Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados tiene ya en su poder la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El Diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, proponente de las denuncias, detalló que los servidores públicos en comento son responsables por una serie de acciones y omisiones que derivaron en la violación constante de derechos humanos, la ingobernabilidad en la entidad y la falta de resultados para encontrar a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Estamos ante hechos muy graves, porque estamos hablando de Ayotzinapa, que no es cualquier cosa; y de omisiones, en este caso del secretario de Gobernación, del Procurador General de la República y de un Gobernador, que por no actuar se generó todo esto que sabemos”, sostuvo en entrevista para Sin Embargo.
El Diputado Huerta no despega los pies de la tierra, sabe que su solicitud de justicia en contra del secretario Osorio Chong, del Procurador Murillo Karam y del Gobernador Aguirre Rivero sólo procederá con la voluntad política de los partidos mayoritarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque es un asunto de mucha la tensión política.
Por eso, llamó a los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a dejar de lado el doble discurso y a colaborar para que no haya impunidad en el caso Iguala.
“Lo que la cámara debe de hacer en este momento es darle paso a este juicio político que no hace otra que decir ‘sí tienen responsabilidades administrativas los funcionarios, sí fueron omisos, o por el contrario, que me demuestren que sí hicieron bien su trabajo”, sostuvo.
No obstante, el petista observó poco interés de los coordinadores parlamentarios de los partidos mayoritarios para empezar a analizar los motivos de esta denuncia, del mismo modo que ocurrió con la propuesta del mismo legislador para crear una fiscalía especial que sustituyera a la Procuraduría General de la República por los escasos resultados para dar con el paradero de los normalistas desparecidos desde hace casi un mes.
A pesar de esto confió en que al dar entrada a la solicitud de juicio político se avanzará en el camino correcto para recuperar la normalidad institucional legal y las autoridades pensarán mejor en hacer bien su trabajo.
“De haber voluntades políticas de los partidos que tanto hablan de que quieren que se avance contra la impunidad, esto pudiera proceder más rápido de los tiempos legales”, apuntó.
A partir del pasado miércoles 22 de octubre, día en que el Diputado ratificó la denuncia, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y las comisiones de Gobernación y de Justicia, tienen un plazo de 30 días para crear una subcomisión investigadora para revisar los argumentos de la solicitud de juicio político y emitir un dictamen en que se informe si procede o no la propuesta.
JUICIO POLÍTICO CONTRA OSORIO CHONG
El pasado 20 de octubre, la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por ser presuntos responsables de violación “grave y sistemática” en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa.
Menos de 48 horas después, el mismo legislador se presentó ante el director de servicios legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez, para ratificar su denuncia y ampliarla con una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El legislador acusó al funcionario de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Recordó que el 12 de junio del 2013, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se pidió a la Secretaría de Gobernación investigar la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular de Iguala, que derivó en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.
La proposición fue suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, y las diputadas federales Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, quienes solicitaron que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación del caso, en donde se señaló como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Asimismo, se pidió al Comisionado nacional de Seguridad que instruyera a integrantes de la Policía Federal a suspender de inmediato “los actos de intimidación y persecución en contra de los defensores de derechos humanos”.
El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el secretario de Gobernación fue omiso a la solicitud de la Permanente para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación del caso
“En los hechos sabemos que fueron omisos, porque todos sabemos que la PGR apenas atrajo el caso en días pasados”, expresó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
AGUIRRE Y MURILLO KARAM
Con el apoyo de legisladores de su bancada, el petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara solicitó un juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque el mandatario “ya no tiene control ni de la seguridad”. Por el contrario, dice el documento, es responsable de la violación grave y sistemática de derechos humanos en la entidad.
En el texto se precisó que sus acciones han afectado la normalidad política y administrativa en el estado, específicamente en los municipios de Iguala, Cocula, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Olinalá y Acapulco.
En aquella ocasión, la Diputada petista Lilia Aguilar Gil, integrante de la comisión especial que da seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala informó que pediría a este órgano integrar la solicitud de juicio político, como parte de los objetivos de la comisión.
“Si la comisión especial no asume el Juicio Político como uno de sus objetivos, nosotros haremos uso de nuestro derecho establecido en la Constitución, para promover el Juicio Político en la Cámara de Diputados”, afirmó.
Sin embargo, su solicitud no tuvo eco al interior de la Comisión integrada por un legislador de cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara confió en que pronto inicie la solicitud de juicio político contra el Gobernador de Guerrero, el procurador general de la República y el secretario de Gobernación.
“Puede haber otro tipo de responsabilidades, como penales pero no es mi labor, ni de la Cámara de Diputados juzgar eso. Eso tendrá que ser a partir del litigio administrativo que estoy disparando con este juicio”, apuntó.
Por lo pronto, consideró que la Cámara de Diputados se ha comportado como un cuerpo sin alma, calificó a la Junta de Coordinación Política como “frívola”, por no haber dado entrada a su solicitud para crear una fiscalía especial. “Nunca vi el interés, lamentó.
