El presidente de la Coparmex destacó que para que no existan más “pifias” judiciales, es urgente la consolidación de la Fiscalía General de la República, e impedir que en México “la impunidad sea la regla y no la excepción“.
El pasado 22 de agosto, la PGR reconoció que al valorar los datos de prueba con los que contaba sobre el caso de Duarte de Ochoa, determinó que no eran suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación.
El ex político priista que gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado y después extraditado a México, al ser reclamado en el país por una orden de arresto derivada de los cargos federales y las dos órdenes de la fiscalía del estado recién cumplimentadas.
Ciudad de México, 23 de agosto, (SinEmbargo).- La reclasificación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa por el cual será juzgado el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es una pifia de la Procuraduría General de la República, sentenció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexican (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
“Es una pifia, como lo estamos viendo de manera cotidiana, no nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de naturalización porque hay un incentivo perverso para que los malos funcionarios continúen cometiendo este tipo de agresiones a la ley”, apuntó.
Por lo que reiteró su exigencia para que la Fiscalía tenga independencia y sus decisiones no sean tomadas con un índole político.
“Sí o sí tenemos que contar con una Fiscalía General que cumpla con su propósito, que pueda llevar a cabo de manera exitosa las investigaciones, que permita que una vez que los casos sean llevados ante los jueces se procesen de manera exitosa, y que estas pifias que estamos viendo de manera cotidiana sean cosa del pasado“, puntualizó.
De Hoyos también llamó a que México no sea más un país donde “la impunidad sea la regla y no la excepción“. Ya que “casos como Ayotzinapa o los Duartes, son casos que no dejan de lastimar a los mexicanos”.
Las declaraciones del presidente de la Coparmex fueron vertidas al salir de una reunión privada con Tatiana Clouthier, Diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y futura subsecretaria de Gobernación.
Cuestionada sobre el tema, la ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López, dijo que “la justicia no se aplica apegada a derecho y tenemos que regresar al Estado de derecho“.
Por lo que celebró la propuesta de la Coparmex sobre la Fiscalía, aunque puntualizó que los legisladores de Morena seguirán otra ruta referente al tema.
“Hay caminos distintos, uno más empedrado que otro, uno más liso que otro, y cada quien tomará el que crea conveniente para llegar al Congreso y el Congreso tomará su decisión como forma colectiva”, apuntó.
DUARTE A UN PASO
El pasado 22 de agosto, la PGR reconoció que al valorar los datos de prueba con los que contaba sobre el caso de Duarte de Ochoa, determinó que no eran suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación.
“Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”, informó la PGR en un comunicado.
“Tras la conclusión de la fase de investigación complementaria, contemplada por el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público de la Federación determinó acusar por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el proceso” contra Javier Duarte, detalló la dependencia en un comunicado.
La Procuraduría indicó que éste es uno de los procesos que lleva en contra del ex mandatario, aunado a las acusaciones que integra la Fiscalía de Veracruz. Por lo que aseguró que Duarte de Ochoa continuará su proceso en prisión.
“Es importante destacar que el probable responsable seguirá su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La reconfiguración del delito implicaría una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista de 20 a 40 años a 5 a 10 años de prisión.
El ex político que gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado y después extraditado a México, al ser reclamado en el país por una orden de arresto derivada de los cargos federales y las dos órdenes de la fiscalía del estado recién cumplimentadas.
La PGR lo acusó de supuestamente crear una red para desviar millonarios recursos de las arcas de Veracruz y lavarlos mediante la compra de bienes raíces.
Antes de su extradición, Duarte desestimó y calificó de irrisorias las dos acusaciones de la fiscalía local alegando, entre otras razones, que no participó en la transferencia de los 220 millones de pesos.
