Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Este miércoles el Gobernador Eruviel Ávilla Villegas presentará su Cuarto Informe de Gobierno. Desde hace unas semanas, el priista inició una campaña web para anunciarlo e incluso en la página http://www.eruviel.com/4toInforme/ se han dado a conocer adelantos del documento. Los avances de los cuales se hablarán contrastan con la realidad del Estado de México, de acuerdo con cifras oficiales y organizaciones civiles.
Entre los asuntos que el priísta mexiquense destaca se encuentra la emisión de la Alerta de Violencia de Género, crecimiento económico, campo, comunicaciones, seguridad, entre otros. Sin embargo, actos relacionados con la corrupción, ocultamiento de datos, violencia, feminicidios, despojo de tierras, ejecuciones extrajudiciales y demás, se mantuvieron en el cuarto año del gobierno del nacido en el municipio de Ecatepec.
La campaña de este informe tiene como slogan “Te invito a platicar”, y es acompañada de varios videos donde se observa al mandatario estatal charlando con personas que suponen ser sus gobernados.
Eso por un lado, pero en la realidad diversas organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, grupos como Fin al Abuso, de defensores de derechos humanos y ciudadanos azotados por la pobreza han pedido audiencia o al menos ser escuchados por el Gobernador Eruviel Ávila, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
SinEmbargo ha cubierto y documentado todos estos sucesos que han explotado sobre todo en este año de administración. Se tratan de hechos rasposos a los cuales no ha querido entrar a explicar el Gobierno del Estado de México ante expertos en la materia, el Congreso de la Unión u otras instituciones.
A manera de recuento, se exponen los cinco momentos de crisis que la administración de Eruviel Ávila Villegas sigue sin aclarar y que, todo indica, tampoco se transparentarán en su Cuarto Informe de Gobierno.
LA ALERTA DE GÉNERO
En la página del Cuarto Informe el Gobernador dice: “Con la finalidad de fortalecer los programas y acciones en favor de las mujeres, aún y cuando en el Estado de México se registran menos feminicidios por cada 100 mil habitantes con respecto a otras entidades, el gobierno estatal decidió promover y solicitar de manera oficial la declaratoria de Alerta de Género en los 11 municipios más poblados de la entidad: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco”.
Legalmente el Eruviel no tiene facultades para hacer la solicitud. De hecho, si se logró la medida en 11 municipios mexiquenes fue gracias a una lucha jurídica y que duró cinco años que estuvo promovida por la sociedad civil.
Muchas de esas organizaciones denunciaron que Eruviel Ávila Villegas omitió información al grupo imultidisciplinario de expertos que realizó el informe para la declaratoria de alerta de género en esa entidad, lo que demoró aún más la decisión de ese organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La alerta de género hubiera evitado cerca de 300 feminicidios en territorio mexiquense si se hubiese emitido a tiempo, aseguraron expertos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detallaron que el informe para la solicitud ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación, se realizó con los datos que el Estado de México proporcionó, pero donde se omitió información como: los procesos, el número de sentencias, sanciones a los delincuentes sentenciados, modus operandi, formas de violencia, casos de feminicidio desde 2005. Sumado a ello se mezclaron cifras de delitos dolosos como abortos, suicidios, entre otros.
“[El grupo de expertos] se enfrentó al no registro de datos en el Estado de México, sobre todo a la Procuraduría del Estado de México, para hablar de la situación de violencia familiar, violencia sexual y feminicidio”, declaró María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.
La activista agregó que las autoridades del Edomex omitieron casos de feminicidio en lo que va de la administración de Eruviel Ávila.
“No existen datos. La Procuraduría sólo informó de un caso de feminicidio de 2011 a 2014″, contó María de la Luz Estrada.
En las conclusiones del informe, los expertos informaron que las bases de datos no son alimentadas ni actualizadas en el Estado de México por lo que no “ha permitido a las autoridades de la entidad federativa comprender la dimensión y características del fenómeno de la violencia feminicida que sufren las mujeres en la entidad, invisibilizado su gravedad”.
“EDOMEX, LÍDER ECONÓMICO DE MÉXICO”
El Gobernador mexiquense Erueviel Ávila asegura en su Informe que “la confianza que los empresarios e inversionistas tienen en el Estado de México, representa un valor agregado para fortalecer la economía de nuestra entidad, brindando ventajas competitivas, con oportunidades de empleo y crecimiento. Esto lo vemos reflejado en los más de 6 mil MDD [millones de dólares] captados en inversiones”.
Lo que no menciona es que en el Estado de México 8 millones 269 mil 900 de sus habitantes viven en condición de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Edomex tiene niveles bajos en seis de las ocho carencias medibles por el Coneval, siendo el acceso a la seguridad social el que rebasa el acceso en más de la mitad de la población al registrar 60.6 por ciento.
Organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detallaron que uno de cada cinco mexicanos (20.7 por ciento) no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos. Ésta es la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo; es decir los que están en situación de pobreza extrema por ingresos y equivalen a 24.6 millones de personas.
Un 20.1 por ciento de la población mexiquense se encuentra en este rubro; es decir 3 millones 346 mil 800 personas no cuentan con el recurso necesario para cubrir las necesidades básicas. Lo que se traduce en un 13.6 por ciento de mexicanos a nivel nacional.
A pesar que en el Cuarto Informe se hable que el Edomex genera el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, no se habla que en aquella entidad federativa con problemas de violencia y rezagos educativos se arrojó a 7 millones 63 mil personas a la pobreza moderada en dos años, de 2012 a 2014. Actualmente un millón 206 mil 900 viven en pobreza extrema.
“EL CAMPO COMO ORGULLO ECONÓMICO”
“Por su aportación a la producción de alimentos, la contribución a la generación de empleo y a la prosperidad de nuestras familias, el campo es un sector de orgullo y prioridad para el desarrollo económico del Estado de México, tierra rica en climas que propician la generación de vocaciones productivas regionales y que forjan las actividades agrícolas y pecuarias de los mexiquenses”, refiere Eruviel Ávila, quien agrega apoyos a productores y al desarrollo sustentable.
Pero desde hace meses organizaciones civiles de distintos municipios agricultores del Estado de México se unieron para denunciar el “despojo” y el “robo” de tierra, agua y la destrucción biocultural para favorecer los megaproyectos en los cuales participan Grupo Higa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio Desarrollador Internacional, Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
Pobladores aseguraron que el gobierno encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas “ha mantenido un discurso de progreso”, pero a la fecha no ha realizado ninguna consulta popular, ni ha dimensionado las afectaciones que se podrían ocasionar por las llamadas megaobras que se han desarrollado a lo largo de su administración.
Incluso, dijeron, ha usado la fuerza policiaca para desalojos, los cuales tienen un mismo modus operandi: llega un supuesto dueño del terreno con unas escrituras, se pide el desalojo, los habitantes inician un proceso legal, después se opera el desalojo por parte de autoridades municipales y estatales y, finalmente, cientos de familias pierden su patrimonio y son desplazadas.
Bárbara Vargas Bartolo, de Cahuacán Unido por los Derechos Humanos AC, explicó que en ese municipio las empresas Consorcio Desarrollador Internacional S.A de C.V., Ingeniería Electrónica Especializada S.A de C.V., los “despojaron” de al menos 800 hectáreas de tierra para construir un desarrollo industrial. La activista agregó que esa zona es estratégica por los mantos acuíferos que abastecen varias regiones habitadas.
La autopista Naucalpan-Toluca, cuya construcción, operación y mantenimiento fueron concesionados desde 2007 a una filial de Grupo Higa, ha enfrentado el rechazo de las comunidades que se verán afectadas, cuestionamientos de organizaciones civiles por los previsibles daños ambientales que causará y el retraso en su construcción a causa de la oposición social.
Pero nada de eso ha detenido la intención del Gobierno del Estado de México concretar la obra, que cuenta con una concesión que se entregó cuando la entidad era gobernada por el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, cuya relación con Grupo Higa fue evidenciada y cuestionada en noviembre del año pasado con el caso de la llamada “Casa Blanca”.
A estas protestas se suman los pobladores de San Francisco Xochicuautla ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México. Los habitantes han luchado legalmente desde ace ocho años y estuvieron a punto de ganar, dijeron, pero el pasado 9 de julio el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común de aquel pueblo otomí con el fin de construir un proyecto carretero, licitado a Grupo Higa.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT), informó que siguen firmes en su oposición a la construcción del proyecto llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el cual, dijo, “dejará muerte” en la biodiversidad y en la cultura.
“LA ENTIDAD MEJOR COMUNICADA DEL PAÍS”
“Como el desarrollo económico de nuestra entidad está íntimamente ligado a la infraestructura, el crecimiento industrial, comercial y logístico se ven reflejados en el número de vialidades, puentes y transporte público masivo, opciones que hacen posible que existan más y mejores servicios educativos, de salud, así como más y mejores espacios públicos para los mexiquenses”, dice el Gobierno del Estado de México.
Sin embargo, una serie de audios evidenciaron a funcionarios la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) con los de la entidad. En las grabaciones se escuchan conversaciones que sugieren que hubo un conflicto de interés entre la firma, servidores públicos del Edomex y el Gobierno federal.
La lista de funcionarios involucrados –en la que están los titulares de las Secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena y Gerardo Ruiz Esparza, y la ex Consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza y algunos magistrados– se suman los de directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio lozoya Austin, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, ambos designados por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Antes que se difundieran los audios, una iniciativa llamado Fin al Abuso denunció un posible conflicto de interés entre distintas administraciones del Gobierno del Estado de México y la empresa OHL México que, de acuerdo con su reporte anual 2013 de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reporta ingresos que representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde principios de 2015, se cuestionaron las ganancias de la empresa OHL México por medio de su Concesionaria Mexiquense en la participación del Circuito Exterior Mexiquense. En varios desplegados, los inconformes detallaron un descuadre multimillonario entre la inversión inicial, proyecciones de ingresos y explotación de la concesión.
En el portal finalabuso.net se exponen documentos –algunos consultados por SinEmbargo– donde se enumeran acciones y cifras que supuestamente favorecen a la firma, cuyo director ejecutivo es Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex funcionario público federal y persona cercana al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Presidente Enrique Peña Nieto.
El 25 de febrero de 2003, durante la administración de Arturo Montiel Rojas, la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México otorgó a Concesionaria Mexiquense, S. A. de C. V. una concesión con plazo hasta 2033 para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del conjunto de autopistas que integran el Sistema Carretero del Oriente del Edomex, mejor conocido como Circuito Exterior Mexiquense. Tiempo después, en la administración de Enrique Peña Nieto hubo varias modificaciones para que OHL México operara hasta 2040.
Sin embargo, ante una proyección presentada por OHL donde aseguraba que para 2040 no alcanzaría a recuperar su inversión total, en diciembre de 2012 el gobierno que encabeza Eruviel Ávila Villegas aprobó una ampliación al término del permiso hasta 2051 y autorizó un aumento en la tarifa de peaje que determinaría la empresa, según expone el documento Quinta Modificación al Título del CEM.
El 11 de mayo, OHL México anunció que aceptó la renuncia voluntaria de Pablo Wallentin como directivo de la compañía en México. Seis días después Apolinar Mena Vargas dejó la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México.
Ambas renuncias ocurrieron tras la difusión de un audio, en el que se dieran a conocer acuerdos y favores entre funcionarios de la empresa OHL México y Mena Vargas.
“SEGURIDAD AVANZA”
“Las Bases de Operación Mixta (BOM) son unidades coordinadas de acciones para combatir la delincuencia, donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), de la Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y Procuraduría General de Justicia del Estado de México”, destaca Ávila Villegas.
Las BOM fue la respuesta del Edomex a una ola de violencia y homicidios; sin embargo, a mediados de 2014, un grupo de militares, que no se sabe a ciencia cierta qué hacían en la zona –si patrullar o acudir a un llamado– privaron de la vida a 22 personas en una bodega del municipio de Tlatlaya.
El caso explotó gracias al trabajo periodístico de Pablo Ferri y con forme ha pasado el tiempo algunos elementos han visto la luz; no obstante, el caso sigue impune.
El mayor impedimento para que haya justicia en el caso Tlatlaya es la falta de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, dijo en su informe final la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el caso.
El documento da cuenta de las reservas de información, inconsistencias, contradicciones y deficiencias por parte de dependencias y el gobierno del Estado de México.
“[La comisión] Considera notoriamente insuficiente la información aportada a este Grupo de Trabajo por parte de la Sedena, la PGR y el Gobierno del Estado de México, por lo que considera necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, en especial, a partir de la consideración de que en el caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos”, dice el informe.
También refiere que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en: la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno del Estado de México”.
Luego de los hechos de aquel 30 de junio, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.
En septiembre del año pasado la PGR consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) existen 25 víctimas de violaciones a derechos humanos en el caso de Tlatlaya; a 15 de ellas les fue violado su derecho a la vida; otros al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia; derecho a la integridad; seguridad personal y a la libertad sexual, derecho a la verdad, acceso a la justicia y derecho al acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito. Sólo hay tres sobrevivientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho referencia a un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que indica que el 30 de junio de 2014 entre 12 y 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico fueron ejecutadas de manera arbitraria por presuntos miembros de la fuerza pública en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas, detalló el Centro ProDH, luego de tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa.
