Convocados por Agua Para Todos, decenas de ciudadanos afectados se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contra la aprobación de la Ley Hídrica propuesta por la Diputada Wendy González. Con la ley, acusa la organización, se aprobaría un plan obligatorio de inversiones a 25 años sin respetar la prohibición de la privatización y del lucro del líquido como lo contempla la nueva Constitución de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Las empresas contaminan el agua con la construcción de megaproyectos, incluyendo el Tren México-Toluca y diversas inmobiliarias, mientras colonos carecen de su acceso durante semanas y pueblos originarios de Álvaro Obregón, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Tlalpan y otras delegaciones deben emplearla para sus cultivos ya negra o tratada, acusaron diversos miembros de organizaciones vecinales de zonas de la capital del país.
Convocados por Agua Para Todos, decenas de ciudadanos afectados se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contra la aprobación de la Ley Hídrica propuesta por la Diputada Wendy González. La califican como de supuesta sustentabilidad, pero, dicen, favorece los intereses de las compañías transnacionales y nacionales.
De acuerdo con las organizaciones presentes, esta ley convertiría al Sistema de Agua de la Ciudad de México en una empresa paraestatal abierta a concesionar las operaciones y podría tomar el control de manantiales, lagos, canales, zonas chinamperas y sistemas autónomos, lo que despojaría de sus recursos a los pueblos originarios.
Además, la ley seguiría permitiendo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) autorizar agua para nuevos megaproyectos por encima del acceso a los vecinos; podría dar prioridad al uso industrial sobre servicios públicos y ser entregada donde dé mayores ingresos.
«Esto se va a regularizar con la ley y se pondrá peor. No podemos dejar que se institucionalice», aseguró Julio Cervantes, de la Central Campesina Cardenista.
En entrevista, dijo que si se sigue así, en 5 años tampoco se podrá abastecer de agua a las futuras construcciones.
Sus compañeras Adriana Leal e Ivonne Chávez enfatizaron que mientras el agua limpia se va a zonas como Santa Fe y Lomas de Chapultepec, donde incluso tienen albercas, en Xochimilco, Tláhuac o Milpa Alta la producción de hortalizas y otras plantas es afectada por la falta de agua de calidad, un derecho humano.
En los asentamientos irregulares de Milpa Alta, añadieron, el suministro de pipas tarda hasta tres semanas. Una de entre 800 y mil 200 pesos les dura a los habitantes alrededor de una semana.
Concepción, de la cooperativa Atotolco, que produce miel en Tláhuac, afirmó que la Ley Hídrica «amenaza a la zona chinampera y si los pueblos originarios no tienen derecho a sus recursos naturales, como lo avalan tratados internacionales, podríamos ser la última generación de chinamperos y campesinos».
Por parte de Vía Comunitaria en Iztapalapa, Teresa denunció que en su delegación «la mayoría de los colonos vivimos la gran parte de la vida sin agua. La recibimos cada 15 días o cada mes».
Raúl, miembro del Frente de Vecinos Unidos Zona Poniente, enfurecido, gritó afuera de la Asamblea Legislativa que los megaproyectos como el nuevo aeropuerto internacional y el tren interurbano México-Toluca son realizados «con el agua de todos».
«A los asambleístas se les olvida que el pueblo dice no a la privatización del agua. No están para obedecer a los que tienen dinero y poder», dijo Raúl.
Agua para Todos propone la construcción de una Contraloría Ciudadana del Agua, desde colonias y barrios, con coordinación a nivel delegacional y Ciudad.
Asimismo, exige al gobierno capitalino el acceso a la información sobre concesiones a empresas (refresqueras, inmobiliarias…), bancos y fideicomisos en relación con el agua, así como consultas a vecinos cuyo derecho al agua podría ser afectado.
Con la Ley Hídrica, acusa la organización, se aprobaría un plan obligatorio de inversiones a 25 años sin respetar la prohibición de la privatización y del lucro del líquido como lo contempla la nueva Constitución de la Ciudad de México.
Por parte de la Diputada Wendy González, quien promueve la Ley Hídrica, no hubo respuesta.
Durante toda la protesta de vecinos afectados frente a la Asamblea Legislativa, nunca salió. Su equipo se limitó a colocar un cartel con un teléfono para «participar y enriquecer» la propuesta.
Raúl Martínez, del Frente de Vecinos Unidos Zona Oriente, afirmó que las autoridades capitalinas no se han prestado para un verdadero diálogo y esa acción es la prueba.
