Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– El grupo de autodefensa de San Miguel Aquila afirmó que con las recientes declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto de convocar a las policías civiles a formar parte de las fuerzas de seguridad, está reconociendo que Michoacán es un Estado fallido.
“En las recientes declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto reconoce de hecho un estado fallido en Michoacán al proponer la integración de las autodefensas a las fuerzas de seguridad del estado, lo cual consideramos no resuelve en esencia el problema”, dijeron los guardias civiles en un comunicado de prensa.
Ayer en Davos, Suiza, durante su primera intervención en el Foro Económico Mundial 2014, Enrique Peña Nieto expuso que el Estado las ha convocado [a las autodefensas] para que participen en tareas de seguridad, “atendiendo los principios y formalidad que prevé la ley, para ser parte de cuerpos de seguridad ya establecidos por el gobierno”.
El grupo comunitario también exigió al gobierno federal la liberación de 19 de sus integrantes y a la Procuraduría General de la República (PGR) desistir del proceso penal que sigue contra 42 de ellos al considerar que existe “un trato diferenciado” de las policías civiles de las zonas donde existen mineras y de las de la región de Tierra Caliente.
“[Hay un] trato diferenciado del gobierno federal en las zonas donde existen mineras, como es el caso de Aquila y la Ruana, donde hace tan solo cinco meses se hicieron detenciones de compañeros comuneros que salieron a defender a la población, y que hoy en otras zonas de tierra caliente, el gobierno federal les dice a las guardias comunitarias que se sumen al Ejército y a las fuerzas federales de seguridad”, denunció en conferencia de prensa el coordinador Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Francisco Jiménez.
Tras la formación de este grupo de autodefensa, el pasado 14 de agosto, durante un operativo policiaco-militar, fueron detenidas 45 personas (a 42 de estas se les sigue proceso y 19 de ellos siguen recluidos), a los que se les sigue proceso federal por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
“No conformes con ello nuevamente el 19 de Agosto el Gobierno Estatal hace otro operativo y sus fuerzas policiacas asesinan a quemarropa y por la espalda a 2 comuneros los compañeros Salvador Ramos Eudabe y Alejandro Jacinto Martínez Paulino; el terror contra la población generó también desplazamiento forzado”, acusaron los guardias civiles.
Por ello exigieron al Poder Judicial de la Federación que se garanticen los Derechos Humanos vulnerados a los procesados y se decrete su libertad por la vía de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de formal prisión, los que están próximos a resolverse. El primero radicado en el Segundo Tribunal Unitario, con sede en Boca del Río, Veracruz, con número de toca penal 493/2013 y; el segundo radicado en el Segundo Tribunal Unitario, con sede en Morélia, Michoacán, con números de toca penal 419/2013.
“El clima de hostigamiento, persecución y amenaza contra los comuneros de dicha comunidad continua, al grado que el 25 de Noviembre de 2013 desaparecieron a 3 compañeros integrantes de los órganos de representación de la comunidad los c. Francisco Javier Ramos Wale, ( primer secretario del Consejo de Vigilancia), Carlos Zapien Díaz (Tesorero del consejo de Bienes Comunales) e Ignacio Martínez de la Cruz (secretario de la empresa comunitaria LANESEK)”, denunciaron en el boletín de prensa dado a conocer hoy.
En este sentido, exigieron también la presencia del obdusman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, para “constatar y documentar las violaciones a los derechos humanos de la población y principalmente para recabar información de la desaparición forzada de nuestros compañeros sin embargo hasta el momento no se ha cumplido”.
