de Chihuahua. En diciembre del mismo 2017, le dijeron que no le entregarían un recurso que había sido destinado al saneamiento financiero del gobierno estatal. Más de 700 millones de pesos le fueron retenidos por la secretaría de hacienda y crédito público, y, dicho por el propio Gobernador, amedrentado que no le liberaban el dinero porque no sabían los alcances de la investigación contra el secretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien permanece en prisión. El temor de los de hacienda y de la propia Presidencia de la República, es que se siga el dinero y se llegue hasta el gabinete y la cúpula priísta.

Eso ya fue el colmo del abuso de poder. Castigar a una entidad con recursos porque en esa entidad persiguen la corrupción, se ha convertido en el ejemplo de la reacción de un gobierno corrupto. Javier Corral ha sabido tomar ventaja. Primero denunció públicamente acompañado de miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, y después uno a uno con quien quiere escucharlo, lo ha dicho: se enfrenta a un gobierno corrupto, señala actos de corrupción, recibe “escarmientos”, le retienen recursos. No se doblegará.

Por eso, como Nava en 1991, Corral arrancó su marcha por la dignidad. La ha llamado caravana por la dignidad unidos con valor contra la corrupción. Indudablemente también ha habido quienes para congraciarse con el poder de la Presidencia de la República le han buscado para ofrecerse como intermediarios y congraciar a Gobernador con Presidente. La respuesta de Corral ha sido la misma: que le pague hacienda lo que le debe, que se liberen las órdenes de extradición, que se recupere lo que se le robó al pueblo de Chihuahua, que César Duarte sea detenido para que se haga justicia. El único punto de negociación es la justicia. No les debe nada, dice el Gobernador Corral. No les tiene miedo. No será parte del pacto de impunidad.

También como en 1991 a Nava, a Corral le va funcionando la manifestación pacífica social, y la denuncia de la corrupción. Iniciada el 20 de enero, la caravana por la dignidad tuvo su primer logro un día antes de iniciar, de hecho, cuando el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, informó que ya se realizaba el trámite para solicitar la orden de extradición contra César Duarte en tres casos judiciales, uno del ámbito federal, dos del estatal.

A dos días de iniciada la marcha, en la fiscalía especial para la atención de delitos electorales, dieron a conocer que abrirían su propia investigación sobre la utilización de recursos públicos del gobierno de Chihuahua en las campañas del PRI en 2016, justo lo que desde 2017 les había solicitado el Gobernador Corral.

Tres días después de la marcha, en un twitter del encargado de despacho de la PGR, éste informó que está en la “etapa final del procedimiento para formular las solicitudes de extradición de las ocho causas penales pendientes del fuero común contra un ex Gobernador de Chihuahua”, así, sin escribir el nombre de César Duarte.

A la caravana por la dignidad todavía le faltan muchos días para llegar a la Ciudad de México, hasta ayer martes no había salido aun de Chihuahua y le faltan por recorrer once estados, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Morelos.

Como a Salinas, a Peña no le beneficia que le caravana por la dignidad termine en la Ciudad de México, pero al igual que aquellos años, poco o nada tiene para negociar, y mucho por cumplir. Pagar los recursos al gobierno de Chihuahua, solicitar las órdenes de extradición, aprehender a César Duarte, investigar en el ámbito federal la distracción de 250 millones de pesos con la venia de la secretaría de hacienda y crédito público que en ese 2016, titulaba su amigo Luis Videgaray Caso, parte del equipo de su candidato, José Antonio Meade, quien de hecho lo suplió en el cargo.

Parece imposible que el gobierno de Peña se autoinvestigue por corrupción, pero se ve probable que en la lucha por la dignidad y el señalamiento de la corrupción, la caravana ni termine en la Ciudad de México ni en Chihuahua, sino que llegue a otras latitudes, y particularmente a las urnas.

El combate a la corrupción y a la impunidad, serán definitivamente los elementos que marcarán la contienda electoral para renovar la Presidencia de la República, y ahí, el PRI y Peña, llevan las de perder. Es momento de salvar la dignidad, para castigar la corrupción. Sea en una caravana, con una denuncia ciudadana, con un señalamiento, en un juzgado, en una fiscalía, o en las urnas. Ahora es cuando, no habíamos sido en la historia contemporánea de México, testigos de tanta corrupción y abuso de poder.

Adela Navarro Bello

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