La empresa Integración Minera no puede operar, pues el predio se ubica a 50 metros de las viviendas. De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización Familia Pasta de Conchos la operación del tajo, violaba el Manifiesto de Impacto Ambiental.
Por Karla Tinoco
Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo/Vanguardia).– A 15 días de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) cancelara un tajo operado por la empresa Integración Minera, propiedad de Antonio Nerio y Servando Guerra, la Secretaría de Economía (SE) notificó este miércoles al primer regidor del Cabildo de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano la cancelación del título 217372 correspondiente a Cloete Norte.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización Familia Pasta de Conchos la operación del tajo, violaba el Manifiesto de Impacto Ambiental, pues la distancia mínima para operar es de 350 metros lineales desde la última casa; sin embargo, el tajo se ubica a 50 metros de las casas del Infonavit Lomas Altas y del Barrio 3 de Cloete.
Ante el rechazo de los pobladores de permitir la operación del tajo de Antonio Nerio, éste fue cancelado al menos tres veces por Protección Civil de Sabinas; sin embargo, los mismos trabajadores o Protección Civil retiraban los sellos “porque el tajo cumplía con todo”, dejando a las familias en estado de indefensión.
Desde ese momento, el Gobierno local envió a Rogelio Ramos Sánchez, ex Alcalde de Frontera y exdiputado local, con el objetivo de que las familias afectadas firmaran un supuesto “acuerdo” para que el tajo operara a 50 metros de las casas a cambio de 3 mil pesos por semana y el compromiso “de la empresa” de pagar por los daños a las casas.
Ante ello, la mayoría de los habitantes se negaron y las autoridades pretendieron, a través de Rogelio Sánchez Ramos, “apuntalar al empresario, violando los derechos humanos de las familias, del pueblo de Cloete y del derecho de Cristina Auerbach Benavides y la Organización Familia Pasta de Conchos de defender los derechos humanos”, cita el comunicado.
CAMPAÑA NEGRA CONTRA ONG
Desde el pasado 26 de marzo, el concesionario Álvaro Jaime Arellano, el diputado e hijo del empresario que opera el tajo, Antonio Nerio Maltos, Rogelio Ramos Sánchez, y los periodistas Gerardo Rico, (Canal 10 de Sabinas), Karla Cortéz (Periódico La Voz), Efraím Ramos (de la XEYJ 91.9) iniciaron una campaña de desprestigio contra Cristina Auerbach Benavides, defensora de los Derechos Humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos.
Así, con grupos de choque manipulados por el subsecretario Rogelio Ramos Sánchez, el concesionario Álvaro Jaime Arellano, y el operador del tajo, Antonio Nerio, junto a los periodistas, el pasado 28 de marzo destruyeron un Memorial para los mineros de Pasta de Conchos y se robaron las cruces, allanaron las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos violando las medidas de seguridad establecidas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
La Policía Municipal de Sabinas atestiguó violaciones en las que no intervinieron porque según ellos se trataba de una manifestación pacífica.
Tres días después de la destrucción del Memorial, los periodistas retuvieron por la fuerza a Cristina Auerbach Benavides y a cuatro personas más dentro de su camioneta, les exigieron que pidieran perdón; además la amenazaron con golpearlos.
Para la Organización Familia Pasta de Conchos las cancelaciones de Profepa y la SE son justas, aunque insuficientes.
“Han actuado, una vez, que el problema escaló brutalmente y ante la inevitable negativa de la población de Cloete, de permitir que se siguieran violando sus derechos humanos. Cloete ha sido devastada entre otros por Álvaro Jaime, quien en la concesión que le ha sido cancelada ha dejado un incalculable pasivo ambiental desde hace una década que opera ilegalmente dentro del poblado”, cita en el documento.
Finalmente, la organización solicita que el Gobierno local ordene a la Prodemi, cancelar de manera inmediata los contratos de carbón a la empresa Integración Minera, así como a Servando Guerra, por extraer de forma ilegal el carbón, y que, en coadyuvancia con las autoridades federales, los hagan reparar el daño que han hecho.
Asimismo, se finquen responsabilidades al subsecretario Rogelio Ramos Sánchez así como al primer regidor de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano, por violentar el Estado de Derecho y por implementar medidas violatorias de los derechos humanos contra las familias de Cloete y de la defensora Cristina Auerbach Benavides.
