Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Eruviel Ávila Villegas, entrega a padres de familia o tutores de estudiantes de nivel básico de al menos 50 municipios tarjetas de descuentos “La Efectiva”, con 130 pesos para útiles escolares, denunció la oposición.
La administración del Edomex anunció en enero pasado el “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016” para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica, lo que representa un gasto de 448.5 millones de pesos. Ese programa se empezó a implementar hace unos días con la entrega de plásticos, con el compromiso de que los 130 pesos se podrán cobrar a partir del próximo 8 de junio, un día después de las elecciones del 7 de junio.
A decir del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la entrega de tarjetas se condiciona el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues existe una promesa de recursos, que implica una aportación en materia de financiamiento en especie y en efectivo, además de que esto constituye un delito por actos anticipados de precampaña y campaña.
El programa forma parte de las promesas de campaña del mandatario estatal y desde el pasado 14 de enero se comenzaron a repartir en institutos educativos; sin embargo, de acuerdo con una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) las micas también se están entregando en domicilios particulares, lo que se asume como una uso indebido del padrón electoral.
En el documento que presentaron integraron el caso de una ciudadana que no habita en el Estado de México y que dijo no estar inscrita en ningún padrón de programa social del gobierno estatal, pero que recibió una tarjeta personalizada. Es decir, que incluía su nombre, además del logotipo y el eslogán “Mover a México”, frase que el pasado 25 de enero fue retirada de las cajas de televisiones que entregaba el gobierno federal con motivo del “apagón analógico” por considerar que vulneraba el principio de equidad electoral.
Estas tarjetas, al igual que las “Tarjetas Premia” del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han llegado a los domicilios de las personas lo que violaría las disposiciones legales contenidas en los artículos 25, numeral 1, incisos a), t) y u) de la Ley General de Partidos Políticos; 126 numeral 4; 133, numeral 5; 148, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
“Pues ha dejado de conducir sus actividades dentro de las cauces legales y se ha alejado de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, al no respetar los derechos de los ciudadanos”, denunció el PRD.
El PRD y Morena advierten que la dádiva está prohibida por la legislación electoral; es decir el que se entregue algún bien o servicio como indicio de presión al elector para obtener su voto, por lo que presentaron sus quejas ante el INE contra el Gobernador Eruviel y quien resulte responsable, entre ellos el gobierno federal.
“Es decir, el hecho de que el Gobernador del Estado realice programas dentro del periodo electoral tanto a nivel estatal como federal afecta el principio de equidad e imparcialidad entre los partidos contendientes en el proceso electoral local y federal circunstancia que es violatoria de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dado que es el Gobernador Eruviel Ávila quien está posicionando a su partido político y coaccionando al electorado en el Estado de México para que voten a favor de ellos en la contienda electoral”, manifestó el PRD.
Por su parte, Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el INE aseguró que “la entrega de la tarjeta ‘La efectiva’ constituye una clara violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica un uso parcial de los recursos públicos que están bajo la responsabilidad tanto del gobierno federal como estatal, influyendo en la competencia entre los partidos políticos. Con esta tarjeta, claramente se pretende presionar y coaccionar el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Y casualmente la propaganda repartida contiene el logo Mover México, el cual el Tribunal Electoral tramposamente ha validado y permitido que se continúe usando”.
Además el artículo 209 de la Legipe expone:
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
El Gobernador mexiquense dio a conocer este nueva modalidad del “Programa de Entrega de Útiles Escolares para el ciclo escolar 2015-2016” para 3 millones 286 mil alumnos de educación básica en enero pasado. Explicó que consiste en dos etapas: en la primera, los padres de familia recibirían “La Efectiva”, con la que alumnos tendrían acceso al Seguro Escolar contra Accidentes y descuentos, en más de 9 mil comercios.
En la segunda, que comienza el 8 de junio, justo un día después de la jornada electoral, serán entregados los vales que podrán ser canjeados por útiles y uniformes escolares en más de cinco mil establecimientos de la entidad que podrán ser canjeados hasta el 31 de diciembre de 2015.
Entre los comercios y servicios que tienen convenio con el programa se encuentran zapaterías, restaurantes, papelerías, librerías, farmacias, laboratorios clínicos, hospitales, médicos, dentistas, ortopedistas, cines, entre otros, que tendrían vigencia hasta agosto de 2016.
El pasado 12 de marzo, “la señora García” fue citada por la dirección de la escuela de educación secundaria en Tlalnepantla a la que asiste su hijo para “la entrega de la Tarjeta Efectiva”. En el aviso se específica que se debía presentar copia de la credencial de elector para “verificar que la firma sea igual”.
Ella forma parte de los más de tres millones de beneficiarios para los que el gobierno estatal destinó 448.5 millones de pesos.
Sin embargo, tomando en cuenta que el padrón de estudiantes a nivel básico en el Edomex es de 4.7 millones de personas, se estaría dejando a 1.4 millones de menores sin este beneficio.
En la escuela del hijo de “la señora García” hay aproximadamente 450 alumnos lo que significarían 58 mil 500 pesos repartidos en el plantel educativo; considerando que a nivel primaria hay un padrón de un millón 300 mil estudiantes serían 169 millones de pesos.
En este contexto, el PRD solicitó a la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE que se giren oficios al gobierno del Edomex, a Eruviel Ávila Villegas y al Sistema de Atención Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para requerir información sobre la procedencia de las tarjetas, así como la empresa encargada de distribuirla y los costos de éstas. Además se hacen cuestionamientos sobre si el programa estaba contemplado para ser implementado en los meses previos a la jornada electoral y de dónde viene el recurso que será destinado para la compra de los útiles a distribuir; también se piden datos sobre el responsable de la fabricación de las tarjetas y de dónde obtuvo los nombres que vienen impresos en ellas.
En la pasada elección presidencial, la izquierda agrupada en la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la institución financiera Monex fue utilizada para comprar votos por medio de una tarjeta llamada “SÍ vale”, parecida a las que están entregando ahora el gobierno del Edomex y el PVEM, para triangular recursos a la campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto y para favorecerlo con sufragios.
A través de la mica otorgaba descuentos en tiendas departamentales como Soriana y podían utilizarse en restaurantes, hoteles, agencias de autos, entre otros. Según determinó –el pasado 12 de marzo– la Comisión que investiga el caso se habrían gastado 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos en la campaña de Peña Nieto, lo que significa 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.
Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, tras dos años de estudio, que el PRI no incurrió en financiamiento paralelo ni en compra y coacción del voto con tarjetas Monex durante la campaña presidencial de hace tres años.
El organismo colegiado resolvió que no hubo destino ilícito de los recursos, debido a que no se acreditó que las tarjetas hubieran sido utilizadas con ese fin.
De los 66.3 millones de pesos ejercidos por el partido tricolor en el proceso electoral de 2012, 50 millones 508 mil 891 pesos fueron utilizados para la campaña federal, y 16 millones 308 mil para las campañas locales de Jalisco y Distrito Federal. Sin embargo, después del 3 de julio de 2012, la suma total gastada por el PRI en la campaña federal se elevó a 57 millones 318 mil 609 pesos.
El extinto Instituto Federal Electoral (IFE) estimó que 50 millones 408 mil 891 pesos correspondieron al gasto de campañas electorales federales, pero los otros 6.8 millones de pesos fueron considerados como un gasto ordinario, por lo que el Pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial.
Asimismo, confirmó que los gastos erogados por dicho partido a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña. Los procedimientos sancionadores que dieron origen a las impugnaciones, se relacionan con el origen, destino y aplicación de los recursos depositados en las tarjetas Monex, empleadas por el PRI.
En el proyecto de sentencia se indicó que todas las actuaciones realizadas por la anterior autoridad administrativa electoral partieron de la base de que el partido político, a través de un intermediario, contrató el servicio de dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas, en las que depositó y distribuyó, 66 millones 326 mil 300 pesos.
“Sabemos que tanto el PRI como el Verde sólo pueden ganar elecciones mediante dádivas, comprando votos, lo hicieron en 2012 con Monex y ahora ambos partidos lo hacen con sus respectivas tarjetas en 2015. La autoridad electoral no puede ser omisa a este tipo de comportamientos, tiene que actuar, tiene que aplicar la ley y no permitir que estas tarjetas continúen distribuyéndose”, afirmó Horacio Duarte.
