De acuerdo con una nota publicada hoy por Reforma, un Tribunal federal de Puebla canceló de manera definitiva un adeudo fiscal que se le fincó a Constructora Teya, filial de Higa, ganadora de la licitación para el tren de alta velocidad México-Querétaro. El proyecto fue cancelado después por un decreto Presidencial, previo a que se diera a conocer el escándalo de la “casa blanca”.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La empresa Grupo Higa ganó un juicio al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por más de 86 millones de pesos, luego de que un Tribunal federal canceló un adeudo fiscal a una filial de la firma.
Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa y tiene la propiedad legal de la llamada “casa blanca” de la familia Presidencial en Las Lomas, se ha visto involucrada en diversos casos de corrupción por su cercanía con el Presidente Enrique Peña Nieto y otros miembros del Gabinete federal, como el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
De acuerdo con una nota publicada hoy por Reforma, un Tribunal federal de Puebla canceló de manera definitiva un adeudo fiscal que se le fincó a Constructora Teya, filial de Higa, la ganadora de la licitación para el tren de alta velocidad México-Querétaro, que posteriormente fue cancelado por un decreto Presidencial, previo a que se diera a conocer el escándalo de la “casa blanca”.
Pero Teya no sólo ganó la cancelación de su adeudo, además obtuvo un amparo que reclama el pago de daños y perjuicios contra el SAT, a quien acusó de haber actuado de mala fe y en contra de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
El diario detalla que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito confirmó que todo el procedimiento que llevó a fincar el acuerdo fiscal estuvo viciado de origen, de acuerdo con las sentencias notificadas el pasado mes de octubre.
El caso data por un contrato que se otorgó a Grupo Higa durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El documento fue firmado en septiembre de 2006 por 575 millones de pesos para la construcción de puentes y distribuidores viales, así como para modernizar el Bulevar Aeropuerto Toluca, detalla Reforma.
Sin embargo, la parte central del juicio fue un anticipo de 64 millones de pesos que la Junta de Caminos del Estado de México pagó a Teya.
En las sentencias notificadas en octubre, expone el medio, se establece que el funcionario pidió en marzo de 2011 al contador de Teya la entrega de documentos, sin embargo, se determinó, fue con fundamento en un artículo equivocado del reglamento interior del SAT.
También resolvió que los depósitos presuntamente no justificados, por los 64 millones de pesos que la firma recibió en 2008, sí tenían un soporte de documentación, por lo que no debieron dar lugar a una “estimación presuntiva” de utilidad fiscal.
