Cándido Ríos Vázquez es el segundo periodista asesinado en Veracruz en este año, pese a que estaba inscrito en el mecanismo del gobierno federal para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Apenas unas horas después, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Gobernación, ya determinó que el asesinato del periodista “no tuvo nada que ver con sus actividades” y aseguró que el ataque estaba dirigido a otra persona.
Hoy la CNDH exigió al Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que proteja la vida de la familia de Ríos Vázquez. Mientras que colegas agrupados en la Red Veracruzana de Periodistas exigieron justicia por este caso y los de otros compañeros privados de la vida, la mayoría de casos en la impunidad.
“Los periodistas de Veracruz estamos hartos de manifestarnos y exigir la justicia que no encontramos. Estamos cansados de llorar compañeros caídos”, escribió la organización en una carta abierta dirigida al Gobierno del estado y a la Feadle.
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Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno de Veracruz medidas cautelares en favor de la familia del periodista Cándido Ríos Vázquez, asesinado ayer en el municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.
“Este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Veracruz implemente las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Cándido Ríos Vázquez, a efecto de salvaguardar su integridad física, así como también se les brinden medidas de contención emocional”, dio a conocer en un comunicado.
El organismo autónomo condenó y lamentó el asesinato del reportero del Diario de Acayucan y “solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación exhaustiva y expedita para que este homicidio no quede impune, sin omitir la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico”.
Agregó que ya envió a su personal para sostener reuniones con los familiares y colegas de Ríos Vázquez, así como con autoridades municipales y estatales.
“Para esta Comisión Nacional, se trata de un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, porque afecta la libertad de expresión y al pilar de la democracia mexicana”, expuso en el documento.
En marzo pasado también fue asesinado el periodista veracruzano Ricardo Monlui, de El Político y El Sol de Córdoba. Con Cándido Ríos suman 10 periodistas asesinado en 2017.
Veracruz es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización Artículo 19.
Hoy el Subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián descartó que el ataque tuviera que ver con la labor periodística de Cándido Ríos.
“Me parece que lo ocurrido ayer no tiene nada que ver con las actividades del periodista, tiene que ver con otros riesgos derivados de las personas que perdieron la vida también el día de ayer […]. Creo que a reserva de esperar a que tengamos la confirmación en las investigaciones, el caso de ayer tiene que ver con otros riesgos, con otra situación, con otras personas que fueron atacadas donde perdieron la vida y por la información que nos ha dado el Fiscal parece claro que el ataque estaba dirigido a otra persona”, dijo en conferencia de prensa en Veracruz.
A su vez, la Red Veracruzana de Periodistas exigió justicia por Ríos Vázquez y el resto de colegas asesinados en el estado, a través de una carta abierta dirigida al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al Fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortíz, a Comisión estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) y a laFiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
“Desde la Red Veracruzana de Periodistas demandamos que este crimen no quede impune y se brinde el mensaje de justicia tan necesario para que los periodistas dejemos de ser asesinados en Veracruz y que exista una investigación certera, en éste y todos los crímenes cometidos en contra la Libertad de Expresión. Basta de impunidad”, escribió la Red en la misiva.
La organización agregó que “los periodistas de Veracruz estamos hartos de manifestarnos y exigir la justicia que no encontramos. Estamos cansados de llorar a nuestros compañeros caídos. […]. Exigimos justicia por él y los 21 periodistas asesinados en los últimos 6 años por informar en Veracruz, el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México”.
La Red Veracruzana de Periodistas advirtió que el asesinato de sus compañeros no quedará en el olvido, “Los asesinatos de los demás compañeros periodistas y la falta de justicia no han sido olvidados, como tampoco éste será borrado; el actual Gobierno del Estado y la Fiscalía no pueden ni deben ser omisos en la resolución de estos casos”.
Y recordaron los reclamos que ha hecho el actual mandatario panista a los medios de comunicación: “Mientras usted, gobernador, pide que se publique lo que ha realizado en el estado y sus colaboradores piden hablar de sus logros, nosotros, los periodistas, queremos garantías para el desempeño de nuestro ejercicio: informar”.
Apenas ayer, el Gobernador Yunes reclamó que algunos medios de comunicación no destacan los logros de su administración debido a que no ha contratado publicidad con ellos.
“Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos, yo sé que hay algunos (medios) a los que les cuesta reconocerlo, les cuesta mucho trabajo… porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”, sostuvo.
La organización internacional Artículo 19 (A-19) documentó que en el primer semestre de este año se produjeron un total de 276 agresiones contra periodistas en México, incluyendo seis asesinados y uno que se encuentra desaparecido. Esa cifra total representa un aumento de 23 por ciento, respecto a la registrada en el primer semestre de 2016, que cerró con 218 casos.
De acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México”, en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos [con 140 de los 276 atentados].
