Víctima de una ejecución extrajudicial por siete soldados, el juicio por la muerte de Jorge Otilio Cantú sigue a la deriva y en espera de justicia. Su caso ha rebotado siete veces de juzgados civiles a militares.
Monterrey, 23 de abril (SinEmbargo).– El 18 de abril de 2011 el joven Jorge Otilio Cantú Cantú fue asesinado en Monterrey, Nuevo León, por militares que realizaban tareas de policías estatales. Lo mataron. Lo remataron con seis tiros a menos de un metro de distancia. Le sembraron un arma para culparlo de su muerte. Escondieron las agresiones en el acta de defunción.
En los terrenos de la justicia, el expediente contra los siete militares acusados del crimen ha rebotado siete veces de juzgados civiles a castrenses como una papa caliente.
Ambos se declaran “incompetentes” para juzgar a soldados que son policías que mataron a un civil que quisieron hacer pasar como criminal.
En el segundo aniversario del asesinato de Jorge Otilio el juicio está en pausa, pues los soldados están en una prisión militar de la Ciudad de México y “por su seguridad” no pueden ser trasladados a Monterrey, donde se desahoga el caso, y como en la prisión no hay equipo audiovisual para desarrollar el juicio por teleconferencia, deberán esperar que la Federación los apoye con los aparatos.
El doctor Otilio Cantú, padre del joven asesinado a sus 29 años, apenas dos semanas después de casarse, no deja de sorprenderse de los absurdos que brotan en cada tramo del proceso.
“La verdad es que todo esto se maquinó por el gobierno, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y la Procuraduría local para que mi hijo quedara como un delincuente y su muerte impune, pensando que nadie iba a hablar, a reclamar justicia como sucede en miles de casos a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos jóvenes más han muerto como delincuentes y sus asesinos no han sido castigados?”, se pregunta.
Esta es una historia del absurdo. Pese a que los responsables del crimen están identificados y detenidos, la sentencia no llega.
EL DOBLE CRIMEN
La tarde del 18 de abril Jorge Otilio iba camino a su trabajo por la avenida Garza Sada-Las Cruces, en Monterrey, cuando fue atacado por militares en funciones de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a bordo de dos patrullas.
Los policías involucrados señalaron que la camioneta de Jorge Otilio quedó en medio de un fuego cruzado que se dio entre dos vehículos tripulados por criminales, que al revisar la escena del crimen encontraron un arma de fuego y para no extraviarla, la guardaron en la camioneta de la víctima.
Sin embargo, según las investigaciones que haría posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los oficiales mintieron en su versión. Las cámaras de dos comercios ubicados sobre la avenida grabaron a las patrullas detrás de la camioneta de Cantú Cantú y todos los disparos fueron de atrás hacia delante, lo que desmiente la versión del fuego cruzado.
Luego de ser herido en abdomen y tórax, Cantú intentó salir de la camioneta, entonces los policías le dispararon en la cara en seis ocasiones a una distancia de entre 75 centímetros y un metro.
El doctor pidió ver el cuerpo de su hijo y descubrió que tenía seis balazos en el rostro, los cuales se omitieron en el acta de defunción, que señala muerte por disparos en tórax y abdomen.
El caso lo atrajo la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y el 7 de mayo de 2011, Rosalinda Zapata Leal, juez tercera de lo penal, dictó auto de forma prisión a siete militares por homicidio calificado y delitos contra la administración de justicia.
Al mismo tiempo, la jueza se declaró incompetente para juzgar a los acusados por tratarse de soldados y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar.
Apenas recibió el expediente, la Procuraduría de Justicia Militar también se declaró incompetente porque si bien los acusados eran militares, en el momento del crimen estaban trabajando como policías estatales.
Así, el expediente llegó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal que, a través de un juicio de “conflicto competencial” discutió quién sería responsable de procesar a los soldados: si la justicia civil, porque estaban haciendo tareas policiales, o la militar, por ser militares.
Después de analizar el expediente el Tribunal resolvió –el 30 de junio de 2011– que el caso debía ser juzgado por la justicia castrense, y lo envió de vuelta al segundo juzgado militar en el Distrito Federal.
El doctor Cantú, quien aprendió en estos dos años los entramados legales, considera que los magistrados violaron la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se había aprobado apenas 20 días antes –el 10 de junio–. En su primer artículo, esa reforma plantea el principio “pro persona”, según el cual todas las autoridades están obligadas a tomar la norma que mejor satisfaga a la víctima.
Si bien en ese momento aún no se resolvía que las violaciones cometidas por militares contra civiles serían juzgados en tribunales civiles, bajo ese principio los magistrados debieron enviarlo a la justicia civil, considera.
En noviembre de 2011, siete meses después del crimen, la CNDH emitió la recomendación 73/2011 en la cual comprobó que el joven fue víctima de una ejecución extrajudicial y que los responsables alteraron la escena del crimen para hacerlo pasar por criminal.
REVERSA AL CASO
Desde junio de 2011, la Procuraduría de Justicia Militar se hizo cargo de investigar el crimen y en noviembre de ese año el fiscal castrense José Juan Zubarán Rivera acudió, junto con funcionarios de derechos humanos, a casa del doctor Cantú. Se comprometió a que antes de cumplir un año del asesinato se dictaría sentencia a los responsables.
“A la justicia militar no le quedaba otra más que investigar el caso, así que investigan todo y llegan a las mismas conclusiones de que Jorge Otilio fue asesinado, las mismas conclusiones a las que llegó la Procuraduría del estado y la CNDH, pero cuando están punto de dictar sentencia, de realizar el Consejo de Guerra, otro problema ocurre”, recuerda el doctor.
El doctor Cantú se refiere a que el 17 de mayo de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el acuerdo 6/2012 en el que ordenó a los tribunales del país suspender todas las discusiones y resoluciones sobre el traslado de asuntos del fuero militar al fuero civil en el caso de violaciones a derechos humanos, hasta que ésta no resuelva sobre casi una treintena de peticiones de amparo.
Cuando se da esta decisión y mientras la Suprema Corte resuelve, la Procuraduría de Justicia Militar decidió enviar de nueva cuenta el expediente a la justicia civil. Era julio de 2012.
El 9 de julio, el expediente llegó al Juzgado Sexto de Distrito de Nuevo León y al instante el juez lo rechazó.
Esto generó un segundo conflicto competencial que llegó al Octavo Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal el 18 de agosto del año pasado.
A un año y tres meses del crimen, aún se discutía bajo qué jurisdicción se debería juzgar.
DESDE CERO…
Finalmente, el 11 de septiembre de 2012 la Corte decidió que todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército deberán ser juzgados en el fuero civil. A su vez, el 24 de enero de 2013 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del DF decidió el segundo conflicto competencial a favor de la justicia civil, regresando el expediente al Juzgado Sexto de Distrito en Nuevo León.
“En el caso de mi hijo ya estaba por dictarse sentencia; pero no, se tuvo que empezar desde cero. El caso regresó a Monterrey, de donde no debió salir”.
En febrero, Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, titular del Juzgado Sexto de Distrito, comenzó a acreditar responsabilidades.
Los soldados Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama, José Manuel Dolores Luna, Rubén García Díaz, Claudencio Eraclio Moreno y Francisco Pérez Pérez son señalados por homicidio calificado; mientras que Roberto de Jesús Mellado y Carlos Fidel Flores Ábrego son acusados de obstrucción en la administración de justicia y se encuentran en libertad bajo fianza.
“Los militares acusados de homicidio calificado están presos en una prisión militar, me dicen que no los pueden trasladar a una cárcel civil porque corren peligro; que harán su juicio por teleconferencia, pero como no tienen equipo para la teleconferencia en la prisión militar pedirán a la Federación apoyo para tener el equipo”.
Y así está la familia de Jorge Otilio: esperando se destrabe la justicia.
En la víspera del segundo aniversario del asesinato de Jorge Otilio, su padre sigue trazando dudas.
¿Dónde está el autor intelectual del homicidio? ¿Qué pasó con el capitán Reynaldo Camacho Ramírez, que comandaba al grupo? ¿Quién ordenó que se alterara la escena del crimen? ¿Quién ordenó que se modificara el acta de defunción, donde se omiten los disparos que recibió a 70 centímetros de distancia en la cara?
“Es increíble que a sabiendas de todo lo que sucedió y con los responsables detenidos hayan pasado dos años y aún no se pueda dictar sentencia a estas gentes. Hay una cortina de humo para ponerle a las fuerzas armadas como si todos fueran blancas palomas”, acusa el doctor Cantú.
