Por Shaila Rosagel y Ariadna Ortega
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– En la ejecución extrajudicial de Tlatlaya existe una clara red de complicidades y de encubrimiento para proteger al Ejército mexicano, porque de él depende la estrategia de seguridad del gobierno federal, coincidieron expertos consultados por SinEmbargo.
El encubrimiento vino desde los altos niveles de gobierno, no sólo federal sino también estatal. Los especialistas señalan directamente al Procurador Jesús Murillo Karam; al Gobernador Eruviel Ávila Villegas; al entonces responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, y al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Señalaron que no se trata de un evento aislado: Tlatlaya y Ayotzinapa tienen en común el hecho de un esfuerzo acérrimo por proteger a las fuerzas castrenses. Como esos dos eventos, desde hace años se realiza la misma práctica en México.
“Yo creo que hay una red de encubrimiento que no es de ahora, el sistema de justicia penal, donde muy poca gente puede saber qué hay en el expediente, esa opacidad que bajo lo que estaba construido el sistema, permitía el uso político de la justicia, ahora se espera que cambie con el nuevo sistema. En el caso de Tlatlaya se intervino para encubrir al Ejército, para presentar a las personas ejecutadas como muertos en un enfrentamiento, cuando no era cierto”, dijo Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
La semana pasada, después de que la Comisión Nacional reclasificó como violaciones a los derechos humanos lo sucedido en Tlatlaya, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó liberar todos los datos de la masacre. La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas habían ordenado congelar la información por un periodo de 12 años.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), informó que ya se investiga a 20 funcionarios estatales, entre ellos, agentes y policías ministeriales, así como peritos en diversas disciplinas, por la presunta tortura de tres mujeres que fueron detenidas luego de la ejecución de 22 civiles por parte de elementos del Ejército mexicano ocurrida el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.
Para Cortez Morales es clara la omisión y la intención de encubrir a las fuerzas castrenses en el caso.
“Hasta la fecha la estrategia del seguridad del gobierno depende en gran medida del Ejército y por ello, tiene esa necesidad de defender a las fuerzas armadas. Hay encubrimiento en tanto que hay opacidad y un interés específico de proteger al Ejército en primer lugar el Gobernador [Eruviel Ávila] sale a dar un discurso político, junto con él el Procurador, que permite una investigación que tiene errores, altera el lugar, la escena de los hechos, da para pensar que los peritos de manera deliberada dieron dictámenes que no correspondían con la realidad”, explicó.
El investigador y experto en derechos humanos agregó que la PGR llevó desde el principio, una investigación que no permitió obtener resultados objetivos, secundada por el gobierno del Estado de México y en su momento por la CNDH.
LA CONSIGNA: CUIDAR AL EJÉRCITO
Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana, dijo que “hay una consigna de proteger la responsabilidad institucional del Ejército”, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, que llevan a un “esquema de impunidad”.
“Hay un manto de protección para el Ejército, y, si hay otros miembros y oficiales que participaron y no se les procesa, juzga y condena, nos dará un problema de impunidad. No basta con los militares que tienen ahorita, pero es el mismo esquema que se observa en el caso Ayotzinapa: hay una intención de cerrar el caso, borrar a los jóvenes de la faz de la tierra y decir que desaparecieron en un basurero y sólo se pudo identificar a uno de ellos”, indicó.
El criminólogo Pablo Monzalvo Pérez agregó que hasta el momento no se ha llegado a una verdad jurídica de lo que sucedió, porque “no sabemos nada”.
“Hay una omisión jurídica, no han tomado su papel, tiene que haber una verdad comprobada, no podemos quedarnos con dichos. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no son vinculatorias, pueden atenderse o no. Está en los periódicos de todo el mundo, en los pasillos de la ciudad. Que dejen de ser omisos y decir lo que tengan que decir”, expuso.
Para los expertos, todas las autoridades involucradas en el caso Tlatlaya están en el peor de los casos deslegitimadas y en el mejor, en una baja estima.
LA CADENA DE ENCUBRIMIENTO
En octubre del año pasado José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, debería ser el primero en exigir que se transparente y resuelva el caso de Tlatlaya, después de que el mandatario fijara su posicionamiento sobre el tema desde el Palacio de Gobierno de Toluca. Pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.
“Me sorprende la actitud del Gobernador del Estado de México, él debería estar muy molesto y muy preocupado con lo que ocurrió, porque evidentemente él fue una pieza clave en esta operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido y para engañar a la opinión pública nacional e internacional respecto de esta masacre”, dijo Vivanco en esa ocasión.
El director de HRW opinó que si Eruviel Ávila fue sorprendido por quienes ejecutaron a los 22 civiles ya rendidos en Tlatlaya, debía afrontarlo, decirlo públicamente y exigir una investigación detallada para preservar su prestigio y reputación.
“Porque él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre, estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el ejercito en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno», recordó.
Vivanco prosiguió: «Esa fue la versión oficial. No tenemos elementos, antecedentes como para acusar al Gobernador de ser encubridor de estos hechos, porque no tenemos la evidencia de quién le comunicó esta información al Gobernador y quién lo llevó a él, al igual que al Procurador, a sostener la misma versión del Ejército. No sabemos simplemente si lo hicieron porque querían quedar bien con el Ejército, porque acostumbran a repetir las versiones oficiales que provienen del Ejército y entienden que esa es su función, lo hicieron porque alguien les informó que esa era la única posibilidad y que no habría una investigación seria y que la posición era cerrar el capítulo y punto”, cuestionó.
Sin embargo, pasaron casi tres meses y hasta hoy, Ávila Villegas mantiene silencio y no existe ningún indicio de que el Estado de México esté apostando por resolver el caso. Tlatlaya ha sido encubierto, de acuerdo con los expertos, desde el Gobernador, hasta la CNDH.
ERUVIEL: LA FELICITACIÓN
El gobierno del Estado México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, y el Gobernador Eruviel Ávila Villegas defendió la actuación del Ejército, aunque informes ya hablaban que se trataba de ejecuciones sumarias.
“Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el pasado 1 de julio.
Aunado a esto, autoridades mexiquenses recurrieron a “congelar” la información y el gobierno del Edomex determinó declarar “reservada” la investigación del caso.
Asimismo, la Procuraduría mexiquense concluyó oficialmente:
“Por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este fue preservado en su estado original momentos previos a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano”.
MURILLO KARAM: CERRAR LA INFORMACIÓN
La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación sobre Tlatlaya. En la primera solicitud de información al IFAI que presentó un particular, la PGR argumentó que los datos se encontraban reservados por ese periodo. No obstante, el solicitante presentó un recurso de revisión, al argumentar que esos documentos se deben dar a conocer porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
La Procuraduría General de la República precisó:
“Se advierte de manera contundente, que los hoy inculpados Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, modificaron y alteraron el lugar de los hechos (…) además utilizaron armas de fuego de los propios pasivos para privar de la vida a otros tantos, colocando las armas utilizadas posteriormente en cadáveres donde fueron “encontradas” por el Ministerio Público que realizó el levantamiento de los cuerpos, lo que implica la alteración de vestigios del hecho delictivo”.
Los peritos de la Procuraduría General de la República determinaron:
“Válidamente se puede concluir que las personas que los militares colocaron cerca de la pared izquierda de la bodega de referencia, a quienes les dispararon momentos después, quedaron uno sobre de otro, posición que fue diferente a la que encontró el agente del ministerio público del fuero común que previno”.
LA SEDENA
La Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación.
El 19 de diciembre pasado, el IFAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución extrajudicial ocurrida el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, por la que siete militares enfrentan un proceso civil.
LA CNDH
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasificó como una “Investigación de Violaciones Graves” lo ocurrido el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano.
Precisó que el 11 de julio abrió de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva ha sido señalado por su actuación “tibia” en este caso, al sostener la teoría de que se trató de un enfrentamiento entre elementos castrenses y un grupo de criminales y no de una ejecución.
Plascencia Villanueva insistió en todo momento en que la CNDH ha cumplido con su responsabilidad, pero hace falta, dijo, que el Estado lo haga también.
Defendió la resolución en Tlatlaya, sostuvo que fue hecha con todo rigor y acusó a la prensa de haber tergiversado sus declaraciones, ya que aseguró nunca dijo de entrada
que se tratara de un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo del crimen organizado.
